El gobierno ecuatoriano elevó de 8 a 14 horas diarias los racionamientos de electricidad. ¿Puede repetirse la situación en nuestro país?
La sequía no da tregua en Ecuador. Un mes después de que el Gobierno adoptara medidas de racionamiento eléctrico debido a la falta de agua en los embalses, esta semana se debió intensificar la medida. «Hemos tomado la dolorosa, pero responsable decisión de modificar el plan de racionamientos, aumentando de 8 a 14 horas diarias», informó la ministra de Energía, Inés Manzano.
Ecuador, un país con 17 millones de habitantes, similar en número a Chile, requiere en torno a 4.600 MW de abastecimiento eléctrico. Sin embargo, la sequía que enfrenta el país -la peor en 60 años- ha generado críticos descensos en las centrales hidroeléctricas -que cubren un 70% de la demanda local de energía- y hoy enfrentan un déficit de 1.600 MW.
Según la Cámara de Comercio del puerto de Guayaquil, núcleo comercial de la nación, las pérdidas a causa de los apagones ascienden a US$12 millones por cada hora de corte, sólo en esa ciudad.
«Enfrentamos una crisis dinámica y sin precedentes que nos obliga a adaptarnos a escenarios cambiantes», manifestó la ministra Manzano, quien añadió que «tomamos esta dura decisión basados en la difícil situación climática. Toda Sudamérica enfrenta una sequía sin precedentes y Ecuador no es la excepción. Varios países tienen cortes de electricidad y todos hemos visto con asombro las imágenes de un seco río Amazonas», apuntó.
¿Y Chile?
En Ecuador, la histórica sequía ha alcanzado ribetes alarmantes. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) ha indicado que los datos están mostrando un aumento progresivo de las temperaturas cada año y las lluvias, si en los meses de enero era común que se presentaran entre 15 y 17 días de lluvias significativas, ahora esos días llegan sólo a los siete o nueve.
A esto se suma que durante la reciente temporada se han producido unos 3.600 incendios forestales, afectaciones en el suministro de agua potable y problemas en la producción agrícola y en telecomunicaciones.
En Chile, pese a que la matriz energética sí considera plantas hidroeléctricas, ésta no llega al peso de 75% de dependencia que tiene Ecuador. Ante los efectos del cambio climático y las nuevas cifras, el debate sobre replantearse prioridades en materia energética se ha tomado ese país y, en el corto plazo, se espera invertir al menos US$ 2.200 millones en proyectos de energía renovable para enfrentar los efectos de la sequía.
En nuestro territorio, pese a que la sequía ha sido constante y ya lleva 14 años de índices de lluvias bajo los números históricos, no se han vivido recientemente situaciones de racionamiento, ni eléctrico ni de agua potable. La inversión en plantas de energía renovable ya se realizó y, en los últimos 12 años, un plan de saneamiento de US$ 1.200 millones consideró inversiones para robustecer el sistema y fortalecer la resilencia del sistema, aunque queda camino por hacer todavía. Por otro lado, la ciudadanía, ha hecho esfuerzos relevantes para reducir su demanda: por ejemplo, sólo en Santiago, la demanda de agua potable disminuyó 8% en los últimos años, según datos de Aguas Andinas, la principal sanitaria de la capital.
En esa línea, ¿qué lecciones se pueden rescatar del caso ecuatoriano? Definitivamente, que las inversiones tienen que realizarse temprano, con tiempo, antes que lleguen los tiempos de “vacas flacas” que obliguen a medidas desesperadas (como posibles racionamientos). Ecuador está sufriendo debido a la falta de planificación y no haber diversificado antes su matriz energética, quedando en una posición vulnerable ante los efectos del cambio climático. Chile, en cambio, tiene en su historia reciente casos de éxito en cuanto a alianzas público-privadas con notables resultados, y que se han traducido en la materialización de inversiones relevantes para combatir el cambio climático.
Según algunos expertos, si Chile no hiciera ninguna inversión orientada a combatir esta amenaza, se podrían generar impactos negativos de 15% del PIB, o más de US$ 50 mil millones. En ese sentido, Chile tiene una enorme ventana de oportunidad para pasar de la decisión a la acción.
