Acción judicial detalla la trama de corrupción que habría tejido el conocido empresario Eduardo Hartwig junto a otro ejecutivo de la compañía y proveedores, a quienes se les acusa de apropiación indebida, falsificación de documentos y administración desleal.
Puerto Coronel, el mayor terminal marítimo de la Región del Bíobío que es propiedad de los grupos Angelini (50%), Von Appen (25%) y Belfi (25%), enfrenta una trama judicial de posible corrupción que partió en noviembre y que ayer tuvo un nuevo capítulo relevante.
El juez suplente del Juzgado de Garantía de Coronel, Daniel Ortiz, acogió a trámite una querella presentada el 18 de marzo por la propia empresa en contra de su fundador y expresidente del directorio, Eduardo Hartwig Iturriaga, de su exgerente general Javier Anwandter Hammersley, de dos proveedores: los transportistas Víctor Olivares Matamala y Hernán Romero Sáez, este último hermano del diputado independiente de la bancada republicana Leonidas Romero, y de todos los que resulten responsables por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, apropiación indebida y administración desleal.
Esta tormenta legal había partido el pasado 21 de noviembre de 2023, cuando la Fiscalía Regional de Biobío recibió una denuncia por eventuales delitos de cohecho en la empresa Puerto Coronel. La denuncia la hacía su actual gerente general, Patricio Román, quien había asumido sólo 20 días antes. Román apuntaba como autor a su jefe, Hartwig Iturriaga, quien, según la denuncia, habría pagado supuestos sobornos al alcalde de la ciudad de Coronel, el socialista Boris Chamorro, al concejal Eduardo Araya y a dirigentes sindicales del puerto mediante un esquema con facturas ideológicamente falsas.
A fines de noviembre, Hartwig renunció al directorio a solicitud de la mesa y luego a sus cargos de director en los gremios forestal y portuario, la Corporación de la Madera (Corma) y la Cámara Marítimo Portuaria (Camport). Pero la fiscalía había declarado secreta la investigación, por lo que aún no saltaba la información públicamente. Sin embargo, el 10 de enero, la noticia explotó cuando efectivos de la PDI allanaron la casa y la oficina municipal del alcalde Chamorro, y las dependencias de la empresa de transporte Delsava, de Romero Sáez.
El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, fue salpicado por el caso. En enero, la PDI allanó su casa y su oficina.
La exgerenta que confesó
Ya han pasado dos meses de ese hecho y tras un trabajo investigativo de la propia empresa y sus abogados, los penalistas Salvador Vial y Christophe Giroux afinaron una querella que finalmente hicieron efectiva esta semana. Paralelamente, la firma encargó una auditoría forense a la consultora Deloitte, que aún no está lista.
En la querella, Puerto Coronel acusa directamente a Hartwig de armar un esquema defraudatorio en contra de la empresa que él mismo fundó en 1996 y que en 2003 vendió a sus actuales propietarios, quienes lo ratificaron como presidente de la mesa hasta que estalló el escándalo.
En la querella, el actual gerente señala que fue su antecesora, la gerenta general interina saliente, Michelle Prater, quien le comentó que había conocido de “ciertas prácticas irregulares” dentro de la empresa, que luego fueron ratificadas por el gerente de Administración y Finanzas, Daniel Chamorro, y luego admitidas por Hartwig Iturriaga y por Anwandter Hammersley, quien seguía vinculado a la empresa como asesor.
“Se trataría de conductas que buscaban extraer liquidez de Puerto Coronel de manera indebida, cuyos autores principales serían Eduardo Hartwig y Javier Anwandter, todo ello sin autorización alguna ni conocimiento de los demás miembros del directorio (…) Los fondos obtenidos (…) se habrían destinado a distintos propósitos, incluyendo pagos a funcionarios públicos y dirigentes sindicales, como también el enriquecimiento ilícito del entonces presidente Hartwig”, resume la acción legal.
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