El abogado advirtió que manifestaciones de fuerza ilegítima en conflictos laborales del sector minero no solo invalidan los beneficios obtenidos, sino que afectan derechos de terceros y ponen en riesgo el orden institucional del país.
A raíz de recientes huelgas mineras marcadas por manifestaciones de fuerza, el abogado Sergio Hernández planteó una dura crítica al uso de acciones ilegales en el marco de conflictos laborales, advirtiendo que este tipo de prácticas vulneran el Estado de Derecho y anulan cualquier beneficio que pudiera obtenerse de ellas.
En una columna de opinión publicada por Minería Chilena, Hernández sostuvo que la legitimidad de las huelgas, reconocidas por la ley como un derecho de los trabajadores, está condicionada a que se desarrollen en un marco de negociaciones pacíficas. “La legitimidad de las huelgas, amparadas por la ley en beneficio de los trabajadores, exige negociaciones pacíficas; si este requisito no existe, todo derecho que se obtenga es nulo”, afirmó.
Bloqueos y paralizaciones ilegales
El abogado apuntó directamente a acciones como bloqueos de carreteras y paralizaciones ilegales de faenas, señalando que quienes incurren en estas prácticas ejercen una “fuerza ilegítima” que excede el conflicto laboral específico. “Quienes han bloqueado carreteras o paralizado ilegalmente faenas (…) están ejerciendo esa fuerza ilegítima (la legítima solo la tiene el Estado), no solo en contra de sus empleadores, sino en contra de todo un país”, indicó.
Hernández enfatizó que este tipo de hechos impacta también a otros trabajadores que no participan de las movilizaciones y que buscan desarrollar normalmente sus labores. En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias sociales y culturales que implica normalizar la obtención de beneficios mediante la presión ilegal. “El mensaje que entregan, incluso a sus propios hijos, consiste en que es posible conseguir propósitos mediante flagrante violación del Estado de Derecho”, sostuvo.
En su análisis, el abogado planteó que tolerar estas prácticas abre la puerta a una lógica de imposición por la fuerza. “La ley del más fuerte; la derrota de la paz”, resumió, al tiempo que afirmó que la fuerza ejercida en estos contextos “arrasa con los derechos de todos quienes están afectados por su ejercicio, sea directa o indirectamente”.
Finalmente, Hernández llamó a las autoridades a actuar dentro de sus competencias para restablecer el orden institucional. “Las autoridades respectivas tienen el deber de restaurar el imperio del Derecho, sin ampararse en que una causa pueda estar judicializada”, señaló, recalcando que tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo tienen obligaciones constitucionales que deben cumplirse para garantizar el respeto a la ley.
