La reciente aprobación de la ley de permisos sectoriales quedó en entredicho tras el requerimiento presentado por 42 diputados oficialistas ante el Tribunal Constitucional. La ofensiva refleja una fractura interna en el Gobierno y reabre el debate sobre cómo compatibilizar crecimiento económico con protección ambiental.
Una sorpresiva ofensiva interna ha sacudido al Ejecutivo, luego de que 42 diputados oficialistas ingresaran un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar artículos clave de la recientemente aprobada Ley de Autorizaciones Sectoriales, conocida como “ley de permisología”.
La iniciativa, respaldada por La Moneda y promovida por el Ministerio de Economía, busca acortar los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión, como parte de una estrategia para dinamizar el crecimiento económico. Sin embargo, el respaldo legislativo no fue unánime dentro de las propias filas del Gobierno.
Entre los parlamentarios firmantes figuran representantes del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros sectores oficialistas. El diputado socialista Daniel Melo, quien lidera la acción, explicó que el proyecto amplió su alcance sin las debidas salvaguardas, y advirtió sobre el riesgo de que grandes iniciativas puedan eludir controles técnicos esenciales mediante simples declaraciones juradas. “El desarrollo debe equilibrar crecimiento, salud pública y protección ambiental. No somos enemigos del progreso, pero tampoco podemos renunciar al rol fiscalizador del Estado”, argumentó Melo.
Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la legalidad de la normativa y destacó su potencial para atraer inversión, señalando que “es una herramienta fundamental para generar condiciones de crecimiento sostenido”.
En la misma línea, el titular de Economía, Nicolás Grau, recordó que el proyecto excluye modificaciones al sistema de evaluación ambiental y afirmó que el paso por el TC es parte del procedimiento previsto para normas de rango orgánico constitucional. “El requerimiento cuestiona sólo cinco artículos de más de 150, lo que demuestra un margen acotado de controversia”, puntualizó.
Señales a la inversión
El episodio ha generado inquietud en el mundo empresarial, que esperaba esta legislación como una señal de certeza regulatoria. La norma, que modifica más de 40 cuerpos legales, busca reducir discrecionalidades, establecer plazos máximos y otorgar estabilidad jurídica a proyectos productivos.
En esta línea, pese a que no modifica el marco ambiental, la utilización de declaraciones juradas como herramienta de agilización ha sido el punto más controvertido. Los detractores advierten que podría debilitar la capacidad del Estado para evaluar adecuadamente riesgos sanitarios y ambientales, particularmente en proyectos de gran escala.
En medio de un escenario económico marcado por el bajo crecimiento, el alto desempleo y la informalidad laboral, la controversia pone en entredicho la viabilidad de reformas estructurales claves para destrabar inversiones. Al respecto, expertos coinciden que el debate en el TC -y su desenlace- será decisivo no solo para el futuro de esta legislación, sino también para la gobernabilidad del oficialismo en año electoral.
