El investigador de la Fundación Jaime Guzmán advirtió que el proyecto de Ley de Patrimonio incrementa la burocracia, abre espacio a vetos arbitrarios y podría frenar el desarrollo del país. Mediante una columna de opinión publicada en El Dínamo, el investigador de la Fundación Jaime Guzmán, Joaquín García, planteó fuertes reparos al proyecto de Ley de Patrimonio Cultural actualmente en discusión en el Senado, advirtiendo que la propuesta podría incrementar la burocracia y entorpecer el desarrollo nacional.
Según García, la iniciativa “en lugar de claridad normativa y eficiencia, propone un entramado adicional de autorizaciones, salvaguardias y competencias que amenaza con paralizar aún más el progreso del país y, con ello, el bienestar de los chilenos”.
Uno de los aspectos que genera mayor inquietud es que, bajo la justificación de proteger el patrimonio cultural inmaterial e indígena, el proyecto establece medidas de salvaguardia deliberadamente amplias, que no solo abarcan expresiones culturales, sino también paisajes, espacios físicos y otros elementos relacionados. A juicio del experto, esta propuesta “abre un espacio nuevo para el veto o la intervención burocrática en proyectos de inversión, duplicando regulaciones y aumentando la incertidumbre y los costos para quienes buscan generar empleo”.
El académico también advirtió sobre la transferencia de poder a ciertos colectivos, dado que el proyecto faculta a comunidades específicas a negociar reglas directamente con el Estado. “Esta lógica de negociación erosiona la igualdad ante la ley y politiza las decisiones sobre desarrollo, poniendo a grupos particulares por sobre el bien común”, sostuvo. Asimismo, alertó que la propuesta permite que el Servicio del Patrimonio Cultural ejerza atribuciones propias de otros ministerios y organismos públicos, lo que -en su opinión- abre la puerta a “mayor confusión administrativa, conflictos de competencias y paralizaciones arbitrarias”.
Para García, por otro lado, el contraste con otras medidas impulsadas por el Ejecutivo resulta evidente. “Es una paradoja que, al mismo tiempo que el Gobierno promueve una reforma para agilizar los permisos sectoriales, impulse otro proyecto que va en sentido contrario. El resultado será más trabas, menos inversión y mayor desconfianza ciudadana frente al Estado”.
Finalmente, el columnista subrayó la necesidad de un marco regulatorio más moderno y eficiente: “nuestro país necesita reglas claras, no definiciones imprecisas que frenen el progreso. El verdadero debate es si queremos un Estado que confíe en la ciudadanía y su capacidad de desarrollo, o uno que, por temor, prefiera atar el futuro de todos con más burocracia y menos libertad”.
