La empresa detrás del hospital Buin-Paine exige una compensación millonaria al MOP, alegando perjuicios derivados de demoras en autorizaciones del Consejo de Monumentos Nacionales. El caso podría marcar un precedente para futuros proyectos de infraestructura.
La construcción del hospital público Buin-Paine, adjudicada a la empresa española Sacyr, se ha convertido en el primer caso en que una concesionaria lleva ante una instancia formal una reclamación exclusivamente centrada en el impacto de trámites patrimoniales. En una presentación ingresada recientemente al Panel Técnico de Concesiones, la firma solicita al Ministerio de Obras Públicas (MOP) una compensación cercana a los US$18,5 millones por efectos que atribuye a la tardía autorización del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
El conflicto gira en torno a los hallazgos arqueológicos detectados durante las primeras etapas del proyecto, los cuales exigieron la elaboración de un plan de rescate patrimonial. Aunque dicho plan contemplaba la ejecución de obras en paralelo al resguardo de los elementos encontrados, Sacyr alega que no se permitió el ingreso al terreno hasta siete meses después de la fecha prevista, situación que afectó el ritmo de avance y generó costos adicionales.
Según lo planteado por la compañía, las demoras no solo se limitaron al acceso inicial, sino que se extendieron con nuevas restricciones durante las actividades constructivas, al implementarse un monitoreo arqueológico constante. En total, la firma contabiliza casi 290 días de retraso, con impactos financieros derivados de ajustes de cronograma, costos operativos no previstos y labores adicionales de carácter técnico.
Aunque el MOP reconoció parte del desfase y otorgó una prórroga en los plazos contractuales, lo hizo en el marco de un evento de fuerza mayor, excluyendo el pago de indemnizaciones. Sin embargo, la concesionaria argumenta que al tratarse de actos de una entidad estatal -el CMN-, no corresponde aplicar dicha exención. El contrato original, firmado en 2020, contemplaba la apertura del recinto hospitalario para enero de 2026. Con los ajustes actuales, la entrega se pospone hasta abril de 2027, acumulando más de un año de atraso respecto al plan inicial.
Hito relevante
Desde la Dirección General de Concesiones del MOP señalaron que se trabaja coordinadamente con todas las instituciones involucradas para anticipar dificultades en los procesos administrativos, y enfatizaron que será el Panel Técnico quien deberá resolver el fondo del reclamo, conforme a la legislación vigente.
Este caso marca un precedente relevante, ya que es la primera vez que una concesionaria de infraestructura en Chile eleva a una instancia formal de resolución de disputas una reclamación basada exclusivamente en el impacto de trámites vinculados a permisos patrimoniales. Expertos del sector advierten que este tipo de conflictos podría marcar el inicio de una tendencia hacia una mayor judicialización de proyectos públicos, con eventuales implicancias financieras para el Estado.
Además, han planteado que, aunque no es inédito que hallazgos arqueológicos afecten el desarrollo de grandes obras -como ocurrió con la Línea 7 del Metro o el Hospital del Salvador-, nunca antes se había planteado una solicitud de indemnización sustentada únicamente en este tipo de contingencia.
