La abogada constitucionalista y expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marisol Peña analizó este martes la reforma de seguridad del presidente José Antonio Kast ingresada al Senado.
En conversación con Hoy es Noticia, Peña sostuvo que “el Tribunal Constitucional, con un proyecto de esta naturaleza, conserva incólume sus atribuciones para efectuar el día de mañana el control de constitucionalidad de la legislación que surge a partir de esta reforma. Incluso del proceso”.
Explicó que, en el caso del primer borrador de la propuesta —en el que se buscaba remover beneficios de salud a condenados por delitos graves—, “había ciertos índices que preocupaban”.
“Estimar que ciertas afectaciones de derechos fundamentales en ningún caso podrían estimarse como pasar a llevar la esencia del derecho, esa es una calificación que le corresponde hacer al Tribunal Constitucional. Entonces (…), eso era preocupante porque era, de alguna manera, cercenarle o rayarle la cancha en forma previa al Tribunal Constitucional”, señaló.
Asimismo, planteó que “el actual Estado de Emergencia que se decreta cada 15 días y hay que irlo renovando, le otorga pocas facultades hoy a la autoridad administrativa para enfrentar situaciones de alta peligrosidad. ¿Por qué? Porque permite restringir solo dos derechos (libertad de locomoción y derecho a reunión)”.
Es por esto que este nuevo mecanismo, donde “se podría afectar la libertad personal, la interceptación de comunicaciones o la requisición de bienes… eventualmente ese tipo de facultades, que no las brinda actualmente el Estado de Emergencia vigente, pueden llegar a ser muy importantes, a mi juicio, en el combate al narcotráfico“.
Sus reparos a la propuesta del Ejecutivo
En esa línea, presentó sus reparos a la propuesta del Ejecutivo. En primer lugar, abordó el nuevo Estado de Excepción y comentó que “es preocupante” la extensión temporal de la medida.
Cabe recordar que en la reforma se plantea que este nuevo mecanismo pueda extenderse por 120 días, prorrogables. Asimismo, en el texto se estipuló que, al cumplir 240 días, el Congreso puede intervenir o autorizar la medida.
“Es preocupante porque, para quienes nos están escuchando, el punto clave aquí es que durante un estado (excepcional) se restringen o se suspenden derechos constitucionales; nunca pueden llegar a anularse ni afectarse la esencia del derecho. Por lo tanto, no es lo ideal dentro de un Estado de derecho que los derechos estén arrinconados“, sostuvo.
“A mí me parece que quienes hoy día han manifestado ciertas aprehensiones en esta materia tienen un punto, porque la intervención del Congreso Nacional le da una legitimidad más amplia e involucra a todos los sectores en el combate a la situación de emergencia que se vive”, señaló.
Además, calificó de “preocupante” la nueva facultad presidencial que agrega la reforma, que permitiría al mandatario declarar si una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado.
“La verdad es que me preocupa esa facultad porque el hecho de calificar a una organización —que supone un grupo de personas agrupadas en torno a un fin— como una organización transnacional vinculada al crimen organizado, de alguna manera califica la finalidad que persigue esa asociación, y yo diría que ahí probablemente lo óptimo sería hacer intervenir a un tribunal de justicia“, indicó.
“Es aconsejable que así ocurra porque estamos hablando, en el fondo, de una asociación que podríamos asimilar a las asociaciones ilícitas, que en Chile pueden ser perseguidas porque son figuras delictivas. Pero la calificación, si uno hace una analogía, le corresponde a un Tribunal de la República, no a la autoridad administrativa, por mucho que sea el jefe de Estado”, añadió.
Fuente: CNN Chile