Casi una semana duró la formalización del exdiputado UDI Joaquín Lavín León y su máximo asesor parlamentario Arnaldo Domínguez. Este viernes, el juez Daniel Urrutia decretó la prisión preventiva de ambos al acreditar los cinco delitos imputados por la Fiscalía Oriente: fraude al fisco, falsificación de instrumento público, tributarios, tráfico de influencias y cohecho.
Con esto se cierra el primer proceso de una larga investigación que partió con las pesquisas a la administración de la señora de Lavín, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien también estuvo en prisión preventiva y el Ministerio Público pidió 23 años de cárcel.
Fue en esa instancia, en enero de 2024, que Felipe Contreras, el exfuncionario de Barriga, dejó unos correos electrónicos tras su declaración en que advertía que el entonces diputado Joaquín Lavín ordenaba las contrataciones y despidos en el municipio.
Este antecedente abrió una arista reservada que derivó en allanamientos en la casa y oficina en el Congreso del exparlamentario.
“Estamos tranquilos. Se acreditaron varios delitos complejos y que a ambos les corresponde su participación como autores. El tribunal ha entendido que la libertad de los imputados es un peligro para la sociedad y eso es muy importante frente a delitos de corrupción“, comentó tras finalizada la audiencia, la fiscal regional Lorena Parra.
Fraude al fisco y boletas falsas
De acuerdo a la formalización, entre los años 2015 y 2022, el imputado Joaquín Lavín presentó “rendiciones de gastos parlamentarios falsos”, lo que le habría permitido obtener fondos irregulares desde el Congreso Nacional. Con esos dineros–según la Fiscalía–el hijo del excandidato presidencial de la UDI pagó deudas de campaña y otros tipos de servicios personales como lo adeudado con la empresa “Imprenta MMG”, cuya compañía se convirtió en un eje clave en esta red de corrupción.
El Ministerio Público fijó un perjuicio fiscal de más de $10 millones en esta arista.
Imprenta MMG y su dueño Juan Silva Morales–también formalizado en la causa–tuvo una larga relación de negocios con Joaquín Lavín y su señora Cathy Barriga. A él, le encargaron todo tipo de servicio publicitario para las campañas que tuvieron que enfrentar desde 2013 a 2021.
Así, la empresa de Silva emitió un total de 44 facturas a Joaquín Lavín, entre 2015 y 2022, por un monto de $37.055.269. De esas boletas, 32 fueron rendidas al Congreso Nacional como gastos operaciones por más de $18 millones.
“La actuación fraudulenta del honorable diputado no se limita únicamente al uso indebido de fondos públicos de asignaciones parlamentarias para gastos de campañas, sino que también, y con el objeto de evitar ser descubierto, ingresó al sistema de rendiciones del Congreso Nacional imágenes falsas de los servicios a los que supuestamente corresponden las facturas que estaba rindiendo”, reveló la Fiscalía Oriente en la audiencia.
Fraude al fisco y plataforma SocialTazk
Otro de los fraudes detectados tiene relación con el uso de la plataforma SocialTazk, la cual fue creada para uso electoral en todo el territorio nacional con el objetivo de almacenar bases de datos de los votantes.
En esa línea, el Ministerio Público sostuvo que Lavín León y Felipe Vásquez–imputado y en carácter de prófugo por estar en España–crearon este proyecto digital para enviar mensajería de texto en el contexto de campañas electorales.
Detrás de esta iniciativa se usó como fachada la sociedad MODO74 SPA, la cual fue creado por Vásquez, cuyo financiamiento provino “principalmente con fondos del Congreso”, mediante el pago de honorarios a dicho imputado como asesor del entonces diputado gremialista y el pago de facturas presentados por Lavín como supuestos gastos operacionales vinculados a la función parlamentaria.
De acuerdo a la investigación, entre marzo de 2020 y agosto de 2024, el diputado UDI habría instruido a su equipo en Valparaíso para que durante la jornada de trabajo ingresaran y validara en la plataforma las bases de datos que eran proporcionados por otros candidatos del partido de calle Suecia.
“De esta forma, los funcionarios del Congreso destinaron prioritariamente sus jornadas laborales a capacitar a potenciales clientes en el uso de la plataforma e incluso a hacer llamadas de contenido electoral, llamando a votar por determinado candidato, labores de las que informaban diariamente sus avances al resto del equipo del parlamentario y al propio diputado”, se detalló por parte de la Fiscalía ante el Séptimo Juzgado de Garantía.
Por estos movimientos, el Ministerio Público acreditó un fraude al fisco simulando gastos electorales: $17.171.265 por la contratación de Felipe Vázquez como asesor parlamentario y $91.697.142 por la rendición de al menos 186 facturas entre 2018 y 2026 a la Cámara de Diputados.
La vinculación con Modo74, la sociedad que atrapó a Lavín León
La fiscal Constanza Encina repitió en varias oportunidades durante la larga audiencia que Joaquín Lavín León no era un “simple cliente” de Modo74 como ha querido demostrar su defensa. Para los persecutores, “él fue el impulsor del proyecto y financista del mismo a través de los fondos obtenidos de las rendiciones ante el Congreso Nacional”.
En esa línea, la Fiscalía acreditó que se ha constituido como “el principal inversor y cliente del proyecto”, concentrando el 56% de las facturas emitidas por Modo74. Es decir, unos $106.002.110 de un total de $190.743.262.
Mientras que el porcentaje restante, equivalentes a unos $84.741.152, corresponden mayoritariamente a facturación dirigida a otros militantes de la UDI, a quienes el exdiputado “ofreció y vendió” directamente, entre los que aparecen su esposa Cathy Barriga con $10 millones y su padre, Joaquín Lavín Infante, con $3 millones, quienes rindieron esos servicios de campaña ante el Servel.
Además de los informes forenses, las huellas de Lavín León en esta plataforma fueron encontradas en su computador y teléfono personal, donde mantenía ingresos y egresos de SocialTazk, en la que encontraron listados actualizados de los usuarios del proyecto.
Este modelo de campaña digital, el exparlamentario se lo habría ofrecido a más de 70 candidatos de la UDI a nivel nacional, a quienes no les cobró dinero, sino que la forma de acceder era con la condición que ellos mismos cargaron la base de datos de sus electores.
“Para ello, les creó un usuario y contraseña de acceso, y procedió al envío masivo de mensajería de campaña de manera gratuita, subrepticiamente financiado por el Congreso Nacional”, sostuvo la Fiscalía Oriente.
Un “alcalde en las sombras” en Maipú
El Ministerio Público también incorporó antecedentes sobre influencias indebidas por parte de Joaquín Lavín León en la conformación del equipo municipal que acompañó en la gestión de Cathy Barriga como alcaldesa de Maipú.
A juicio de la Fiscalía, el exparlamentario mantuvo un interés directo sobre “los contratos y operaciones propios del municipio”. En ese línea, su motivación obedecía a que estos funcionarios allanaran el camino para obtener información estratégica para incluir en su empresa Modo74, pensando en fines electorales, además de “obtener ventajas indebidas en el municipio y pagar favores políticos”.
Así, la fiscal Lorena Parra indicó en la audiencia que “creó una red de funcionarios municipales de su confianza personal en quienes podría influir directamente, cuya contratación en cargos directivos y críticos para el quehacer municipal obtuvo en aprovechamiento de su vínculo personal con la alcaldesa Cathy Barriga”.
Bajo esa lógica, la investigación acreditó que Lavín León gestionó una red de contacto de confianza conformada por Carlos Fairlie Oria, Felipe Contreras Huckstadt, Boris Gálvez Gálvez, Nicolás Pizarro Juliá, Eugenio Aguiló Armstrong y Ángel Garrido Domínguez.
El imputado ejerció influencia en ellos además para concretar desvinculaciones que alcanzaron los 497 funcionarios en Maipú, de los cuales 72 presentaron demandas laborales que provocaron un desembolso de $1.149.670.114 en pagos de condenas, transacciones y avenimientos.
Con todos estos antecedentes, el juez Daniel Urrutia acreditó todos los delitos y evidenció la existencia de una amplia red de corrupción. Otorgó 90 días para la investigación, mientras que la defensa de Joaquín Lavín solicitó que el centro de reclusión sea Capitán Yáber, una cárcel que ya ha albergado a otros imputados de casos mediáticos como Caso Audio, Muñeca Bielorrusa y el extinto caso Penta.
Fuente The Clinic
