La aplicación de nuevas leyes ambientales, como SBAP y la Ley Lafkenche, será uno de los principales desafíos del próximo gobierno, por su impacto en sectores clave como acuicultura, minería y energía.
Especialistas en derecho ambiental advirtieron sobre una serie de “nudos” regulatorios que el próximo gobierno deberá destrabar para reducir la incertidumbre en sectores clave como la acuicultura, la minería y la energía.
En conversaciones con El Mercurio, los expertos coincidieron en que la implementación de nuevas normativas —como la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la Política Nacional Costera, la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) y la Ley Marco de Permisos Sectoriales— será clave para entregar mayores certezas a las actividades productivas.
Foco en el sector acuícola
Uno de los sectores más expuestos es el acuícola, que enfrenta incertidumbre por la posible superposición de concesiones vigentes con los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo), solicitados por comunidades indígenas bajo la Ley 20.249 o Ley Lafkenche. A ello podría sumarse la aplicación de la Ley SBAP, que permitiría la creación de nuevas áreas protegidas, incluso dentro de zonas Ecmpo.
“Estas dos normativas por sí establecen mayores trabas y generan un impacto que enciende las alertas en este sector, sobre todo en aquellos actores que pretenden invertir o que ya tienen inversión en las áreas afectadas”, señaló a El Mercurio Pablo Manríquez, abogado especialista en Derecho Pesquero y Regulación.
Manríquez agregó que las futuras áreas indígenas bajo la Ley SBAP podrían generar inquietud durante la próxima administración, aunque aún existen definiciones pendientes. “Todavía no se detona este tema porque es una normativa nueva y porque falta la definición sobre los espacios prioritarios y porque tampoco están listos los reglamentos”, afirmó.
En la misma línea, Astrid Francke, exabogada del Departamento de Litigio del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sostuvo en El Mercurio que los extensos plazos de revisión impactan la planificación de nuevas iniciativas. “Tanto en el SEA o en los casos de las solicitudes Ecmpo, se generan plazos muy extendidos para su revisión, lo que dificulta a los inversionistas poder proyectar nuevas iniciativas”, señaló.
Otros sectores y judicialización
Los especialistas también advirtieron efectos en otros sectores. En minería, los proyectos deberán cumplir con planes sectoriales de mitigación climática bajo la LMCC y planes Recoge establecidos en la Ley SBAP, mientras que en energía se sumarán nuevas autorizaciones ambientales y planes regionales climáticos.
Felipe Leiva, socio de Jana Leiva Abogados, advirtió a El Mercurio que la judicialización podría convertirse en un factor transversal que ralentice proyectos de inversión. “La judicialización también puede trabar el avance de proyectos en todas las industrias”, afirmó.
Si bien destacó que la Ley de Permisos Sectoriales es “un tremendo avance en términos de promover la inversión”, añadió que aún falta una etapa clave: “medidas tendientes a proteger que esos permisos, una vez obtenidos, no sean dejados sin efecto en virtud de acciones judiciales abusivas o instrumentales”.
