La especialista Juanita Galaz sostuvo que el aumento de las reclamaciones ambientales y la extensión de los procesos judiciales están afectando la certeza jurídica de las inversiones. «El problema surge cuando una Resolución de Calificación Ambiental favorable deja de ser el hito final del proceso», afirma.
El aumento sostenido de la judicialización de proyectos de inversión se ha transformado en uno de los principales desafíos para el desarrollo de iniciativas estratégicas en Chile. Así lo planteó Juanita Galaz, directora ejecutiva de MYMA (Minería y Medio Ambiente), en una entrevista en El Mostrador, donde advirtió que este fenómeno ya no corresponde únicamente a un mecanismo de control de legalidad, sino que se ha convertido en un factor que incide directamente en la competitividad del país y en la ejecución de proyectos de gran escala.
El escenario quedó reflejado en el último monitoreo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que reportó un récord de 32 reclamaciones declaradas admisibles durante el primer semestre de 2026. Actualmente, los Tribunales Ambientales mantienen 67 causas en tramitación relacionadas con 59 proyectos de inversión, equivalentes a más de US$10.600 millones.
Para Galaz, el problema trasciende el incremento en el número de causas. «Si bien se trata de un mecanismo legítimo de control jurisdiccional, en la práctica ha trascendido la mera revisión de legalidad administrativa, impactando de manera significativa la ejecución de iniciativas estratégicas. El fenómeno no solo se mide por el aumento sostenido en el número de causas, sino por sus efectos selectivos y concentrados en proyectos grandes, de alta complejidad técnica, ambiental y económica», sostuvo.
La especialista explicó que el principal impacto de la judicialización es la pérdida de certeza jurídica para los inversionistas. «El problema surge cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable deja de ser el hito final del proceso, quedando sujeta a años de reclamaciones administrativas, tribunales ambientales y recursos de casación en la Corte Suprema. Para los inversionistas, disponer de plazos razonables y ciertos para la toma de decisiones es tan crítico como la calidad de las resoluciones mismas», afirmó.
A su juicio, la incertidumbre generada por procesos judiciales prolongados repercute directamente en la planificación financiera, retrasa la ejecución de las inversiones y puede incluso modificar las decisiones sobre el destino del capital. Además, afecta la programación de obras, la contratación de servicios y la coordinación con los múltiples permisos requeridos para desarrollar proyectos.
Minería, energía e infraestructura, los sectores más expuestos
Galaz identificó a la minería, la energía y la infraestructura como las industrias más afectadas por este fenómeno, debido a que concentran los proyectos de mayor envergadura y complejidad ambiental.
«Se trata de iniciativas de gran escala, alto impacto e interacción territorial, que requieren evaluaciones ambientales complejas, múltiples autorizaciones sectoriales y una estrecha relación con comunidades y ecosistemas. Cualquier dilación derivada de procesos judiciales compromete severamente la oportunidad de ejecución de las obras y perturba la planificación de inversiones futuras», explicó.
La directora ejecutiva de MYMA advirtió, además, que Chile enfrenta un riesgo real de perder competitividad frente a otras jurisdicciones que ofrecen marcos regulatorios igualmente exigentes, pero con mayor certeza respecto de los plazos.
«Los inversionistas no solo evalúan la calidad de los recursos naturales o la estabilidad macroeconómica, sino también la estabilidad regulatoria, la predictibilidad institucional y la certeza de los plazos para ejecutar los proyectos aprobados. Aunque Chile mantiene altos estándares ambientales e institucionales, se vuelve menos atractivo frente a países que entregan mayor celeridad en sus procesos», señaló.
Impacto en las comunidades
La especialista sostuvo que los efectos de una judicialización prolongada también alcanzan a las comunidades donde se emplazan los proyectos.
«Un proyecto que permanece varios años detenido por procesos judiciales lleva a una postergación del desarrollo socioeconómico, porque la demora detiene beneficios potenciales inmediatos y de largo plazo, como la creación de empleos locales, el impulso a proveedores y servicios de la zona, la ejecución de obras de infraestructura y la inversión social», afirmó.
Añadió que la prolongación de los conflictos también termina afectando el tejido social de los territorios. «Hemos observado un deterioro del tejido social, porque la prolongación de los conflictos profundiza la polarización entre los propios actores y vecinos, desgastando el diálogo y dificultando la construcción de relaciones de confianza», sostuvo.
Protección ambiental y desarrollo no son objetivos incompatibles
Pese a las dificultades, Galaz descartó que exista una contradicción entre fortalecer la protección ambiental y agilizar el desarrollo de inversiones.
«La protección ambiental y el desarrollo de proyectos no son objetivos contrapuestos, sino dimensiones complementarias que pueden y deben avanzar de la mano. Un sistema ambiental técnicamente sólido, especializado y eficiente es capaz de resguardar el medio ambiente rigurosamente mientras otorga certeza y agilidad a los procesos», afirmó.
En ese sentido, planteó que el desafío no pasa por reducir las exigencias ambientales, sino por perfeccionar el funcionamiento del sistema mediante una mayor claridad normativa, plazos más acotados, mejor coordinación entre los organismos públicos y estándares técnicos consistentes.
Entre las medidas que propuso destacan fortalecer la participación ciudadana temprana, mejorar la calidad de las líneas de base ambientales, eliminar duplicidades en los permisos sectoriales, establecer plazos claros tanto para las autoridades como para los tribunales y orientar la fiscalización hacia los aspectos que realmente generan incidencia ambiental.
Respecto del aumento de acciones judiciales, Galaz consideró que existe una creciente especialización de los distintos actores que participan en estos procesos.
«Más que una estrategia coordinada con el único fin de bloquear proyectos, lo que se observa es una creciente profesionalización de estudios jurídicos, consultoras y organizaciones de la sociedad civil. El problema surge cuando los procedimientos extienden las controversias de manera desproporcionada mediante argumentos de baja claridad o reabriendo discusiones que ya habían sido resueltas», concluyó.