La Contraloría General de la República activó este lunes un inédito operativo de control contra la corrupción en el Estado.
A través de un oficio, el organismo fiscalizador exigió a todos los establecimientos y entidades estatales detallar, en un plazo de 10 días medidas hábiles, las de control interno que han aplicado ante hechos delictivos ya judicializados .
¿De qué trata la orden de Contraloría?
En concreto, las entidades deben informar qué mecanismos preventivos, detectores y correctivos tienen en funcionamiento, además de entregar detalles como las fechas de ocurrencia de los hechos, número de implicados, procesos disciplinarios y sanciones impuestas.
Desde Contraloría reconocen que el foco de esta ofensiva no está solo en los hechos delictivos ya cometidos, sino en una interrogante mayor: ¿Qué se ha hecho realmente para que no vuelvan a ocurrir?
Los antecedentes que justifican el oficio
La acción, firmada por la subcontralora Dorothy Pérez , enumera una preocupante serie de casos recientes de corrupción que han afectado a diversas instituciones a lo largo del país, muchos de ellos detectados gracias a denuncias internas o investigaciones policiales.
Entre los hechos más graves destaca un funcionario en Calama acusado de cohecho por filtrar fiscalizaciones de patentes de alcohol, y otro que utilizó una vivienda fiscal para esconder armas y proteger a una banda criminal.
En Chillán, un empleado público fue arrestado por la PDI al ser sorprendido traficando drogas que debían incinerar. Y en Tarapacá, 13 funcionarios fueron detenidos por cobrar dinero a ciudadanos para omitir controles legales.
En Santiago, los escándalos tampoco han pasado desapercibidos: uno de los casos involucra a un funcionario acusado de cohecho, asociación ilícita y ejercicio ilegal de funciones públicas. Otro fue condenado por cohecho y negociación incompatible tras recibir pagos a cambio de adjudicar obras municipales.
Fuente: CNN Chile
