Durante este lunes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abordó en la Comisión de Seguridad de la Cámara los lineamientos del proyecto que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades.
En ese contexto, explicó que la iniciativa busca establecer consecuencias administrativas temporales para quienes integren dicho registro.
Además, detalló que este será administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y tendrá un carácter parcialmente público. Esto implica que cualquier persona podrá solicitar información mediante una solicitud de acceso a la información pública.
Sin embargo, los antecedentes específicos de las causas permanecerán reservados, al igual que aquellos datos que permitan identificar a menores de edad.
Durante la sesión, el subsecretario Pavez enfatizó que el proyecto distingue entre actos vandálicos e incivilidades. En el primer caso, se consideran delitos contra la autoridad, los bienes públicos, la salud o la educación, además de delitos contra las personas y las cosas. Quienes los cometan permanecerán en el registro por cinco años, o por dos años si se trata de menores de edad.
En cuanto a las incivilidades, estas se dividen entre faltas conocidas por los juzgados de policía local y aquellas vistas por los juzgados de garantía. Entre los primeros casos se encuentran el depósito de escombros o el consumo de alcohol en espacios públicos. En el segundo grupo se incluyen, por ejemplo, la realización de loterías no autorizadas o el consumo de drogas en la vía pública, entre otros. En estos casos, la permanencia en el registro será de un año.
Las personas que ingresen al Registro de Actos Vandálicos no podrán acceder a subsidios habitacionales y de arriendo, becas de educación superior, postgrado y fondos concursables (cultura y ciencia), licencia de conducir y pasaporte, ni beneficios tarifarios de transporte público. También se contempla la pérdida de pensiones de gracia.
Asimismo, se podrá retener la devolución de impuestos por multas impagas y se aplicará la prohibición de ingreso a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional y casinos de juego.
El proyecto en trámite también propone un régimen agravado para quienes cometan delitos como incendios graves, ataques a la autoridad, usurpación de inmuebles fiscales o educacionales, uso de explosivos, tráfico de drogas y comercio ilegal organizado. En estos casos, las personas tampoco podrán acceder a la gratuidad en educación superior ni a la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Además, se establecen mayores plazos de permanencia en el registro en caso de reincidencia.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio (FA), Tatiana Urrutia, comentó: “Lo que hemos visto es que el Gobierno está confundiendo delitos con incivilidades, y esa confusión tiene consecuencias. La experiencia internacional demuestra que este tipo de medidas no tiene los efectos que se prometen”.
Fuente CNN Chile
