- Las iniciativas que llegan a los Tribunales Ambientales concentran cerca del 14% de la inversión y el 13% del empleo asociados a los proyectos ingresados al SEIA desde 2013, lo que evidencia que la judicialización afecta principalmente a proyectos de alta inversión y complejidad.
Un reporte elaborado por Prisma Sofofa y dado a conocer por DF, advierte que el principal impacto de la judicialización de proyectos de inversión en Chile no es la anulación de las iniciativas, sino el tiempo adicional que estos deben enfrentar antes de poder ejecutarse.
El análisis revisó 244 proyectos que fueron judicializados entre 2013 y 2026, período correspondiente al funcionamiento de los Tribunales Ambientales.
Si bien solo el 2,5% de los más de 7.500 proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) terminó en tribunales, el estudio concluye que se trata, en su mayoría, de iniciativas de gran escala, con un alto peso en inversión y generación de empleo.
Según el informe, las causas con sentencia definitiva registran una mediana de tramitación de 14,6 meses y un promedio de 18,1 meses en los Tribunales Ambientales, sin considerar el tiempo previo que toma la evaluación ambiental ni los recursos administrativos. Además, existe un número importante de casos que se extiende por más de 40, 80 e incluso 100 meses.
“Incertidumbre regulatoria”
El director de Políticas Públicas de Sofofa, Rodrigo Mujica, señaló en la nota DF que una demora superior a un año en sede judicial tiene efectos relevantes para proyectos intensivos en capital, ya que aumenta la incertidumbre regulatoria y puede modificar los cronogramas de ejecución e inversión.
El estudio también muestra que la judicialización no suele traducirse en la pérdida de los proyectos. De las 225 sentencias analizadas, el 78,2% mantuvo total o sustancialmente vigente la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), mientras que solo el 6,2% terminó con una anulación total y el 8,4% con una anulación parcial.
Pese a que el porcentaje de proyectos judicializados es bajo, el impacto económico es significativo. Las iniciativas que llegan a los Tribunales Ambientales concentran cerca del 14% de la inversión y el 13% del empleo asociados a los proyectos ingresados al SEIA desde 2013, lo que evidencia que la judicialización afecta principalmente a proyectos de alta inversión y complejidad.
Respecto del origen de las reclamaciones, el reporte indica que la mayoría corresponde a oposiciones de comunidades y procesos de participación ciudadana. Sin embargo, las reclamaciones que obtienen mayores tasas de éxito en los tribunales son aquellas relacionadas con aspectos técnicos y jurídicos, como los impactos acumulativos y sinérgicos, el fraccionamiento de proyectos y la legalidad de las resoluciones administrativas.