Carlos Gajardo, ex fiscal conocido por su participación en casos de alta relevancia y por su permanente cuestionamiento a privilegios asociados al poder político y económico, vuelve a estar en el centro de la polémica, ahora por su implicación en dos complejos episodios que lo vinculan con figuras clave de la política y la justicia.
Por un lado, ha salido a la luz una reunión que se llevó a cabo en el domicilio particular de Gajardo, panelista de radio y permanente fuente de varios medios de comunicación. En dicha reunión participaron, entre otros, la recién expulsada ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y ex convencionales del Frente Amplio, entre los que se encontraban Jaime Bassa e Ignacio Achurra, en un intento por influir en las normativas que afectaban a la judicatura durante el proceso de la Convención Constitucional. Este encuentro, realizado en 2022 mientras Vivanco se desempeñaba como vocera del máximo tribunal, buscaba abordar temas críticos como la jubilación de los jueces y su permanencia en el cargo, en medio de tensiones por las reformas judiciales propuestas por la Convención.
Gajardo, quien ha dicho que no estuvo presente en la reunión (se habría quedado en su pieza, señaló) y que sólo accedió a facilitar su domicilio a solicitud de su amigo, el ex convencional Christian Viera. Cabe señalar que el ex fiscal Gajardo se hizo conocido por una célebre frase con la cuestionaba la credibilidad de los argumentos de sus adversarios: “somos tontos hasta las doce”.
Independiente de si Gajardo participó o no de la reunión, el encuentro ha sido ampliamente cuestionado, ya que la Convención Constituyente contaba con un sistema formal de audiencias, por lo cual la opacidad y secretismo en torno al bullado encuentro en la casa de Gajardo ha levantado innumerables críticas en medios de comunicación y redes sociales.
A esta polémica se sumó esta semana un nuevo episodio que ha sacudido la credibilidad de Gajardo. La Contraloría General de la República desmintió recientemente las declaraciones del ex fiscal, quien había asegurado haber prestado servicios gratuitos («ad honorem») a la Municipalidad de Viña del Mar, durante la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti. Gajardo lideraba un equipo jurídico que investigaba las irregularidades financieras en el municipio, con el objetivo de establecer responsabilidades políticas y administrativas por un déficit de $12 mil millones.
Sin embargo, la Contraloría reveló que el estudio jurídico de Gajardo y Norambuena Limitada había suscrito un contrato de prestación de servicios, por el cual recibieron cerca de $40 millones, desmintiendo así la versión del exfiscal sobre su labor gratuita. Documentos emanados por la Corporación Municipal confirmaron que los servicios no fueron «ad honorem», como Gajardo había asegurado públicamente.
El abogado Raimundo Palamara, quien presentó la denuncia ante la Contraloría, criticó duramente a Gajardo por haber mentido sobre la naturaleza de su participación en el caso de Viña del Mar. «No es solo el dinero lo cuestionable, sino la mentira que distorsionó la verdad ante la opinión pública», señaló Palamara, añadiendo que Gajardo utilizó su imagen pública para manipular el relato en un caso que generó gran interés mediático.
Enfrentado ahora a dos polémicas, el exfiscal Carlos Gajardo ve erosionada su reputación, marcada por su involucramiento en encuentros secretos con figuras políticas clave y el cuestionamiento sobre su transparencia en las investigaciones municipales. Ambos casos dibujan un panorama preocupante para alguien que, hasta hace poco, gozaba de gran credibilidad en el ámbito legal y público, ya que ha protagonizado polémicas similares a las de otros actores que él tradicionalmente critica con dureza.
