Una nueva medida entra en vigencia y expertos detallan las implicancias de la misma.
El pasado 17 de enero la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que tipifica como delito y sanciona el ingreso clandestino al territorio nacional y, aunque en el inicio fue una medida controversial, fue aprobada como un decreto promulgatorio de la Ley 21.655, esto con el objetivo de reforzar la seguridad y control de la crisis migratoria que afecta desde hace algunos años al país.
Esta normativa modifica la legislación actual que rige sobre la condición de refugiado, donde se establece un proceso con ciertas etapas que determinan la misma cualidad. Carolina Tohá, ministra del Interior, mencionó que esta ley “modifica los procedimientos para la reconducción de ingresos irregulares en la frontera y la solicitud de refugiado”, adicionalmente esclareció que esta nueva normativa “fortalecerá la capacidad de control fronterizo del país”. Además, regula la reconducción inmediata de quienes ingresen de forma irregular al país.
De esta forma, el texto queda listo para ser publicado en el Diario Oficial y convertirse en ley de la República con la toma de razón de la Contraloría.
Una de las implicancias de la nueva ley establece que sólo se le reconocerá la calidad de refugiado a aquellas personas quienes provengan desde un país o territorio donde su vida o libertad corra peligro o esté amenazada. Asimismo, será una autoridad administrativa competente, quien reconozca la condición de refugiado. Sin embargo, para ello, deberán contar con una serie de condiciones, como, por ejemplo, que la persona no haya sido reconocida con la misma condición en otro territorio o que el solicitante demuestre una persecución política que coloque su vida en riesgo.
Esta nueva normativa busca sancionar con cárcel la entrada irregular por pasos no habilitados o evadiendo el control migratorio, para luego fijar una expulsión. La pena será de 51 a 540 días de presidio o una multa de 5 a 10 UTM. Asimismo, la normativa también tendrá incidencia en aquellas personas que ingresen o se retiren del país con un documento de identidad falso y la pena será de 541 días a 5 años de presidio.
Por otro lado, esta medida no se aplicará a extranjeros que cumplan con las condiciones de refugiados y que vengan de territorios donde su vida se encuentre en peligro o amenazada; asimismo, tampoco tendrá efectividad sobre niños, niñas y adolescente o al padre, madre o persona a cargo del menor.
Los alcances de la ley
Carolina Stefoni, académica en temas migratorios del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), estima que este tipo de medidas busca y enfatiza la criminalización de la migración: “Todas las investigaciones en Chile, América Latina y a nivel internacional se trata de una tendencia global a la criminalización de la migración, buscando la restricción del ingreso de las personas migrantes irregulares, pero esto no tiene necesariamente un impacto en que las personas desistan de migrar”.
La académica señala que “hay una necesidad más allá de las limitaciones que pueda poner el país, que tienen que ver con la sobrevivencia de las personas. Entonces, ¿esto va a parar lo que se ha llamado la crisis migratoria? No necesariamente lo va a frenar. Hemos visto en Europa casos donde hay muchísimas más restricciones en el ingreso con muchas más complejidades y la gente sigue tratando de entrar a los países. En los últimos dos a tres años en Chile se han profundizado las restricciones y las personas siguen ingresando”.
Sin embargo, Stefoni señala que sí existen consecuencias para los migrantes y enfatiza en que este tipo de medidas contribuye a que las personas migren en “peores condiciones, se encarecen las formas de migrar y surgen bandas de crimen organizado para movilizar al individuo. Además, sus vidas se vuelven más precarias y difíciles (…) son medidas que están archi demostrado que no tienen impacto en generar soluciones a la llamada crisis migratoria”.
Efectos sobre el ingreso
Por su parte, Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, menciona que la aprobación sí tendrá un efecto sobre el ingreso de las personas por pasos irregulares y comenta que “el hecho de poder devolver inmediatamente a los ciudadanos extranjeros que quieran ingresar ilegalmente a nuestro país, obviamente que disminuye las posibilidades o hace más difícil el ingreso irregular. Por lo tanto, se espera que disminuya la cantidad de personas que buscan esta alternativa”.
No obstante, el académico señala que para que la nueva ley funcione de manera adecuada requiere de una coordinación internacional con los países vecinos: “Que no se permita el ingreso y se devuelva al país por el cual está tratando de hacer este ingreso irregular, requiere de una coordinación internacional y de que esta decisión unilateral de Chile en su legislación sea respetada por esos países”.
Fuente: Emol
