Luego de la aprobación del informe de la comisión mixta sobre la Ley de Fraccionamiento Pesquero en la Cámara de Diputados y Diputadas, el gerente general de Camanchaca, Ricardo García, cuestionó en duros términos el impacto que la normativa tendrá sobre el rubro, y confirmó que la empresa presentará acciones legales por la reducción de las cuotas pesqueras que tenía vigente hasta 2032.
“La industria pesquera ha sido golpeada duramente por esta ley que introduce estos cambios siete años antes de lo previsto por la ley vigente (2032), lo que conlleva un perjuicio económico enorme, que en el caso de las empresas del Biobío es doble porque deberán pagar un arancel de más de un 30% sobre las importaciones de cuotas extranjeras de jurel”, expresó.
El ejecutivo agregó que “el efecto será directo sobre el nivel de actividad, el empleo y los tributos a la renta que hoy genera el segmento más intensivo en mano de obra del sector”.
García además subrayó que la doble carga -reducción de la fracción de cuotas y arancel- afectará de forma significativa el dinamismo de la industria pesquera regional.
“La combinación de ambos factores frenará inevitablemente el desarrollo del sector, con un impacto más severo en la Región del Biobío, que es el corazón industrial de la pesca chilena. En el caso de Camanchaca, significará una caída superior al 20% en la producción de jurel para consumo humano, y ese menor volumen que va directo a pérdida de industrialización y empleo regional”, apuntó el ejecutivo de Camanchaca.
A su juicio, “se agrava la situación por los contratos que tiene suscrito Camanchaca con partes extranjeras para la compra de cuotas internacionales, que no consideraron ningún tipo de gravamen y que significa poner en riesgo esa producción chilena. Es inaceptable que se cambie lo que la ley estableció hace más de 12 años, con severo perjuicio y sin que haya de por medio una justa compensación. Se genera un daño patrimonial grave y exigir una indemnización es lo justo”.
Finalmente, el gerente general de Camanchaca advierte que “el Estado cambió las reglas anticipadamente para beneficiar a un grupo de pescadores semi industriales a costa del patrimonio de los industriales. Ante esto, no nos queda otra opción que acudir a la justicia para solicitar una indemnización que repare el daño causado a nuestros accionistas, entre los cuales hay fondos de pensiones que representan a más de seis millones de afiliados”.
Fuente: The Clinic
