La actual administración dejaría como herencia al futuro gobierno de José Antonio Kast una millonaria pugna entre la firma concesionaria china que posee la concesión de la Ruta 5 Talca-Chillán y el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
De acuerdo a un reportaje de El Mercurio, a fines de enero de este año, la sociedad concesionaria Survías Maule-Ñuble de este proyecto vial de más de US$800 millones, adjudicado en 2021 al consorcio de CRCC International Investment Co.Ltd. y China Railway Construcción Corporación (International) Limited, presentó una discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones.
En dicha instancia, la firma alegó graves retrasos, solicitó una millonaria compensación y aseguró que la construcción no era viable.
La pugna se habría conocido días después de que Metro de Santiago terminara de forma anticipada el contrato con una filial de esta última empresa china que operaba una tuneladora en las obras de la Línea
El reclamo de las empresas concesionarias chinas
En el escrito enviado al panel, la concesionaria señaló que la discrepancia está relacionada “con los atrasos en la revisión de ingeniería y solicitudes de modificación de obra que, en su conjunto, han impactado gravemente a la sociedad”. Además, indicó que esto obligó a postergar la construcción, que se tenía proyectada para enero de 2025, a marzo de 2027, “retasando la obtención de la PSP (puesta en servicio provisoria) en más de tres años y han distorsionado gravemente cada una de las variables que otorgaban certeza al contrato de concesión”.
Junto con ello, declaró que a la fecha, un año después del inicio proyectado de la construcción, la concesionaria “no tiene claridad sobre las obras que deberá ejecutar (tanto así, que los puentes de la concesión no se encuentran siquiera definidos), no tiene claridad sobre los plazos aplicables, pues estos dependen de la evaluación ambiental (que cambia en la medida en que también lo hace el proyecto), y no tiene claridad sobre los flujos y pagos de la concesión, pues las modificaciones de obras y sus impactos distorsionaron cada factor económico del contrato”. Así, sostuvo que “en ausencia de certezas, el proyecto no resulta viable”.
En ese contexto, la empresa indicó al Panel que “tiene derecho a una extensión de plazo de 38 meses para la obtención de la PSP del Sector 1 y de 33 meses para la obtención de la PSP del Sector 2”. Asimismo, solicitó, entre otros, una compensación de mayores costos de construcción por 3.137.524UF, poco más de US$140 millones.
Las negociaciones
El Mercurio plantea que ayer debía haberse realizado una audiencia sobre este caso en el Panel Técnico, pero la semana pasada, el MOP y el consorcio —representado por el estudio Alcalde & Cía— solicitaron suspender la causa hasta el próximo 28 de marzo, cuando la cartera esté liderada por el designado ministro, Martín Arrau.
De acuerdo a fuentes conocedoras del proceso, el ministerio y la concesionaria estarían conversando un eventual acuerdo para mantener la viabilidad de la concesión y evitar que se “caiga” el proyecto, ya que si se realiza una nueva licitación se retrasarían aún más las obras. Esto podría zanjarse más allá de los siete días que le restan de gobierno a la actual administración.
La Dirección General de Concesiones (DGC) del MOP señaló a El Mercurio que debido a incumplimientos de la firma respecto de la obligación de pago por conceptos de bienes y derechos utilizados en la concesión e infraestructura preexistente, resolvió realizar el cobro de las boletas de garantía. Esto, ‘con el objeto de compensar en parte el perjuicio fiscal’, el cual asciende a un total de 1.744.000UF, unos US$78,5 millones”.
Fuente The Clinic
