La creación del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y su carácter permanente generan críticas porque debilitan el sistema de capitalización individual. Luis Larraín, economista, advierte que este modelo podría desestabilizar la estructura previsional chilena. Además, señaló que “es un mazazo para las Pymes”.
En su reciente columna publicada en El Líbero, el economista Luis Larraín expuso su análisis sobre las indicaciones presentadas por el gobierno para la reforma de pensiones. Según Larraín, la creación del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), con carácter permanente y administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), implica un «retroceso inexplicable» en el sistema previsional chileno.
«Este fondo consolida la institucionalidad del reparto, introduciendo un dispositivo que presiona a gastar más recursos fiscales de manera permanente, algo que ha llevado a la bancarrota a otros sistemas en el mundo», subrayó el economista.
El FAPP, establecido en las indicaciones gubernamentales, administrará un 1,5% de la cotización adicional, destinado al Beneficio por Años Cotizados y al Aporte con Rentabilidad Protegida, junto con otros 2,5 puntos para financiar beneficios redistributivos. En total, el fondo gestionará 4 puntos de cotización destinados al reparto, una cifra que ha suscitado preocupación en el sector opositor, que prometió no permitir el uso de cotizaciones obligatorias para este fin.
Larraín enfatizó que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, presentó estas modificaciones como una solución para calmar las críticas de los senadores de derecha y sectores ciudadanos agrupados bajo el lema “Con mi plata NO”. Sin embargo, advierte que la propuesta contiene elementos que contradicen las promesas iniciales. «Que se afirme que porque el 6% iría a las cuentas de capitalización no habrá reparto, mientras el total de la cotización adicional alcanza el 8,5%, es una suerte de burla», señaló.
Además, el economista puso acento que este modelo introduce un incentivo para expandir el componente de reparto. «Los futuros políticos podrán crear nuevos beneficios, agregando puntos de cotización para fines que suenen nobles, pero que, en realidad, desestabilizarán aún más el sistema», afirmó.
Entre los puntos más críticos, Larraín mencionó el impacto de los nuevos impuestos a la formalidad laboral y a las empresas. «Aprobar 7 puntos adicionales de cotización en un contexto de emergencia laboral, con 200.000 empleos desaparecidos y un tercio de los ocupados en la informalidad, es un mazazo para las pymes y los trabajadores», expresó.
