El Bloque de Seguridad, compuesto por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ha propinado una respuesta contundente al crimen organizado tras el atentado contra el fiscal antimafia César Suárez en la Avenida del Bombero en el norte de Guayaquil, una provocación más en medio del desafío narco contra el Estado. Gracias a varios allanamientos nocturnos, agentes policiales detuvieron al presunto sicario, perteneciente a la banda de los Chone Killers, que disparó contra el funcionario del Ministerio Público, y al conductor de vehículo que le emboscó.

En paralelo, el Ejército volvió a desplegar a más de 1.000 militares para intervenir la famosa cárcel regional de Guayaquil, de donde escapó José Adolfo Macías, Fito, el caudillo de Los Choneros, una evasión que influyó directamente en el decreto de estado de excepción y posterior declaración de «conflicto armado interno«. Las mismas imágenes se repitieron pocos días después, con los presos tumbados boca abajo en el patio central, con las manos esposadas y en calzoncillos, mientras los soldados registraban sus celdas.

El comando, compuesto por cuatro personas, interceptó a Suárez y le acribilló, en total 18 balazos, con un fusil y una pistola, ambas decomisadas. De inmediato se dirigieron a un barrio cercano, donde prendieron fuego a su vehículo, una camioneta de gran cilindrada. Desde allí se trasladaron a sus escondites en una motocicleta y en un taxi, conducido por el mismo chófer del atentado, que portaba una chaquetilla verde como las que utilizan los agentes de tráfico.

El fiscal César Suárez contaba con la protección de un solo escolta, pese a los innumerables «casos connotados», como reconoció la Policía de Guayaquil, pero que el miércoles no le acompañaba porque sólo tenía previsto realizar una audiencia telemática. Su familia asegura que fue engañado para acudir a un encuentro que no quiso detallar.

«Reconocemos su trabajo valiente, era reconocido aquí. Al hablar de las investigaciones de delincuencia organizada, los casos de mayor connotación y peligrosidad los realizaba él», destacó el general Víctor Herrera, al frente de la Policía en el Guayas.

El fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, un respetado catedrático de Derecho Constitucional que incluso se postuló como juez anticorrupción, estaba a cargo de la investigación del asalto armado contra TC Televisión, ocurrido la semana pasada, cuando un comando kamikaze de 13 pandilleros de la banda de Los Tiguerones irrumpió a tiros en las instalaciones televisivas. Un caso de terrorismo, al tratarse de una de las 22 bandas descritas como tal en el decreto gubernamental.

Pero no era el único importante. El propio fiscal publicó en su cuenta de Facebook la condena contra ocho imputados por terrorismo, quienes atacaron unidades policiales e hirieron a agentes en Durán, el municipio colindante a Guayaquil que es conocido como la Sinaloa de Ecuador. Los Chone Killers son dominantes en Durán. El último gran alijo de cocaína, de cuatro toneladas y media, también recayó en su despacho.

Suárez cargaba además sobre sus espaldas uno de los casos paralelos a la Operación Metástasis, que liderada por la fiscal general del Estado involucró al narco Leandro Norero, conocido como El Patrón, con políticos, jueces y periodistas. Se trata del caso de corrupción hospitalaria que señaló directamente al empresario Daniel Salcedo, detenido el martes en Panamá y extraditado a Quito horas después del atentado.

SIETE FISCALES ASESINADOS DESDE 2019

El atentado de los Chone Killers se ha cobrado la vida del séptimo fiscal ecuatoriano desde 2019. Al reconocido Edgar Escobar le mataron a las afueras de la propia Fiscalía en Guayaquil en 2022. Y a Leonardo Palacios, el último antes de Suárez, le pegaron varios tiros en Durán.

La noticia cayó como una bomba entre los miembros de la judicatura y entre sus compañeros, que expresaron su condena a través de las redes sociales. «Su legado nos acompañará en la lucha. Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos haciendo cumpliendo desde la justicia», subrayó la fiscal general Diana Salazar, quien instó a las fuerzas del orden a que garanticen la seguridad de los funcionarios de la Justicia y al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias se realicen de manera telemática.

Horas después, Salazar puso de ejemplo a Suárez tras conocerse la detención de un fiscal envuelto en tráfico de influencias. «La Fiscalía no descansará en su proceso de autodepuración, no permitiremos que otros fiscales sirvan de intermediarios de prófugos de la justicia», añadió.

La fiscal Salazar mostró su enorme irritación, incluso ordenó la apertura de una investigación en su contra, tras la información proporcionada en redes sociales por José Serrano, ex ministro de Interior. El antiguo colaborador del revolucionario Rafael Correa aseguró que Suárez seguía la pista de una de las novias de Fito, al que se cree escondido en Colombia.

«Este crimen es un perverso mensaje a los operadores de justicia dispuestos a luchar contra el crimen organizado. Como nunca, hoy es urgente que se instale en el país jueces y fiscales sin rostro», destacó la asambleísta Nataly Morillo, del movimiento opositor Construye.