Se nos ha ido otro Mes de la Minería en el que hemos podido comprobar los nuevos aires que corren para la industria. En los últimos eventos que congregó al sector, como nuestra cena anual en Antofagasta o la que organiza Sonami en Santiago, fue palpable el ánimo de diálogo público-privado, para así avanzar y recuperar el dinamismo de las inversiones.
Recientemente el Presidente Gabriel Boric declaró que «el cobre es el sueldo de Chile y debe llegar a todos los chilenos y chilenas», reconociendo así la contribución indispensable de esta actividad productiva al crecimiento económico y al desarrollo de todas las personas que viven en nuestro territorio. El Mandatario también ha señalado la necesidad de que nuestro país aumente la producción de cobre en un millón de toneladas, para así aprovechar la creciente demanda por este mineral para avanzar en la transición energética.
Contamos con los recursos necesarios, tenemos el know how, sabemos que la minería está viviendo un buen momento y, los actores de la industria, tenemos las ganas de avanzar, pero a la hora de la verdad, ¿cómo podemos dar este salto? Aquí nuevamente se nos aparece el fantasma de la “permisología” que nos cuestiona si como país podremos realizar reformas reales y concretas que nos permitan aprovechar la oportunidad mundial de mayor demanda por nuestros minerales para enfrentar el cambio climático.
Con decisión hemos apoyado las reformas legislativas sobre la “permisología”, pero también hemos planteado nuestras dudas sobre su efectividad y rapidez con el que se aborda esta problemática. Contar con un sistema de permisos claro y robusto, permitirá no solo el desarrollo de proyectos de inversión, sino también avanzar en otros temas sociales muy relevantes para el país, como la construcción de obras de infraestructura, viviendas sociales, hospitales o cárceles, por enumerar algunos.
Para avanzar en el desafío propuesto por el Presidente Boric y aumentar en un millón de toneladas nuestra producción de cobre, necesitamos urgentemente implementar un “fast track” para proyectos mineros. Existen diversas normas, herramientas y mecanismos que dependen del Poder Ejecutivo que podrían ayudar a agilizar inversiones mineras y desbloquear proyectos, sin rebajar las exigencias y estándares ambientales.
En la actualidad hay 36 proyectos mineros en proceso de tramitación ambiental, por un monto equivalente a US$10.405 millones. De ser aprobados y realizados, el impacto en la economía y empleo local en varias localidades de Chile sería significativo.
Nuestro país no solo tiene la misión de mantener su posición como líder mundial en la producción de cobre, sino que también la oportunidad de aprovechar la alta demanda y buenos precios que se avizoran en el horizonte: todo ello solo traerá desarrollo para nuestras regiones.
Por Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA).
