Sobre la base de un diagnóstico ampliamente consensuado y fruto de un intenso trabajo prelegislativo con comunidades, diálogos regionales, academia, ONG y gremios empresariales, ingresamos al Congreso el Proyecto de reforma a la Ley Nº19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, que contiene la esperada reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Es probable que con este proyecto de ley las visiones parciales no vean reflejados todos los anhelos, pero sí las perspectivas que asuman los desafíos globales y locales que nos trae el siglo XXI. Lo cierto es que no es posible el desarrollo si se realiza a costas del medioambiente y que, a su vez, la protección de la naturaleza requiere de una economía sana y dinámica que pueda asumir desafíos complejos.
Los ejes de la propuesta
El primero es la entrega de mayores certezas y disminución de tiempos en la evaluación ambiental. Son parte de este eje la tecnificación de las decisiones de evaluación, reduciendo significativamente el componente político, eliminando las Comisiones de Evaluación y el Comité de Ministros. En el mismo sentido, existe una batería de medidas en relación a los tiempos en temáticas como las consultas de pertinencia, los recursos de reclamaciones, los proyectos urgentes -entre otros- que cumplirán este objetivo.
El segundo eje es el fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental. Este eje contempla una actualización de instituciones como la Evaluación Ambiental Estratégica, la acción por daño ambiental y el propio Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, actualizándolos conforme la experiencia práctica, la jurisprudencia de los tribunales ambientales y los desafíos propios de las nuevas actividades económicas.
Con este eje queremos mejorar las herramientas para una adecuada evaluación ambiental, incorporando factores que otras legislaciones del mundo también están avanzando, como la evaluación de impactos acumulativos y sinérgicos.
El tercer eje es el de la participación ciudadana. Conforme con la implementación del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por Chile, el proyecto de ley propone dos medidas centrales. La primera de ellas es ampliar la participación ciudadana de las Declaraciones de Impacto Ambientales, eliminando el actual requisito de “cargas ambientales” para que exista participación. La segunda es la creación de un procedimiento voluntario de participación temprana, para inversionistas que quieran iniciar la participación con la comunidad antes de ingresar a evaluación ambiental.
Este proyecto de ley se complementa con el resto de las iniciativas que como Ministerio del Medio Ambiente estamos impulsando.
Destaco entre estas la presentación del Proyecto de Ley de fortalecimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, el cual fue presentado en conjunto con el anterior proyecto y nos permitirá tener una mejor fiscalización ambiental.
Asimismo, el Ministerio se encuentra diseñando una segunda reforma al Reglamento SEIA, la cual se encargará de revisar la situación de los Permisos Ambientales Sectoriales. Con esta propuesta, como Ministerios buscamos reforzar ese equilibrio.
En virtud de lo anterior, invitamos a todas y todos los actores de nuestra sociedad a revisar este proyecto de ley con confianza en el proceso, el cual ha tomado en consideración opiniones y propuestas muy diversas y transversales, y entusiasmo para que avancemos con rapidez en una fase legislativa constructiva y enriquecedora.
Fuente: BioBio Chile
