Las recientes elecciones de autoridades regionales y comunales se realizaron en un ambiente de normalidad democrática. Nos ilusiona el ánimo de prudencia que primó, una señal optimista para enfrentar el último tramo del actual Gobierno, el cual aún tiene importantes desafíos que cumplir antes de finalizar su mandato.
Como capital minera, nos interesa reactivar los proyectos que impulsen el crecimiento y desarrollo de nuestra región y dinamicen la economía nacional. Nuestra región representa el 27% de las inversiones mineras en Chile para la próxima década y proyecta inversiones de US$17.493 millones, con una cartera que incluye la explotación de una variedad de recursos mineros como el cobre, oro, hierro, litio y otros. Esto generará un efecto multiplicador a través de la cadena de valor, el clúster minero.
Sin embargo, el tiempo corre y la demanda por metales para hacer frente al cambio climático no esperará a que Chile modernice y haga más eficiente su sistema de permisos sectoriales. Según la consultora Plusmining, en nuestra región existe un 68% de retraso en los proyectos de inversión. Sin estas inversiones, será muy difícil dinamizar la economía y aportar a mejorar la infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida de nuestras familias como jardines infantiles, viviendas, escuelas, centros de atención primaria de salud, etc.
El Gobierno ha impulsado una reforma para enfrentar estos desafíos en el SEIA, creando guías ambientales que, aunque voluntarias, buscan reducir incertidumbres y costos en los proyectos, agilizando la coordinación entre los órganos administrativos y los proponentes. Asimismo, estableció la creación de un panel de expertos para revisar la institucionalidad del SEIA y estamos a la espera que en los próximos días planteen mejoras al sistema.
Uno de los puntos más críticos es el desempeño del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), que se ha convertido en un cuello de botella para el desarrollo de proyectos. La Contraloría detectó irregularidades graves, con solicitudes que llevan hasta 900 días sin respuesta, paralizando iniciativas fundamentales para el crecimiento regional. Si no se realizan cambios sustanciales y urgentes en este organismo, los proyectos continuarán acumulando retrasos insostenibles, afectando directamente la inversión y el desarrollo de nuestra región y del país.
En un contexto político de cambio de autoridades y a solo un año del término de gestión del gobierno, hacemos un llamado para que todas las autoridades (nuevas y antiguas), cada uno desde su posición de aporte al desarrollo, contribuya a la solución urgente del sistema de permisos para poder así concretar las inversiones y todo su impacto positivo en el desarrollo. Como siempre, ofrecemos nuestra disposición a colaborar.
Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta
