El gremio minero presentó observaciones a esta normativa, señalando que ciertos aspectos podrían dificultar la ejecución de proyectos y afectar la inversión debido a definiciones imprecisas y procesos duplicados.
En el marco de la discusión del proyecto de ley de Patrimonio Cultural en la Comisión de Cultura del Senado, el Consejo Minero presentó una serie de propuestas orientadas a equilibrar la protección del patrimonio con el fomento de la inversión y el crecimiento económico.
Durante su intervención ante la instancia legislativa, el gerente general del gremio, Carlos Urenda, subrayó la necesidad de que la nueva normativa “no se transforme en una traba adicional para el desarrollo de proyectos” y destacó que la actual institucionalidad, basada en el Consejo de Monumentos Nacionales, “se ha convertido en un cuello de botella documentado, frente al cual existe un amplio consenso sobre la necesidad de reformarlo”.
La entidad gremial planteó siete modificaciones al texto en discusión. Entre ellas, destacan la incorporación de evaluaciones económicas y sociales obligatorias antes de declarar un bien como patrimonio cultural; una participación ciudadana efectiva que incluya a todos los potencialmente afectados; y la inclusión de otros ministerios, además del de las Culturas, en decisiones que impacten sus respectivas áreas.
Asimismo, se propone reducir la cantidad de miembros del Consejo de los Patrimonios Culturales de 25 a 17, establecer definiciones más claras para determinar la relevancia patrimonial, excluir del protocolo indígena a los proyectos que ya hayan sido sometidos a consulta indígena en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y completar el mecanismo de silencio positivo ante hallazgos arqueológicos.
Cuestionamientos clave
Urenda valoró que el proyecto contemple algunos avances, como la descentralización de las autorizaciones arqueológicas y paleontológicas en las Direcciones Regionales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, así como la incorporación de los Ministerios de Economía y Hacienda en la elaboración del reglamento que establecerá los criterios de relevancia patrimonial. Sin embargo, advirtió que “estas mejoras se ven opacadas por otros elementos del proyecto que podrían generar un marco excesivamente restrictivo para la inversión”.
El ejecutivo, además, manifestó su preocupación por la regulación del patrimonio inmaterial e indígena, indicando que “la amplitud de sus definiciones y la falta de mecanismos que consideren otros intereses públicos o privados pueden derivar en desequilibrios significativos”.
Finalmente, cuestionó la exigencia de nuevos protocolos indígenas para proyectos que ya cumplieron con procesos de consulta previa bajo el SEIA, señalando que ello introduce “duplicidades innecesarias que sólo prolongarán los plazos de tramitación”.
