Con una aprobación transversal en la Cámara, el país se alista para implementar una de las reformas más ambiciosas, la cual apunta a reducir hasta en un 70% los tiempos de tramitación de proyectos, manteniendo intactas las exigencias ambientales.
Con amplio respaldo, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto que moderniza y simplifica la tramitación de permisos sectoriales, marcando un hito en la agenda de productividad y facilitación de inversiones. La iniciativa -conocida como la ley de “permisología”- busca poner fin a la dispersión normativa que, durante años, ha ralentizado la ejecución de proyectos en sectores fundamentales de la economía nacional.
La nueva normativa establece una reducción de entre un 30% y un 70% en los tiempos de tramitación de más de 380 permisos sectoriales emitidos por 37 servicios públicos y 16 ministerios. El foco está en diferenciar los requisitos según el nivel de riesgo de cada proyecto, sin modificar los estándares regulatorios ya vigentes. El mensaje es claro: simplificación administrativa no significa desprotección ambiental.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la incorporación del principio de proporcionalidad, que obliga a los organismos a adecuar sus exigencias al riesgo real de cada iniciativa. Además, introduce mecanismos como declaraciones juradas o avisos en lugar de permisos formales, y se implementa el silencio administrativo positivo general. Esto significa que, si una autoridad no responde dentro del plazo legal, el permiso se entenderá aprobado automáticamente.
Durante el debate parlamentario, el proyecto fue respaldado ampliamente por la oposición y por sectores del oficialismo, aunque este último mostró posturas divididas. Algunos parlamentarios valoraron el beneficio que esto significará para la pequeña y mediana empresa, mientras que otros manifestaron inquietud por el impacto que podría tener en la legitimidad y fiscalización de los procesos.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió la iniciativa señalando que esta permitirá agilizar procesos sin sacrificar el estándar regulatorio: “Se puede ser más eficiente como Estado, actuar más rápido y al mismo tiempo mantener la protección ambiental y sectorial intacta”, recalcó. También precisó que la norma no modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo que refuerza su carácter acotado y técnico.
Con esta ley, el Gobierno busca entregar mayor certeza jurídica, transparencia y coordinación entre los organismos públicos. Esto facilitaría la ejecución de inversiones que hoy enfrentan cuellos de botella burocráticos, especialmente en sectores como energía, infraestructura, construcción y minería. El desafío ahora estará en su implementación, coinciden los expertos, a través de un reglamento claro, capacitación para los servicios públicos y una cultura institucional alineada con la eficiencia y la responsabilidad ambiental.
