El pasado viernes 2 de agosto el Servicio Nacional de la Mujer anunciaba que Isabel Amor asumía como directora en la Región de Los Ríos. Había sido designada el día anterior hasta el 1 de agosto del 2027, y con una jornada de 44 horas semanales.
Llegó al cargo tras postular por la Alta Dirección Pública. Pero recién el lunes 5 de agosto se informó su destitución.
Alcanzó a durar menos de 72 horas en el cargo, para el cual se trasladó con su pareja embarazada desde Santiago a Valdivia.
El sábado 10 de agosto se publicó una entrevista a la ya cesada funcionaria en la Revista Sábado de El Mercurio. En ella Amor se refería a su salida y a cómo ella consideraba que el caso de su padre fue clave. Esto, en referencia a que en abril de este año, la Corte Suprema confirmó la sentencia de Manuel Amor, médico y militar en retiro del Ejército, condenado como encubridor del delito de tormentos o torturas inferidas a Luis Corvalán, en 1973.
«Se me debe juzgar por mi trabajo, no por la condena de mi padre», alegó. Esto trajo una serie de reacciones políticas, donde se señalaba que Amor debía ser juzgada por su trabajo y no por lo que hizo su progenitor.
La visión del Gobierno
La primera autoridad de Gobierno en salir al paso fue la vocera Camila Vallejo. Lo hizo este lunes 12 de agosto. «En nuestro Gobierno se producen desvinculaciones de funcionarios y funcionarias por distintas razones según lo establece nuestro marco normativo y a veces se da por incumplimiento, o a veces se da por pérdida de confianza cuando se produce esa pérdida de confianza y así lo ha expresado el servicio en un comunicado oficial. Ninguna pérdida de confianza está asociada a vínculos de sangre».
La presión era fuerte. Sobre todo por el silencio de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y de la directora nacional del Sernameg, Priscilla Carrasco.
Silencio que se rompió la tarde noche del martes 13 de agosto. «La pérdida de confianza en ningún caso tiene relación con el hecho de ser hija de un condenado», señaló la Secretaría Nacional de la Mujer en una declaración. Sin embargo, luego enumeraron varias razones que sí tienen relación con la situación de su progenitor, en particular una entrevista que nunca fue publicada.
«(Su salida) obedece a sucesivas omisiones de información relevante y acciones por parte de esta profesional. Comentarios desafortunados relativos a la condena de su padre, expresados al conocer al equipo del Servicio que trabaja en la región de Los Ríos; a lo cual se suma el envío al Servicio -por parte de la ex directora- de una nota periodística que aún no era publicada, donde relativiza la responsabilidad de su padre, pese a existir una condena por violación de derechos humanos ejecutoriada en su contra, en el caso de Luis Corvalán Castillo. La entrevista, finalmente, fue publicada, pero en una versión distinta al texto recibido por el Servicio».
Tras la declaración del Sernameg, esa misma noche Amor respondió que encontraba las razones «vagas e irrisorias» y que «evidentemente se centra en cuestiones que tienen que ver con mi padre». «Esto es una cuestión que de verdad da mucha vergüenza que el Estado chileno esté nuevamente llenándose la boca con que vamos a parar con la violencia hacia las mujeres en el trabajo y hagan una cuestión así, una declaración pública ordinarísima, que no fija ningún parangón con la realidad», sostuvo.
Orellana rompe el silencio
Y recién este miércoles 14 de agosto Orellana se manifestó. Lo hizo a través de una carta a El Mercurio. «Si bien no es usual que personas en la esfera pública tengan la oportunidad de revisar el texto de una entrevista antes de su publicación, esto sucedió con la realizada por su medio a la profesional Isabel Amor, quien el 30 de julio envió voluntariamente un borrador al equipo nacional de Sernameg al que recién se sumaba».
Según expuso Orellana, en dicha versión de la entrevista «se incluían declaraciones respecto de delitos de lesa humanidad que, comprensibles para una hija, no lo son para una autoridad pública». «Grande fue nuestra sorpresa al ver la versión editada, que fue publicada el pasado 10 de agosto, una semana después de la decisión de la directora nacional de Sernameg de removerla por pérdida de confianza».
La entrevista
La «entrevista» de la que se habla es una que Amor concedió a Sábado antes de asumir como directora regional de Los Ríos. En ella «relativizaba la condena a su padre», según señalan conocedores del caso.
Y fue la propia Amor la que le entregó a su jefa directa el 1 de agosto un borrador de este artículo, que nunca fue publicado.
Con esto, Carrasco tomó la decisión de cesarla de sus funciones. Y luego, casi 1o días después, salió a la luz otra entrevista, donde la ex funcionaria ya hablaba fuera de su cargo y criticaba la resolución del organismo gubernamental.
Y hoy la misma directora nacional señaló en radio ADN que «nosotros tenemos una postura clara respecto a que los hijos de personas que cometen violación a derechos humanos no tienen que cargar con el delito de su padre. (En este caso) más bien es no contar la información».
Consultada de por qué el servicio esgrime esa causal cuando no es relevante la condición de ser hija de un condenado por violación a los DD.HH, Carrasco explicó: «Porque son antecedentes sensibles, porque efectivamente son temas que tienen que ver con las materias que trabajamos en el servicio».
Fuente: Emol.com
