Fitch Ratings, una de las principales agencias de calificación de riesgo crediticio a nivel global, advirtió que las metas fiscales de mediano plazo del Gobierno de Chile enfrentan desafíos significativos para su cumplimiento.
Esto, en un contexto de recaudación tributaria por debajo de lo presupuestado, presiones de gasto persistentes y proyecciones de crecimiento económico más bajas que las estimadas por las autoridades.
El gobierno de José Antonio Kast busca reducir el déficit estructural hasta 1,5% del PIB en 2030 y mantener la deuda pública por debajo del 45% del PIB.
Para avanzar en esa dirección, anunció un plan de recortes de gasto por aproximadamente US$ 6.000 millones durante los primeros 18 meses de gestión, según consignó Bloomberg Línea.
Sin embargo, Fitch señaló que el punto de partida es más débil de lo que esperaban las autoridades.
Déficit proyectado en 2,4% del PIB y solicitud de US$ 6.200 millones en deuda adicional
En mayo, el Informe de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda elevó la proyección de déficit del Gobierno central para 2026 desde 1,8% hasta 2,4% del PIB, aun después de incorporar los nuevos ajustes presupuestarios.
En ese contexto, el Ejecutivo solicitó autorización al Congreso para emitir US$ 6.200 millones adicionales en deuda durante este año.
La calificadora proyecta que el déficit fiscal alcanzará 2,5% del PIB en 2026, cifra cercana a la estimada por las autoridades.
La brecha más relevante entre las proyecciones oficiales y las de Fitch está en el crecimiento. Mientras el Gobierno aspira a expandir la actividad entre 3,5% y 4% anual, la agencia proyecta un crecimiento de 1,6% para 2026 y de 2,9% para 2027, antes de una nueva desaceleración en los años siguientes.
Fitch puntualizó que mantener la deuda por debajo del límite del 45% del PIB requerirá no solo cumplir las metas fiscales anunciadas, sino también lograr un crecimiento superior al contemplado en los escenarios oficiales más conservadores.
Presiones en educación, salud y seguridad complican el ajuste fiscal
El informe también analizó las presiones de gasto que enfrenta la administración. La calificadora destacó que el Ejecutivo debe atender demandas de financiamiento en educación, salud y pensiones, al mismo tiempo que mantiene compromisos para fortalecer la seguridad pública y las políticas de control de la inmigración irregular.
El Gobierno ya excluyó a seguridad de los recortes presupuestarios de este año y enfrenta presiones para dar un tratamiento similar a educación y salud, sectores que junto con seguridad concentran la mayor parte del gasto operativo.
Fitch también evaluó el proyecto de reforma económica en discusión en el Congreso, que contempla reducir la tasa del impuesto corporativo hasta 23% en 2029, reintegrar los impuestos corporativos y personales sobre la renta e introducir un crédito tributario para el empleo.
Según estimaciones de la Dirección de Presupuestos, la reforma tendría un efecto fiscal negativo de aproximadamente 0,3 puntos porcentuales del PIB por año durante los próximos tres años, con un impacto positivo recién hacia 2035.
La calificadora advirtió que los beneficios esperados sobre el crecimiento son inciertos y que, de no materializarse, el costo fiscal neto podría ser mayor.
Para reducir otras necesidades de financiamiento, el Ejecutivo también contempla cambios en programas de vivienda y créditos estudiantiles, el avance de privatizaciones y el fortalecimiento de empresas estatales.
Fitch señaló que una estrategia basada simultáneamente en mayor crecimiento y fuerte disciplina del gasto podría resultar difícil de ejecutar.
Chile mantiene calificación “A-” con perspectiva estable pero con riesgos a la baja
A pesar del diagnóstico, la agencia mantiene la calificación soberana de Chile en “A-” con perspectiva estable.
Fitch explicó que esa nota incorpora su escenario base de un aumento gradual de la deuda pública, aunque permaneciendo por debajo del umbral del 45% del PIB durante el horizonte de proyección.
No obstante, advirtió que una consolidación fiscal más débil de lo previsto, o una desaceleración económica inesperada que incrementara la probabilidad de superar ese límite, podrían generar presiones negativas sobre la calificación crediticia del país.
La agencia recordó que la deuda pública chilena aumentó alrededor de 10 puntos porcentuales del PIB desde octubre de 2020, cuando rebajó la nota soberana desde la categoría “A”.
Fuente CNN Chile
