- Juanita Galaz, directora ejecutiva de MYMA, analiza que el creciente número y duración de las reclamaciones contra proyectos que ya cuentan con aprobación ambiental está aumentando la incertidumbre, retrasando inversiones y afectando la competitividad de Chile. El desafío, sostiene, es entregar mayor certeza a los procesos sin reducir los estándares ambientales.
La discusión sobre las dificultades que enfrenta la inversión en Chile ha estado centrada en los últimos años en la denominada “permisología”. Sin embargo, una vez superada la evaluación ambiental, ha emergido otro factor: la creciente judicialización de proyectos que ya cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.
Durante el primer semestre de 2026, los Tribunales Ambientales registraron un récord de 32 reclamaciones declaradas admisibles, aumentando a 67 las causas que se encuentran actualmente en tramitación vinculadas a 59 proyectos de inversión, por un monto conjunto de US$10.655 millones, según el monitoreo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Para Juanita Galaz, directora ejecutiva de MYMA, “en los últimos años la judicialización en Chile se ha transformado en un problema estructural que afecta una etapa que es relevante dentro del ciclo de desarrollo de los proyectos de inversión”.
La especialista explica que su impacto es institucional, económico y temporal. “La capacidad de resolución de las instituciones ha sido sobrepasada por el volumen de ingreso de causas”, señala. Añade que la judicialización involucra procesos que “podrían demorar más de dos años sumados los tiempos entre el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema”.
El problema, según Galaz, no radica en la existencia de mecanismos de revisión judicial, sino en que una aprobación ambiental pueda quedar sometida durante años a nuevas instancias de reclamación. “La judicialización impacta negativamente la certeza jurídica al reducir drásticamente la previsibilidad sobre el momento en que un proyecto obtiene una autorización definitiva”, afirma.
Pérdida de oportunidades
Los sectores más expuestos son minería, energía e infraestructura, comenta Galaz, debido a la magnitud de sus inversiones, mayor complejidad ambiental y alto impacto territorial.
El costo puede ser especialmente relevante para la minería, cuando no se aprovechan los periodos de buenos precios del cobre y la creciente demanda internacional por minerales críticos: “En el contexto actual, el costo de oportunidad para Chile es sumamente alto y crítico, dado que las buenas oportunidades comerciales en industrias como la minería no son permanentes, por lo que deben aprovecharse dentro de sus ventanas de máxima demanda”.
Los retrasos implican menor actividad económica, recaudación, producción, empleo y compras a proveedores locales. Pero también involucra un costo estratégico el hecho que otros países ocupen espacios en mercados vinculados a la transición energética.
Juanita Galaz enfatiza que este diagnóstico no supone cuestionar la institucionalidad ambiental. Más bien, el desafío consiste en perfeccionar el sistema mediante menores tiempos de respuesta, mayor claridad normativa, estándares técnicos consistentes y participación temprana de las comunidades.
“La protección ambiental y el desarrollo de proyectos no son objetivos contrapuestos, sino dimensiones complementarias que pueden y deben avanzar de la mano”, afirma.
Para ello, propone mejorar la coordinación entre organismos públicos, evitar exigencias que no aporten a la evaluación, establecer criterios previsibles y fortalecer la gestión temprana de controversias, con participación del Estado.
“Una evidente desproporción”
Galaz también observa una mayor preparación de los actores que participan en las controversias ambientales. Más que una estrategia coordinada con el fin de bloquear proyectos explica, existe una mayor especialización de los estudios jurídicos, consultoras y organizaciones de la sociedad civil para interponer reclamaciones ante los Tribunales Ambientales.
Sin embargo, una parte importante de las decisiones cuestionadas termina siendo confirmada por los tribunales. “Este hecho entrega una doble lectura: por un lado, valida la calidad del sistema administrativo; por otro, evidencia una ineficiencia temporal en la resolución de controversias”, asegura.
La experta señala que existe “una evidente desproporción entre el tiempo que toma litigar (años) y el efecto final alcanzado (confirmar lo que la autoridad ya había resuelto)”. Por ello, plantea avanzar en mayores exigencias de fundamentación, filtros de admisibilidad más efectivos, mecanismos para evaluar tempranamente el mérito de las reclamaciones y plazos de tramitación razonables.