Un reportaje de CHV Noticias notificó sobre el pago de más de 7 millones por informes que, sumados, no alcanzan las 50 páginas, Además, denunció el pago de boleta de honorarios en febrero a un exconcejal de RN, mes en el que el Congreso está cerrado debido a que son las vacaciones legales de los parlamentarios.
Las asesorías parlamentarias son una herramienta con la que pueden contar los diputados y senadores que integran el Congreso Nacional, mediante un contrato a honorarios. Sin embargo, un reportaje de CHV Noticias puso en discusión el uso de estos mecanismos de ayuda, los cuales son pagados con recursos públicos.
De acuerdo a la pieza periodística del medio citado, Luis Thayer Morel, abogado y asesor de la senadora Yasna Provoste -y primo de la exprimera dama, Cecilia Morel-, encargado de la “redacción de informes y ayudar a la senadora“, recibió un total de $7.500.000 por cuatro escritos que realizó en 2023. Sin embargo, lo llamativo fue el desglose de esos informes y pagos.
En febrero, por un informe de 20 páginas, Thayer recibió el pago de $2.500.000. Pero, en marzo, por la elaboración de dos informes (uno de siete y otro de seis páginas), recibió la misma remuneración, pese a la reducción de extensión en ambos informes.
Asimismo, en julio realizó uno de 13 páginas, en donde también recibió el mismo pago: 2,5 millones.
Cuando fue consultada por los sueldos, como defensa, la senadora Provoste señaló que “los informes no se miden por la cantidad de páginas, sino por el contenido“.
Además, a lo anterior se sumaron unas situaciones particulares del senador Francisco Chahuán (RN), como la contratación del psicólogo, Nicolás Cerda, concejal de RN en Santo Domingo en 2018 -y posterior vicepresidente del partido-, año en que el senador contó con sus servicios de asesoría. Es decir, Cerda cumplía labores “públicas” paralelas.
Asimismo, Cerda también figura con pagos a honorarios en los meses de febrero por llamadas y videollamadas como principal actividad reportada -entre algunos informes de por medio-. Por esas acciones recibió el pago $2.200.000, pese a que es febrero es una etapa del año en que el Congreso se encuentra cerrado y los parlamentarios de vacaciones, o sea, sin funcionamiento legislativo.
Regulación de las dietas
Sobre las situaciones anteriores, la directora ejecutiva de Chile Transparente y presidenta de la comisión de probidad del Gobierno, María Jaraquemada, señaló en el reportaje que la “fiscalización dentro del propio Congreso es la que falla“. “No tenemos cómo cerciorarnos de que el trabajo fue efectivamente hecho”, argumentó, dado que se debe confiar en el auto-reporte que realizan los asesores.
En ese sentido, la abogada sostuvo que falta un organismo que fiscalice desde afuera al Congreso, debido a que es la comisión de Ética del organismo la encargada de velar por el correcto desempeño de sus integrantes.
Fuente: The Clinic