El decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UDP plantea que el Ejecutivo sigue validando a esta institución estatal como un organismo que no rinde cuentas. “Necesitamos una reforma estructural profunda que permita mejorar la transparencia en su funcionamiento”, afirma el también investigador.
El debate sobre los permisos para poder concretar proyectos de inversión se intensifica, mientras el país enfrenta dificultades significativas para avanzar en infraestructura clave. Louis de Grange, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales (UDP), plantea duras críticas sobre el impacto de las normas de rescate arqueológico, especialmente en proyectos de gran envergadura. De acuerdo con el académico, el 95% de los hallazgos arqueológicos registrados no tienen valor patrimonial relevante, lo que provoca atrasos en obras esenciales para el país.
En un momento en que Chile necesita mejorar su infraestructura y mejorar la conectividad en diversas regiones, especialmente en áreas con escaso acceso a servicios básicos, como las comunas periféricas de Santiago y regiones alejadas del centro económico de la capital, de Grange subraya que las exigencias del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) están retrasando obras vitales. “El impacto es devastador para la planificación territorial y el bienestar de los habitantes de estas zonas. No podemos seguir viendo cómo se frenan las inversiones por hallazgos arqueológicos que no aportan nada de valor patrimonial real”, recalca el académico.
El tema ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, ya que varios proyectos emblemáticos, como las obras del Metro de Santiago, han enfrentado severos retrasos debido a los requerimientos de rescates arqueológicos. Durante el año 2023, de hecho, el proyecto de extensión de la Línea 7 del Metro se vio afectado por demoras relacionadas con estos procesos. Este tipo de obstáculos no solo incide en la capacidad del gobierno para cumplir con su promesa de mejorar la infraestructura del país, sino también en la competitividad y el desarrollo económico general.
Propuestas legales que no solucionan los problemas de fondo
En este contexto, de Grange critica el paquete de reformas presentado en enero de 2024 por el Ejecutivo, que propone destrabar la permisología y facilitar la concreción de proyectos de inversión. Según el académico, este paquete de reformas si bien es un intento por aliviar el estancamiento de muchos proyectos, no aborda el problema estructural de fondo: la falta de claridad en torno a lo que constituye un hallazgo arqueológico, la discrecionalidad del CMN, y los conflictos de interés inherentes dentro de esta entidad.
“Esta institución sigue operando con una excesiva discrecionalidad, lo que crea un entorno de incertidumbre. Muchas veces no se sabe con claridad qué se considera un hallazgo arqueológico importante para la nación, lo que genera bloqueos y retrasos innecesarios. Este tipo de ambigüedades no solo perjudican el desarrollo de iniciativas productivas que el país necesita, sino que también afectan la confianza de los inversionistas”, asegura de Grange.
En cuanto a las propuestas de reforma del gobierno, el decano de la UDP subraya que el cambio es insuficiente. “El Ejecutivo sigue validando al CMN como un organismo que no rinde cuentas. Necesitamos una transformación estructural profunda que permita mejorar la transparencia en su funcionamiento. Las reformas actuales solo buscan cambios superficiales y no abordan los problemas fundamentales”, destaca.
¿Reformas en un año electoral?
En medio de un año electoral, como lo es este 2025, el especialista asegura que no espera que se realicen cambios significativos en el funcionamiento del CMN ni en la regulación sobre los hallazgos arqueológicos. “No espero que nada sustancial ocurra este año. El oficialismo está más preocupado en llevar a cabo modificaciones cosméticas y está muy influenciado por una ideología que apuesta por un decrecimiento económico. Esto significa que no se impulsarán reformas que apunten a desburocratizar y optimizar esta entidad, ya que aquello estaría atentando contra la visión que sigue predominando en el gobierno, es decir, que no se impulsen proyectos que posibiliten un mayor desarrollo para el país”, afirma de Grange, cuya opinión se alinea con la creciente preocupación dentro de diversos sectores económicos, que ven cómo los procesos de rescate arqueológico se convierten en un obstáculo serio para la ejecución de obras cruciales.
La solución a estos problemas, comenta el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UDP, pasa por implementar una reforma integral en tres áreas fundamentales del sistema. En primer lugar, considera que es necesario establecer una jerarquía clara dentro del CMN para reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones y evitar que cualquier miembro pueda detener o demorar proyectos por intereses particulares. En segundo lugar, aboga por la reducción de los conflictos de interés, un aspecto esencial para asegurar que las decisiones tomadas sean objetivas y no estén influenciadas por intereses económicos o políticos; y, por último, de Grange señala la importancia de que la institución estatal rinda cuentas no solo a través de las medidas que ejecuta, sino también en términos de sus responsabilidades administrativas y, si corresponde, legales.
“La legislación debe ser más precisa y centrada en lo que realmente es relevante para la preservación del patrimonio cultural y lo que no lo es. Proyectos como el Metro de Santiago, entre otros tantos que benefician a millones de personas, no pueden seguir detenidos por exigencias que no contribuyen a la preservación del patrimonio de forma significativa”, concluye el académico.
Finalmente, de Grange concluye que estas reformas son vitales para que Chile pueda avanzar en su desarrollo económico y social sin sacrificar la protección de su patrimonio cultural. “Para que esto ocurra será necesario que el país enfrente una profunda reestructuración de sus organismos encargados de la protección patrimonial y adopte un enfoque más equilibrado entre el progreso social y la conservación de la riqueza histórica.
