El abogado minero Daniel Weinstein, socio de Morales & Besa, planteó en una carta al director publicada este jueves que, junto con la permisología, la prolongada tramitación judicial de proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) se ha transformado en una de las principales barreras para la inversión en Chile.
Mientras el debate público ha estado centrado en reducir la denominada permisología para agilizar el desarrollo de proyectos, una nueva alerta apunta a la etapa posterior a la aprobación ambiental. Así lo planteó el abogado minero Daniel Weinstein, socio de Morales & Besa, en una carta al director publicada este jueves en Diario Financiero, donde advierte que la judicialización de iniciativas que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) representa una barrera creciente para la inversión en Chile.
En su carta, Weinstein sostiene que «mientras Chile intenta reducir la permisología, persiste otra barrera para la inversión: la judicialización de proyectos que ya cuentan con aprobación ambiental», fenómeno que, afirma, afecta especialmente a sectores estratégicos como la minería, la energía y la infraestructura.
El abogado cita antecedentes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de Sofofa, señalando que las controversias pueden prolongarse por cerca de un año y medio en los tribunales ambientales y extenderse por más de un año adicional cuando llegan a la Corte Suprema.
La preocupación cobra relevancia en un escenario donde la judicialización posterior a la obtención de una RCA mantiene actualmente cerca de US$11.900 millones en inversiones sujetas a procesos judiciales. De acuerdo con distintos análisis del sector, estos litigios superan, en promedio, los dos años de tramitación, pese a que aproximadamente el 80% de las Resoluciones de Calificación Ambiental termina siendo ratificado por los tribunales.
En ese contexto, Weinstein enfatiza que el debate no apunta a restringir el acceso a la justicia ni la protección ambiental. «El acceso a la justicia y la protección del medio ambiente no están en discusión», afirma. Sin embargo, advierte que «la demora no puede transformarse en una forma de paralización que mantenga proyectos durante años bajo incertidumbre, encarezca la inversión y retrase la creación de empleo y el desarrollo regional».
La reflexión se suma al debate sobre las reformas orientadas a acelerar la inversión en Chile, planteando que, además de simplificar la obtención de permisos, también resulta necesario abordar los tiempos que enfrenta la revisión judicial de proyectos que ya superaron el proceso de evaluación ambiental.