El académico Juan Ignacio Guzmán manifestó su preocupación por las iniciativas que envió el Gobierno a trámite legislativo el año pasado. Además, alertó sobre factores de incertidumbre en el sector.
La reforma a la permisología en Chile, impulsada por el Ejecutivo, busca agilizar los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión, al menos en un 30%. Sin embargo, para Juan Ignacio Guzmán, gerente general de GEM Mining Consulting y acedémico en economía minera, esta medida no resuelve los problemas de fondo que enfrenta el sector. En su análisis, advierte que la tramitación de permisos en Chile retrasa proyectos entre dos y tres años, generando pérdidas millonarias y afectando la competitividad del país.
De acuerdo con Guzmán, la permisología ha significado una pérdida para el país de entre US$15.000 y US$20.000 millones, ya que cada año de retraso en un proyecto minero puede reducir hasta un 10% de su valor neto actual. «Si un inversionista espera ganar US$1.000 millones en un proyecto y este se atrasa tres años, su ganancia potencial se reduce a US$700 millones», ejemplifica.
El problema, según el experto, no es nuevo. Desde 2010, los permisos se han vuelto más complejos tanto técnica como políticamente. «Hace 20 años, un permiso ambiental podía obtenerse en uno o dos años. Hoy toma cinco o más y sin garantía de aprobación», explica.
Un cambio que no basta
El Gobierno ha promovido el Sistema de Permisos Inteligentes para reducir un 30% los tiempos de tramitación. Sin embargo, Guzmán sostiene que esta reducción es engañosa. Eso porque- de acuerdo con el especialista en economía minera- el 30% se refiere solo al tiempo de revisión del permiso. En la práctica, los nuevos requisitos, como la evaluación del impacto del cambio climático, han duplicado el tiempo necesario para elaborar un estudio ambiental.
“A lo mejor se van a demorar un poco menos la revisión, pero hacer el estudio va a ser mucho más costoso en tiempo. Sumando y restando, no vamos a obtener plazos más cortos”, dijo.
Otro aspecto que preocupa al especialista es el aumento de atribuciones para la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). «Cuando das a un organismo el poder de restringir operaciones de manera unilateral, sin contrapesos, creas incentivos para la corrupción y la arbitrariedad. Además, la SMA depende del gobierno de turno, lo que podría traducirse en decisiones políticas más que técnicas», advierte.
Desafíos y riesgos para la minería chilena
El catastro de proyectos mineros identificado por Cochilco suma US$83.181 millones, pero muchos de ellos carecen de los permisos necesarios. “Para que estos US$ 83.000 millones se pudieran llevar a cabo, tú debes tener permiso en todo ello. Y una buena parte de esa inversión hoy día no tiene todos los permisos”, enfatizó el experto.
Además, el gerente general de GEM explicó que la incertidumbre del mercado, en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos, también representa un riesgo.
Finalmente, Guzmán advirtió sobre el impacto de las elecciones en el futuro de la minería. «La postura de los candidatos presidenciales en temas económicos y regulatorios será clave. Si el foco está en reformas inconclusas que dejó el presente Gobierno, en lugar de fomentar la inversión y la seguridad jurídica, algunos proyectos podrían no concretarse», concluyó.
