Dos exsubsecretarios de telecomunicaciones matizan la responsabilidad. Un abogado, exjefe jurídico de Subtel, sostiene que no hay razones técnicas para una sanción como la caducidad de la concesión. La idea que más se repite es la de calibrar bien los efectos globales de las sanciones que se apliquen.
La edición de Chile Tecnológico publicada esta semana por El Mercurio profundiza en el cobro de la boleta de garantía por US$ 13,9 millones que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) realizó en contra de WOM por incumplimientos en el proyecto Fibra Óptica Nacional (FON).
WOM cuestiona la decisión porque previo al cobro de la garantía presentó un plan de trabajo del cual no recibió respuesta y, al contrario, fue notificada del cobro íntegro de las garantías. Los actuales dueños de WOM, un grupo de inversionistas extranjeros que integran BlackRock, MAN, y Moneda Patria Investments, sostienen que la administración anterior dejó una mala gestión en proyectos claves de infraestructura y que es prioridad cumplir al 100% los compromisos heredados en Chile.
No obstante, Subtel no descarta evaluar la caducidad de la concesión en el caso de que la empresa no cumpla y además la Subsecretaria Romina Garrido ha criticado el acuerdo vigente entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la compañía para el despliegue del 5G. Con todo, la empresa asegura que al 30 de septiembre habrá cumplido la instalación del 90% de las antenas y que el restante 10% estará listo al 31 de diciembre.
De acuerdo con el abogado Roberto von Bennewitz —exjefe de la División Jurídica de la Subtel durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y en el segundo de Michelle Bachelet, mencionado en la nota, no hay razones técnicas justifiquen una eventual caducidad de la concesión. El exabogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago plantea que la autoridad reguladora debe ponderar los distintos objetivos que justifican su intervención. Destaca que WOM ha invertido de forma significativa en el país y ha contribuido a sostener tarifas accesibles para los usuarios, por lo que una medida de esa naturaleza se apartaría de las políticas públicas pro-competencia de largo plazo.
Jorge Atton, exsubsecretario de Telecomunicaciones del primer gobierno de Sebastián Piñera, asegura que en el contrato de la FON hubo deficiencias de la empresa y del Estado. “Fallaron ambos. WOM debe responder por sus incumplimientos, pero Contraloría también evidencia fallas graves de fiscalización de la Subtel”.
Al respecto, Claudio Araya, ex subsecretario de Telecomunicaciones durante el gobierno de Gabriel Boric, advierte que se debe evaluar el contexto en que estaba la industria el año 2024, “WOM ingresó a un proceso de reorganización financiera bajo la Ley de Quiebras de Estados Unidos, y en Chile había otras dos empresas de telecomunicaciones con dificultades financieras”.
Sostiene que el desafío era sancionar correctamente los incumplimientos de WOM, dar continuidad al servicio y conseguir que se finalizaran los proyectos comprometidos (FON y 5G). “Transcurridos dos años, vemos que la empresa sigue operando, se completó el proyecto FON, las localidades obligatorias de 5G están terminadas y los usuarios cuentan con servicios”, resume.