Especialistas propusieron en una nota en El Mercurio tres medidas para mejorar la eficiencia del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), sugiriendo un enfoque más riguroso en la relevancia de los hallazgos.
El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses. Casos de retrasos y cancelaciones en ciertos proyectos de inversión, incluyendo un Centro de Investigación Científica en Valparaíso, carreteras, hospitales e iniciativas de la minería, se ha apuntado a este organismo como un responsable relevante.
Aunque está en tramitación en el Congreso la denominada reforma a la “permisología”, que busca consolidar un nuevo sistema para la aprobación de permisos, algunos expertos creen que varios de los problemas más delicados en la evaluación de proyectos de inversión podrían resolverse sin cambios legislativos.
Óscar Acuña -quien fue secretario ejecutivo del CMN entre 2006 y 2011- conoce el funcionamiento interno de la entidad. “El patrimonio implica preservar, pero también reconocer que es imposible conservar todo”, señaló en El Mercurio.
Acuña y Tomás Flores- exsubsecretario de Economía durante el primer gobierno de Sebastián Piñera- coincidieron en la nota periodística en que se pueden implementar medidas para modernizar el rol de una de las entidades más criticadas por su gestión de permisos clave para la inversión.
En un informe, identificaron como las principales debilidades del Consejo la obsolescencia de sus normas y la falta de criterios claros para definir qué hallazgos son lo suficientemente importantes como para detener un proyecto.
Tapitas y botellas: Una necesaria actualización
La Ley de Monumentos Nacionales, que regula el funcionamiento del CMN, fue promulgada en 1970 y no ha sido reformada, salvo por algunos reglamentos interpretativos. Dada su antigüedad, el informe señala que, aunque la normativa cumplió con su objetivo original, es necesario actualizarla para que sus procedimientos y conceptos reflejen la realidad actual. “La idea de conservar hallazgos que interesen a ‘la historia, el arte o la ciencia’ deja abierto un espectro amplio, lo que da pie a que cualquier hallazgo pueda ser considerado valioso”, explican los autores del informe, quienes forman parte del Consejo Universitario de la Universidad Bernardo O’Higgins.
Acuña expuso que este criterio ha llevado a la preservación de numerosos hallazgos con posible valor científico, pero sin un claro valor patrimonial. Esta falta de precisión, según los expertos, ha sido la causa de obstáculos en proyectos importantes, como obras viales cerca del mall Costanera Center, el nuevo Hospital del Salvador o las líneas 3 y 6 del Metro de Santiago, debido a la aparición de objetos como fragmentos de cerámica, botellas de vidrio o botones de plástico.
Los expertos proponen crear una normativa administrativa específica para establecer qué constituye un hallazgo relevante. Acuña subrayó en la necesidad de una autocrítica al respecto y menciona un ejemplo: “Si analizamos dónde están ahora muchos de estos hallazgos, veremos que su rescate no fue el más adecuado. Un caso interesante son los tajamares del río Mapocho, que están en el Parque de Los Reyes. Nadie los valora ni entiende su significado, y han terminado siendo utilizados para actividades ilegales”.
Las propuestas
La obsolescencia de la norma también afecta las operaciones del CMN, y los especialistas sugieren dos propuestas adicionales para mejorar su eficiencia. Una de ellas es unificar los permisos de caracterización y rescate arqueológico, que actualmente se tramitan por separado y de forma secuencial. “Esto responde a una lógica anticuada de procesos lineales. Los procedimientos modernos permiten avanzar en paralelo, y al unificar estos permisos se podría reducir el tiempo de tramitación en hasta seis meses”, explicó el economista Tomás Flores.
Los expertos indican que esta medida solo requiere un acuerdo interno del CMN.
Otra propuesta para mejorar la eficiencia es descentralizar las decisiones del Consejo, permitiendo desconcentrar la carga de trabajo que actualmente recae en una única entidad responsable. Tanto Acuña como Flores sugieren la creación de consejos regionales, una medida que podría implementarse mediante la Ley de Presupuestos.
