Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de WOM alertó sobre el impacto del robo de baterías en la continuidad de los servicios de telecomunicaciones: El robo de baterías afecta infraestructura crítica, genera altos costos para la industria y puede comprometer la conectividad de personas, empresas, organismos públicos y servicios de emergencia.
En una nota publicada por Diario Financiero, representantes de la industria de telecomunicaciones abordaron el aumento de los robos de baterías que afectan a los sitios móviles a nivel nacional, un delito que no solo tiene impacto económico, sino también operacional y social.
La publicación explica que las baterías cumplen un rol clave para la continuidad de la red, ya que permiten mantener los servicios activos cuando no hay suministro eléctrico. Por eso, su sustracción puede generar interrupciones que afectan la conectividad de hogares, empresas, servicios públicos y comunidades completas.
Desde WOM, María Paz Cerda, vicepresidenta de Asuntos Corporativos, advirtió que estas baterías son esenciales para la operación de las redes, ya que permiten mantener la continuidad del servicio frente a cortes de energía. En esa línea, destacó que este fenómeno obliga a las compañías a destinar recursos adicionales a la reposición de equipos, medidas de seguridad y resguardo de infraestructura.
La nota recoge cifras de Chile Telcos, que registró 7.829 baterías robadas durante 2025, una cifra superior a la observada el año anterior. Según el gremio, las regiones más afectadas fueron Valparaíso, Biobío, Metropolitana, Coquimbo y Los Lagos.
El artículo también señala que el vandalismo y robo de infraestructura representan pérdidas cercanas a US$ 45 millones anuales para la industria. Además, advierte que el fenómeno no se limita únicamente a baterías, sino que también afecta cables, equipos y otros elementos esenciales para el funcionamiento de las redes.
La publicación releva el llamado de las empresas de telecomunicaciones a fortalecer la protección de infraestructura crítica y avanzar en una mayor coordinación entre autoridades, comunidades y actores del sector para enfrentar un problema que impacta directamente la continuidad de los servicios y la experiencia de los usuarios.
