La Fiscalía Metropolitana Centro Norte investiga un eventual esquema de corrupción al interior del consulado de Chile en Haití, donde ciudadanos habrían pagado sumas adicionales a los aranceles oficiales para acelerar la legalización de documentos y otros trámites consulares.
La indagatoria derivó en una diligencia poco habitual: fiscales chilenos y detectives de la Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI viajaron a Puerto Príncipe y allanaron dependencias de la representación diplomática para reunir evidencia, según reveló Reportajes T13.
Durante el operativo se incautaron computadores y documentación, además de dinero en efectivo que deberá ser analizado como parte de la investigación. El Ministerio Público busca determinar quiénes participaron del eventual mecanismo, cuánto dinero pudo obtenerse y cuál fue el destino de esos recursos.
Investigan cobros de hasta US$100 por trámites
Uno de los principales antecedentes de la causa apunta a las diferencias entre los aranceles oficiales y las cantidades que algunas personas habrían debido pagar.
De acuerdo con la investigación de T13, legalizaciones cuyo valor oficial fluctuaba entre US$7 y US$12 habrían llegado a costar US$100 mediante pagos adicionales destinados, presuntamente, a acelerar su tramitación.
La Fiscalía ya investigaba estas denuncias desde 2025. En junio, T13 había informado que el persecutor a cargo de esta arista era el fiscal Francisco Ledesma y que existían funcionarios bajo investigación por posibles pagos para agilizar procedimientos en la sede diplomática.
Según los antecedentes revelados por el medio, el presunto sistema comenzaba antes del ingreso al consulado. A los usuarios se les habría informado el valor regular del trámite y, paralelamente, se les habría solicitado un pago adicional para obtener atención prioritaria y reducir tiempos de espera.
La investigación busca establecer si quienes accedían a esos pagos podían evitar esperas que normalmente se prolongaban por semanas o meses y obtener sus documentos en pocos días.
La magnitud del movimiento consular durante 2025 es otro de los elementos que se encuentra bajo análisis.
La Cancillería confirmó oficialmente que durante ese año se detectó un “registro inusualmente elevado de legalizaciones de documentos en Haití”. Debido a esas anomalías, el Ministerio de Relaciones Exteriores puso término a las funciones del cónsul en Puerto Príncipe, retiró las facultades del ministro de fe encargado de estas labores, abrió un sumario y entregó los antecedentes a la Fiscalía y a la PDI.
Reportajes T13 sostiene que durante el período se realizaron aproximadamente 14 mil procedimientos consulares. A partir de esa cifra y de los cobros denunciados, el medio estimó que el dinero obtenido irregularmente podría haber superado el millón de dólares. Se trata de una proyección periodística y no de un monto establecido hasta ahora por el Ministerio Público.
El excónsul Rafael Du Monceau está bajo investigación
La investigación también alcanza al entonces representante consular Rafael Du Monceau, quien ejerció funciones en Haití durante el período en que se detectó el aumento de las legalizaciones.
Cancillería confirmó que su administración decidió poner término a sus funciones en Puerto Príncipe durante 2025 y abrió un sumario administrativo que, al menos hasta junio de este año, continuaba en curso.
La investigación de T13 había revelado previamente que Du Monceau fue citado por el Ministerio Público en calidad de imputado y ejerció su derecho a guardar silencio. Otro funcionario también era investigado en esa calidad.
Antes del allanamiento, el Ministerio Público ya preparaba una misión a Puerto Príncipe para asegurar documentos, archivos, timbres y otros elementos vinculados con las presuntas irregularidades. Entre los antecedentes que motivaban las diligencias figuraba también el hallazgo previo de dinero en dependencias vinculadas al consulado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha señalado que colabora con la investigación y que puso a disposición de los persecutores la documentación requerida.
La cartera sostuvo en junio que las anomalías fueron detectadas internamente durante 2025 y que, además de separar a los funcionarios de determinadas labores, remitió los antecedentes al Ministerio Público y a la PDI.
La Fiscalía deberá establecer ahora si existió efectivamente un sistema organizado de cobros irregulares, qué funcionarios o terceros pudieron participar y si los recursos recibidos por la oficina consular fueron correctamente registrados y rendidos.
Fuente: CNN Chile