Christian Sanhueza destaca que la creación de un Sistema Inteligente de Permisos (SIP) -aprobado por las Comisiones de Economía y de Hacienda de la Cámara, y que ahora entrará a votación en Sala- es una medida que representa un avance para agilizar los proyectos de inversión.
Agitadas han estado las aguas en torno al debate de la permisología y el cuestionamiento acerca de la consecuente pérdida de competitividad del país recientes acontecimientos. A la crítica que realizó el Departamento de Estado de Estados Unidos acerca de la situación de permisos en Chile, la cual está frenando la ejecución de los proyectos de inversión, se suma un nuevo capítulo: la decisión de Colbún de suspender un proyecto de energía renovable de US$ 1.400 millones tras las sucesivas trabas impuestas por la autoridad ambiental, hecho que hasta le costó el puesto al director regional del SEA de Antofagasta, Ramón Guajardo.
Preocupado por el avance de este tema y sus distintas aristas, el CEO y fundador de la consultora de mercado y minería, Lan Polita, Christian Sanhueza, destaca que la creación de un Sistema Inteligente de Permisos (SIP) -aprobado recientemente por las Comisiones de Economía y de Hacienda de la Cámara, y que ahora entrará a votación en Sala-, es una medida que representa un avance para agilizar los proyectos de inversión. “Si bien esto es positivo, es necesario no perder de vista la necesidad de resolver los desafíos relativos a mejorar la coordinación intersectorial, ampliar los canales de participación ciudadana y flexibilizar el marco regulatorio”, señala el experto.
Competitividad
En relación con la crítica planteada por el gobierno de Estados Unidos, Sanhueza advierte que los inversionistas extranjeros han percibido la pérdida de competitividad internacional del país, lo que releva la necesidad de establecer un marco regulatorio confiable. Según el Anuario de Competitividad Mundial 2023 del IMD (International Institute for Management), Chile registró un empeoramiento en su desempeño económico, donde descendió del puesto 50 al 52, destacándose las demoras y complicaciones en los permisos para nuevos proyectos. De hecho, la Comisión Nacional de Productividad (CNP) estima que los tiempos de tramitación para proyectos de inversión en sectores clave, como la minería, pueden tomar hasta 11 años en algunos casos.
Al respecto, el especialista sostiene que, si bien la promesa de reducir en un 30% los plazos de tramitación que propone el Ejecutivo constituye un primer paso, se requiere mayor celeridad en la disminución de estos procesos, “en especial cuando los grandes proyectos mineros están demorando 10 años en su tramitación y cuentan con retrasos superiores a los cuatro años en su materialización, sin mencionar el consecuente aumento en sus costos asociados”, explica Sanhueza.
Eso sí, el ejecutivo resalta que esta reducción de plazos debe ir acompañada de un fortalecimiento de los mecanismos de evaluación ambiental. “Este es un punto que todos los actores entienden, ya que es esencial garantizar que los proyectos mineros se desarrollen de manera sostenible y respetando el medio ambiente, siempre de la mano de buscar más y mejor minería”, precisa el CEO de Lan Polita, agregando que de no solucionarse la permisología se profundizaría el estancamiento de la industria minera local, lo que sería un incentivo para que los inversionistas puedan buscar otros distritos mineros.
Finalmente, Sanhueza comenta que Chile podría tomar como referentes a otros países que han implementado modelos exitosos a la hora de agilizar las inversiones, como es el caso de Canadá, Australia, Perú y Nueva Zelanda. “Cada experiencia responde a un contexto particular, pero Chile puede adaptar estas buenas prácticas para simplificar la tramitología, con foco en la digitalización de los procesos, la migración hacia un modelo de tramitación centrado en los resultados y en la flexibilidad regulatoria”, afirma.
