La Junji y la Fundación Integra están bajo la mira de la Contraloría luego de que el organismo fiscalizador posicionara a ambas como las dos reparticiones públicas cuyos funcionarios más viajaron fuera del país. Todo ello, pese a tener licencias médicas. Los servidores públicos, sin embargo, no sólo se fueron de paseo: antecedentes a los que accedió BBCL Investiga apuntan a que empleados de esas instituciones también lideran la compra de permisos falsos, emitidos por organizaciones criminales.
Así consta en una investigación iniciada en diciembre de 2022, cuando los médicos colombianos Samir Rivaldo Hernández y Yesica Donado Alvis lideraron —según fiscalía— una verdadera mafia de licencias médicas fraudulentas. Su desfalco llegó a tal punto que emitieron más de 71 mil documentos entre 2020 y 2022. Un perjuicio al fisco superior a los 26 mil millones de pesos.
La condena para varios de los involucrados fue inevitable. Incluso, terminó con la expulsión del país para tres de ellos. Pero el Ministerio Público también puso el ojo en quienes compraron los permisos médicos y formalizó a 82 personas. Y si bien no consta —hasta ahora— una correlación entre ambos listados, lo cierto es que un gran porcentaje de los imputados correspondía a funcionarios públicos.
La organización
La organización criminal que montó un negocio de licencias médicas ideológicamente falsas en Chile alcanzó a durar dos años. Los líderes eran Samir Rivaldo Hernández y Yesica Donado Alvis, quienes contrataron a otros profesionales extranjeros para agrandar el negocio.
La forma de vender las licencias era de lo más simple. Se podían adquirir por redes sociales y la venta se concretaba por WhatsApp. También había captadores que se dedicaban a conseguir “clientes”. A estos se les pagaba dependiendo los días de reposo. Mientras más días pidieran de licencia, más alto era su sueldo.
Para los “pacientes” los montos eran variables. Fonasa era más económico: de 1 a 11 días por $35.000; de 22 a 30 días por $75.000.
En Isapre el valor partía desde los $75.000 por 11 días. De 16 a 21 días por $95.000.
Para todo ello, constituyeron tres sociedades médicas: Dr. Mitite SPA, Servimed SPA y Servicios Médicos Provimedc SPA.
Los compradores
Tal como reveló BBCL Investiga, en agosto de 2024, las instituciones públicas que más recibieron licencias médicas falsas provenientes de esta organización corresponden, justamente, a Fundación Integra, con 298; y la Junji, con 248 (ver tabla).
Ambas, coincidentemente, lideran el ranking —develado este martes por Contraloría— de instituciones con más funcionarios que se fueron de viaje al extranjero, pese a tener licencias médicas. Y aunque el organismo de control no especificó el origen de esos permisos, lo cierto es que ambas suman 4.214 servidores que incurrieron en la irregularidad.
La investigación del fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Álvaro Pérez, no sólo puso el foco en los médicos, sino también en los clientes. Así, el organismo persecutor decidió formalizar a los 82 imputados que más licencias compraron.
En el listado —al que accedió esta Unidad de Investigación— figuran nueve funcionarios de la Fundación Integra.
Fundación Integra
La nómina la compone Camila Pérez Torres, quien entre agosto de 2021 y junio de 2022 compró siete licencias “sin fundamento médico”. Es decir, se ausentó 192 días y generó un perjuicio al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) por más de $4,1 millones. Mismo escenario que repitió Jael Campillay Ahumada, quien compró la misma cantidad.
También está Lisset Chávez Chuquimia y Jeannette Silva Riquelme. La primera de ella faltó 145 días durante siete meses, lo que se reduce a ocho permisos adquiridos por $3,8 millones. En el caso de Silva, generó el mismo desfalco porque de las siete licencias que compró, dos fueron rechazadas.
A la lista se suma Carolina Hernández Hernández, de Rancagua. Su perjuicio se reduce a seis licencias médicas, 137 días ausentes y $3,4 millones desde Fonasa.
También está María Ortiz Ortiz y Alejandra Valenzuela Silva. Entre las dos suman 12 licencias y $6,2 millones generados por Fonasa.
Por último, aparece Patricia Oróstica Marileo y Sylvia Curiqueo Huentecura. La primera libró 156 días a costa de seis licencias psiquiátricas, y la última, faltó 81 días que costaron poco más de dos millones.
Desde Fundación Integra y la Junji enviaron un comunicado que firma la Subsecretaría de Educación Parvularia. Éste, explica que cada caso irregular de licencia implicó la apertura de procesos disciplinarios.
—En 2024, Integra estableció como un objetivo estratégico mejorar la permanencia de los equipos y el desarrollo de estrategias para el abordaje del ausentismo laboral. A partir de ello se han desarrollado gestiones administrativas que consideran medidas como: el cese del pago del beneficio de anticipo en casos de licencias médicas no regularizadas; notificación a trabajadoras y trabajadores de aplicación de descuentos en remuneraciones por deudas generadas por no reintegro de subsidios; descuento por concepto de licencias médicas rechazadas, reducidas o pendientes de pago.
Lea aquí la declaración completa
Junji sin formalizar
Con todo, el destino de las licencias otorgadas por los médicos colombianos bajo cuestionamiento coincide con la situación general a nivel país. Y parece ser la punta del iceberg. De acuerdo con información obtenida por BBCL Investiga, Junji, Integra y los servicios de salud son precisamente las instituciones públicas que recibieron más licencias médicas en Chile durante 2023.
Para dimensionar el fenómeno, la Junji es la única (incluso considerando empleadores privados) que superó el umbral de las 100 mil licencias durante el año pasado (104.161), seguida de cerca por Fundación Integra (90.084).
Pese a lo anterior, en esta causa, no se formalizó a ningún funcionario de la Junji, al no estar en el top de compradores.
Persecución penal
El informe que reveló Contraloría detalla que existen 25 mil funcionarios públicos que salieron del país mientras estaban con licencia médica. La mayoría de ellos, es decir, 2.280, pertenecen a la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji. El segundo servicio público más involucrado es Fundación Integra (1.943).
La lista sigue con la Municipalidad de Arica (719) y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (515).
Estos números coinciden con un reportaje publicado por BBCL Investiga que da cuenta de quiénes eran los principales clientes de los médicos colombianos. De hecho, Fundación Integra es la primera, con 298 licencias, y la Junji segunda, con 248.
Fuentes de este medio comentaron que dichos antecedentes serán enviados directamente al Ministerio Público. Además, ordenaron a 788 entidades instruir sumarios para perseguir responsabilidad administrativas. También se remitieron al Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) todos los documentos para perseguir responsabilidades patrimoniales o civiles.
Fraude en el sistema
El gerente legal de Alto Inmune, Rodrigo Varela, manifiesta que lo revelado por la Contraloría “no sólo perjudica económicamente al sistema de salud en más de 600 millones de dólares anuales, además perjudica a la buena fe pública, la productividad y a la gente honesta y trabajadora que ve muchas veces puesta en duda sus enfermedades producto de este megafraude del sistema.”.
—Desde Alto Inmune ya hemos iniciado junto a las instituciones de salud privada un exhaustivo análisis para detectar todos aquellos casos que hayan abusado y burlado del sistema y generaremos todas las acciones tanto penales como administrativas contra médicos, beneficiarios o administrativos que se hayan visto envueltos en este delito y seguiremos trabajando para disminuir el fraude dentro del sistema de salud —expresa.
María Soledad Ramírez, abogada experta en la materia y ex superintendenta de Seguridad Social, ha seguido de cerca el modus operandi de bandas que se dedican a la venta de licencias falsas. Asegura que esto demuestra un fraude sistemático que incluso, ha escalado de nivel.
—Hoy día no solamente se venden licencias médicas sino que también se venden todo tipo de certificados. Hoy día creo que además es necesario cambiar la mirada, cambiar el enfoque porque, por ejemplo, ya están suplantando a médicos. Entonces, tú vas cerrando alguna llave y ellos ya tienen un camino abierto. La fiscalización y la Compin han creado más problemas que soluciones porque el crimen organizado ya tiene la forma en que van a eludir lo que hoy día la Compin está fiscalizando —apunta.
Fuente: biobio Chile
