Óscar Acuña aboga por descentralizar el organismo hacia las regiones y aplicar una reforma profunda a la entidad.
Recientemente la Contraloría General de la República (CGR) abrió un sumario contra el Consejo de Monumentos Nacionales tras detectar solicitudes con casi 900 días sin respuesta (existen 3.752 casos pendientes al 31 de mayo de 2024. De ese total, 1.395 corresponden a requerimientos de 2022; 1.652 de 2023 y, 705 de este año). Para Óscar Acuña, quien ocupó el cargo de secretario ejecutivo del CMN entre 2006 y 2011, esta auditoría de la CGR no constituye una sorpresa, ya que, a su juicio, el actuar del organismo está bajo cuestionamiento.
“La circunstancia de que los permisos solicitados demoren este tiempo, o peor aún, que no salgan nunca (cosa que también sucede y que no da cuenta la CGR) es de una gravedad tal que amerita que las autoridades a cargo del CMN, la ministra de las Culturas y la subsecretaria del Patrimonio, asuman lo que esto implica para el país”, critica el experto, agregando que esta situación se ha ido consolidando en el tiempo y en administraciones de distinto signo político, “sin que se actúe para enfrentar una crisis que ha ido creciendo”, asevera.
“No hay museos disponibles”
Desde su punto de vista, el sector minero sería uno de los principales perjudicados frente al accionar del CMN a la hora de evaluar los permisos para implementar los proyectos de inversión. Al respecto, Acuña explica que se ha llevado a un extremo el criterio de cuándo estamos en presencia de un bien arqueológico o no. “Con la misma ley del año 1970 esto ha significado estirar el concepto a niveles extremos donde caben trozos de alambre, huesos de animales muertos en el desierto, bototos, tarros, trozos de botellas quebradas y muchos más que carecen de valor patrimonial”, argumenta.
Otro punto que indica el especialista son los tiempos de los trámites, los cuales ya no solo no cumplen los extensos 60 días hábiles (tres meses) que el Reglamento señala, sino que van mucho más allá de eso.
“También existe la circunstancia de que los referidos permisos se desarrollen secuencialmente y el titular se vea obligado a pedir un permiso para caracterizar, luego un permiso para rescatar y finalmente esperar la liberación de la zona. Esto es algo tortuoso, kafkiano e intolerable pensando en que esos procesos perfectamente pueden agruparse y abreviarse. Lo anterior, sin contar que el hecho de constatar un hallazgo aislado o no previsto no está contenido habitualmente en los permisos otorgados, lo que es aún menos racional”, afirma Acuña.
Asimismo, el exsecretario ejecutivo del CMN critica que no hay museos disponibles para recibir estos “bienes” rescatados, por carecer de valor museográfico y tener sus depósitos desbordados a consecuencia de solicitudes excesivas del CMN. “Por la vorágine en la que vive la institución, jamás dará espacio para reflexionar acerca del aporte de los mismos”, puntualiza.
Incluso, va más allá al plantear que no es posible que ciertos hallazgos como tarros, alambres o pedazos de botella, sean capaces de trabar el desarrollo de plantas desaladoras, viviendas sociales, proyectos mineros, data center, energías renovables, entre otros proyectos de gran envergadura. “En materia de salud, por ejemplo, ¿quién les puede explicar a los pacientes del Hospital del Salvador en Santiago o el de Chile Chico en Aysén, que deben seguir esperando o incluso morir, porque el hallazgo de tazas, baldosas u otros similares, resultan más importantes que la protección de sus propias vidas? Francamente es inaceptable”, cuestiona.
Opciones para salir de la crisis
Una de las soluciones que esboza Acuña para resolver estos problemas apuntaría a descentralizar el Consejo de Monumentos hacia las regiones, velando para que existan controles sociales y recursos administrativos que eviten “un actuar caprichoso” de la parte de la entidad, advierte el ejecutivo.
“Lo central también es que la nueva ley defina que es arqueológico. ¿La razón? Hoy esto ha sido una mala práctica que nos ha llevado a estos excesos que debemos evitar en el futuro y es un deber de la ley, no de quienes desarrollan esa disciplina, ya que se vuelve un incentivo a un incremento inagotable del ámbito de cobertura de qué es lo arqueológico y qué no”, precisa el experto.
Con respecto al anuncio que realizó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en relación con modernizar el CMN para agilizar la evaluación de los proyectos de inversión, Acuña cree que es un buen punto de partida, pero debe mejorarse en algunos aspectos. “Es esencial que se establezcan recursos administrativos ante superiores jerárquicos si se deniega un permiso por la autoridad regional. Igualmente, deberíamos avanzar desde ya, vía una glosa presupuestaria, en probar este modelo en alguna región el año 2025 para evaluar cómo funciona, así como definir desde ya el concepto arqueológico en el CMN vía acuerdo o Reglamento”, expresa.
Finalmente, el exsecretario ejecutivo del CMN asegura que el organismo requiere una reforma profunda con foco en un orden administrativo distinto y criterios más razonables. “Y por qué no decirlo, más empatía con el ciudadano de a pie (no solo las empresas), pues hoy el CMN está encerrado en una Torre de Marfil y no ve lo que sucede en el mundo real, o si lo ve, no le importa”, concluye Óscar Acuña.
