Por: Maximiliano Villena
Este miércoles por la tarde se votará en la sala del Senado el proyecto de ley de sobreendeudamiento, el cual además busca corregir la Ley de Fraudes con Tarjetas para evitar la escalada en los autofraudes. Y si bien las indicaciones interpuestas por el ejecutivo fueron aprobadas, por parte de los emisores éstas no son suficientes.
Coopera, gremio que agrupa a las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, señalaron mediante una declaración que las indicaciones son insuficientes.
A su juicio, si bien la ley original en su espíritu buscaba equilibrar la cancha entre las instituciones financieras y los clientes, “el cuerpo legal generó un desequilibrio a tal punto que genera incentivos para que se mal utilicen los medios de pago y se cometan auto fraudes, lo que es tremendamente dañino para el desarrollo del país, de los medios de pago y la inclusión financiera, que para nosotros como cooperativas es un tema central. En nuestra opinión, lo que debe hacer ahora es encontrar ese equilibrio. Las indicaciones aprobadas van en una línea correcta, pero no son suficientes para corregir este desequilibrio que genera incentivos para cometer auto fraudes”.
Además, sostuvieron que “con esta ley, probar el dolo es sumamente complejo y hace muy difícil llevarlo a la práctica”, en tanto “el requisito para la presunción de culpa grave utilizando tecnología biométrica como único factor de seguridad en las operaciones, sería inviable de aplicar y, por consecuencia, no constituiría una disposición efectiva contra los llamados auto fraudes. Las instituciones debemos tener los más altos niveles de seguridad y mejorar la capacidad de detección de las personas que no tienen buenos comportamientos”.
Eso si, valoraron la indicación que delega en la CMF la conformación de un registro de aquellas sentencias donde haya habido fraude, “haciendo más fácil la verificación respecto a la hipótesis de reincidencia. Lo mismo puede decirse además de la ampliación de plazos para realizar devoluciones a los clientes y de la exigencia de realizar una denuncia al Juzgado de Policía Local, Carabineros o PDI como requisito para la restitución de fondos por fraudes”.
“Sin embargo, la mantención del estándar probatorio y la introducción de disposiciones inviables como la biometría para todas las transacciones abren nuevamente el riesgo de que la normativa sea ineficaz en contra de los ilícitos que se están cometiendo”, puntualizaron desde Coopera.
