“Hay funcionarios que a veces se les pasa un poco la mano”, comentó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Ya es un hecho que la eléctrica Colbún decidió suspender su proyecto de almacenamiento de energía renovable Central Bombeo Paposo que se emplazaría en la comuna de Taltal, y que involucraría una inversión de US$1.400 millones y una capacidad de generación de 800 MW.
La firma declaró que busca ponderar debidamente los eventuales cursos de acción, luego de que la semana pasada el Servicio Nacional Ambiental (SEA) de Antofagasta acogiera parcialmente el recurso de reposición presentado por la empresa, manteniendo el término anticipado al procedimiento que fue decretada el 12 de agosto en primera instancia por “falta de información relevante y/o esencial”.
El proyecto de Colbún consistía en una central de bombeo que integraría la generación de energías renovables con capacidad de almacenamiento, así como también el desarrollo de infraestructura de desalación para proveer de agua a la comunidad de Paposo. “Lamentamos profundamente la resolución de la autoridad ambiental, pues, tal como se argumentó en el recurso de reposición, consideramos que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Central de Bombeo Paposo sí contiene la información relevante y esencial para una adecuada ponderación de sus impactos ambientales”, señaló Colbún.
Después del anuncio de la compañía, la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental nacional, Valentina Durán, decidió remover de su cargo al director regional del SEA de Antofagasta, Ramón Guajardo.
“Nos está costando caro”
En conversación con radio Pauta, el ministro de Hacienda, Mario Marcel evitó emitir un juicio por el caso particular de Colbún en la Región de Antofagasta, pero sí se refirió al mecanismo de los servicios de evaluación ambiental.
La autoridad sostuvo que el mecanismo que utiliza el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es “un poco rígido” y aseguró que a veces hay “funcionarios que se les pasa un poco la mano”.
“Es un mecanismo un poco rígido, en el sentido de que cuando se detecta un problema se rechaza un estudio de impacto ambiental, cuando uno lo que buscaría es que se traten de corregir ciertos problemas para que el proyecto siga adelante cumpliendo con las obligaciones o con los estándares ambientales que el país ha establecido”, dijo Marcel.
“También ocurre que a veces hay funcionarios, unidades, etcétera, que se les pasa un poco la mano en este procedimiento”, agregó.
A su vez, el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, -en declaraciones a The Clinic- analizó que “lo que falta es una actitud país, una política de Estado que ‘entre a picar’, porque una cosa es cambiar la norma y simplificar ciertas cosas, pero tenemos un problema mucho más de fondo de mindset, de cambio cultural. Una cosa es que acortes los plazos en la ley, pero otra es que se cumplan esos nuevos plazos. Hoy día no se cumplen”. Junto con ello, sostuvo que “hay que pasar del dicho al hecho, tiene que ser prioridad fundamental en este gobierno, en los que sigan, y entrar a picar donde duele, porque si no, no vamos a tener resultados muy distintos”.
“Estos casos vienen a conformar el diagnóstico que tenemos, y que esto nos está costando caro, y nos va a seguir costando caro mientras no tomemos una actitud decidida, tomemos el toro por las astas y hagamos que las cosas pasen, cumpliendo con el estándar ambiental”, concluyó Briones.
En tanto, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, en relación con el proyecto de Colbún en Antofagasta indicó que “nos preocupa profundamente que proyectos como la Central de Bombeo Paposo, que implica US$1.400 millones en inversión sostenible aportando a la transición energética, se vean impedidos de seguir avanzando por enfrentarse a trabas que redundan en incerteza jurídica”, señaló.
