En la última década, al menos 21 parlamentarios —anteriores y en ejercicio— han sido acusados en demandas laborales por integrantes de sus equipos de trabajo en el Congreso.
The Clinic rastreó esas denuncias por maltrato, despido injustificado, acoso laboral y montos impagos, entre otras razones, las que en su mayoría terminaron con un “acuerdo” monetario en lugar de una sentencia. En conjunto, la Cámara y el Senado les han pagado más de $81 millones a los denunciantes y solo en algunos casos el dinero del acuerdo fue descontado de las dietas de los parlamentarios acusados.
En los expedientes judiciales de esas causas se acumulan las pruebas presentadas por los trabajadores para demostrar el acoso y el maltrato. Entre ellos destaca el caso de la diputada independiente Camila Musante -vocera de la campaña presidencial de Carolina Tohá (PPD)-, quien en los últimos años ha sido acusada por dos extrabajadoras de su equipo por despidos injustificados y una serie de hechos que las mujeres describen como maltrato laboral.
Una de esas extrabajadoras es Andrea Fuentes (39), quien ejerció como asesora territorial de la diputada Musante entre marzo de 2022 y febrero de 2024. En el papel, su función era ser el enlace entre las organizaciones sociales y la parlamentaria. Pero en la práctica, ese rol era apenas una parte: por orden de Musante debía gestionar mudanzas, comprarle regalos para baby showers y llevarle su auto personal al taller mecánico, por nombrar algunos de los “favores” que le solicitaba la diputada. Incluso, en una ocasión, Musante la envió a comprar ansiolíticos a una feria libre para su uso personal, denuncia la exasesora.
Tras ser desvinculada del equipo de la parlamentaria en febrero de 2024, Fuentes presentó una demanda por despido injustificado, no pago de prestaciones laborales y una indemnización, debido a las secuelas psicológicas que, según acusa, le quedaron tras lo vivido bajo el mando de la diputada.
Pero el caso de Musante no es el único. Entre los 21 parlamentarios acusados ante la justicia por temas laborales hay 12 que actualmente siguen en ejercicio. En la Cámara de Diputadas y Diputados, The Clinic identificó a ocho: los independientes Carlos Bianchi, Mónica Arce, Marisela Santibáñez y Camila Musante, además de Jorge Brito (FA), Éricka Ñanco (FA), Natalia Romero (independiente en cupo UDI), y Carmen Hertz (PC).
En el Senado, los acusados que actualmente siguen en el cargo son Jorge Soria (PPD), Juan Castro Prieto (Social Cristiano), Carmen Gloria Aravena (ex Republicana), y Juan Ignacio Latorre (FA), cuya causa aún está en tramitación.
Tras la revisión, The Clinic identificó un patrón: prácticamente todos los despidos de los trabajadores involucrados se justificaron bajo el argumento de “la pérdida de confianza” de parte de los parlamentarios. Una figura que se aplica únicamente para los trabajadores del Congreso y que, según expertos en derecho laboral, permite que no se les pague el mes de aviso previo a los funcionarios desvinculados.
En el papel, es el Congreso —Cámara y Senado por separado— quien ejerce como empleador de los funcionarios. En el caso de las extrabajadoras de la diputada Musante, la Cámara llegó a un acuerdo conciliatorio con ambas: Andrea Fuentes recibió más de $10 millones, mientras que la otra funcionaria, que denunció por hechos similares, acordó más de $9 millones. En ambos casos el dinero fue descontado de la dieta de la parlamentaria Musante.
En total, desde 2014 son 22 las denuncias que han involucrado a parlamentarios de ambas cámaras, y en las que el Congreso ya comprometió el traspaso de casi $81 millones a los denunciantes: $47,4 millones desde la Cámara; y $33,5 millones desde el Senado. En esta última institución se entregó la suma individual más grande hasta la fecha: $20 millones para un exfuncionario del equipo del entonces senador —y actual diputado— Carlos Bianchi.
Existen otras dos denuncias –que apuntan a los senadores Juan Ignacio Latorre (FA) y Carmen Gloria Aravena (ex PR)— donde no se identificó que existan dineros comprometidos.
Las demandas laborales son transversales a los partidos políticos. Considerando también las causas contra parlamentarios que ya dejaron el Congreso, The Clinic identificó casos que involucran a políticos desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta el Partido Comunista (PC).
Otro dato relevante surge en la conversación con expertos. Según abogados dedicados al área laboral, existe un “vacío legal” que perjudica a quienes trabajan con los parlamentarios: cuando se despide a un trabajador del Congreso, los funcionarios no pueden acudir ni a la Contraloría ni a la Inspección del Trabajo para denunciar el despido injustificado. Así se comprobó en una denuncia que presentó quien fuera la secretaria y asesora territorial de la senadora Carmen Gloria Aravena, parlamentaria que hace pocas semanas renunció al Partido Republicano.
En el escrito que presentó la trabajadora —despedida en enero de 2019—, explica: “En la Inspección Comunal de Victoria, se me indica que no es posible llevar a cabo la diligencia de reclamo, por cuanto la Dirección del Trabajo carece de competencia para fiscalizar los actos del empleador, en este caso el Senado, al ser éste parte integrante de un Poder Público”.
Respecto a la demanda interpuesta por esa trabajadora, desde el equipo de prensa de la senadora aseguraron que “la desvinculación se produjo por la causal de necesidad del servicio, no existiendo reproche ni problemática alguna entre la parlamentaria y la trabajadora sino que una mera reestructuración del equipo de trabajo”.
Para esta investigación solo se consideraron las demandas de funcionarios que formaban parte del equipo de algún congresista. Existen otras causas laborales que los respectivos organismos ya pagaron, pero donde la demanda no apunta a un parlamentario en específico ya que los trabajadores cumplían labores administrativas en el Congreso.
Consultados por The Clinic, ni el Senado ni la Cámara de Diputados respondieron las preguntas que este medio les hizo llegar. A pesar de que las preguntas fueron enviadas hace más de dos semanas, los equipos de prensa de ambas instituciones se excusaron diciendo que las consultas eran materia de una solicitud de Transparencia.
Las denuncias contra Musante
La diputada independiente Camila Musante, cercana al PPD y una de las voceras de la campaña presidencial de Tohá, es acusada en dos denuncias laborales que presentaron extrabajadoras de su equipo parlamentario. Ambas demandas apuntan a lo mismo: despidos injustificados, no pago de prestaciones laborales y, sobre todo, que la parlamentaria les exigía favores personales.
La primera denuncia fue presentada por una diseñadora gráfica que trabajó para la diputada Musante entre marzo de 2022 y abril de 2023, cuando fue desvinculada. La segunda demanda la presentó Andrea Fuentes, asesora territorial de la diputada entre marzo de 2022 y febrero de 2023. Las dos trabajadoras, además, acusan que quedaron con importantes secuelas psicológicas luego de lo vivido en el equipo de Musante.
Ambos casos fueron archivados en los tribunales de justicia porque las denunciantes llegaron a un acuerdo —denominado “avenimiento”— con la Cámara. El trato implicó que la Cámara de Diputados, sin reconocer los fundamentos de la demanda y “con el sólo objeto de ponerle término” a la denuncia, se comprometió al pago de importantes cifras a las denunciantes: $9,2 millones en el caso de la diseñadora gráfica; $10,3 millones en el caso de Fuentes.
El despido de Andrea Fuentes no se dio al azar. El 8 de enero de 2023, ella fue presentada ante tribunales como testigo de la causa judicial que inició la diseñadora gráfica. Un mes después, Fuentes fue despedida del equipo de Musante.
El expediente de la denuncia de Fuentes contiene documentos y capturas de pantalla que permiten ilustrar las situaciones que la llevaron a presentar la acción judicial.
Un ejemplo. El 6 de enero de 2023, Fuentes estaba contagiada de Covid-19. El diagnóstico en su caso era particularmente delicado: desde hace seis años ella es paciente de riesgo por una enfermedad autoinmune. Pero según se evidencia en los pantallazos contenidos en la denuncia, a la diputada Musante esto le pareció algo menor.
A las 11:03 de la mañana de ese día, la parlamentaria le escribió.
Camila Musante: Hola cómo estás
Musante: Al final qué pasó con las cosas que le complican a la Municipalidad para presentar oficios en esos temas.
Andrea Fuentes: Mejor
Fuentes: Cuales temas en específico
Musante: Los que complican a “White”
Musante: Quiero pateaele la mesa
Musante: Yapi si te dije
Musante se refería a la Municipalidad de San Bernardo, liderada por el alcalde Christopher White (PS). Según la denuncia de Fuentes, la parlamentaria estaba al tanto de las conexiones que Fuentes tenía con vecinos de esa comuna, razón por la que “comienza a presionar (a Fuentes) para que le entregara información sobre el Municipio para que pudieran ‘perjudicar’ a la alcaldía para luego levantar oficios”.
Fuentes respondió esos mensajes con información sobre el estado de las relaciones entre los vecinos de San Bernardo y el municipio de esa comuna. Musante volvió a insistir.
Musante: Necesito
Musante: Que me digas las debilidades de White
Musante: Eso te pedí
Musante: Y los otros temas hazlos llegar para que hagamos oficios
Musante: ???????
La conversación siguió a las 14:27, cuando la diputada Musante envió un mensaje con tono de orden: “Lo necesito hoy día”. Después la llamó a las 17:25, y Fuentes no contestó el llamado. Musante insistió: “Te llame. Andrea???”.
Esos chats son solo un extracto de los muchos que están contenidos en la causa laboral que Fuentes inició contra la Cámara de Diputados en abril de 2024, unos meses después que fuera despedida del equipo de Musante.
Otro mensaje, del 3 de mayo de 2023, evidencia que la diputada le solicitó a Fuentes que le comprara un ansiolítico en la feria.
Musante: Necesito conseguirme clotiazepam
Musante: Venden en la feria?
Fuentes: Parece que la otra vez vi
Fuentes: Parece que sip
Musante: Puedes comprarme
Musante: Una caja porfa
Estos hechos son parte de muchos otros evidenciados en la denuncia que presentó Fuentes. Los pantallazos también demuestran que Musante, entre otras cosas, le solicitaba a la trabajadora llevar su auto al taller mecánico, que le enviara objetos personales a través de empresas de encomienda y que le resolviera asuntos domésticos, como la instalación de internet en su departamento o la recepción de una cama que la parlamentaria compró por internet.
En el caso de la diseñadora gráfica la demanda contiene hechos similares a los que denunció Fuentes. La diputada, asegura el libelo, le solicitaba que le comprara prendas de ropa, que le solucionara problemas con sus redes sociales personales y que le administrara las que eran de uso institucional. Esto, continúa la denuncia, le significó a la diseñadora asumir labores que no solo eran ajenas al contrato de trabajo, sino también asumir gastos que, dice, nunca fueron reembolsados.
Aunque esos no son los hechos más graves que denunció la diseñadora gráfica. El 28 de diciembre de 2023, la diputada Musante le habría solicitado que, en paralelo a las funciones que desempeñaba en su equipo, trabajara para el equipo parlamentario del senador Karim Bianchi, entonces pareja de Musante.
Musante: Mira estaba hablando con el senador Karim Bianchi
Musante: Me comentó hace un tiempo atrás
Musante: Que le gusta mucho tu trabajo
Musante: Y entonces qué quería saber si puedes trabajar con él también. No tiene tanta demanda como yo
Denunciante: (Emoji con cara de sorpresa) Acabo de leer
Musante: Por eso te escribía
Musante: Puede pagarte 300 mensual
Musante: Anda a sus redes sociales vas a cachar que no es tanta demanda como yo
Denunciante: Y tu estás de acuerdo Cami?
La denuncia asegura que la trabajadora aceptó la propuesta de Musante. Pero no por convicción. “Ante el temor de perder su trabajo, al ser una petición de su jefa directa, nuestra representada accedió. Así, la denunciante de autos comenzó a trabajar de manera informal con el Senador Bianchi en el mes de marzo del año 2023”. Otra captura de pantalla asegura que el senador Bianchi habría agregado a la trabajadora a un grupo de WhatsApp llamado “Bianchi SENADO”, y la presentó como “quien estará a cargo de las redes sociales”.
El senador Bianchi respondió a este medio por escrito: “La conocí (a la diseñadora gráfica) ya que yo era pareja de Musante en ese entonces pero no prestó servicios para mí. Es cierto mi interés pero no se concretó… ya que ella no podía por tiempo, solo me dio algunas ideas pero no se avanzó”.
Consultada por The Clinic, la diputada Musante aseguró que “como tú ya tienes toda la información, yo no sé qué mucho más podría decirte (…) Ustedes como periodistas pueden dar por cierto una denuncia o una sentencia judicial, eso es una decisión de ustedes. Yo no puedo cuestionar cómo hagan su trabajo (…) ¿Y por qué le interesa que yo me pronuncie si ya existe un proceso que está cerrado a través de avenimiento en ambos casos?”.
Una extrabajadora del equipo de Musante dijo a The Clinic, a condición de anonimato, que la diputada “ejercía mucha violencia psicológica” sobre todo en las mujeres de su equipo parlamentario. “Al final éramos como el flete, éramos casi como nanas también, porque ella pedía cosas demasiado personales, que escapaban de todo lo que era nuestro trabajo propiamente. Era muy común pedir cosas en la noche, en la madrugada o muy temprano en la mañana. Cosas que a veces era imposible que uno pudiera resolver. (…) De repente a las 5 de la mañana me llamaba por teléfono, a las 3 de la mañana escribía pidiendo cosas, a las 11 de la noche también. Y si no le contestábamos se enojaba”.
The Clinic también se contactó con Andrea Fuentes, la asesora territorial de Musante que fue despedida luego de presentarse como testigo en la causa de la diseñadora gráfica. Fuentes no solo confirmó que Musante solicitaba favores personales y llamaba a altas horas de la madrugada, sino también que habrían más extrabajadoras del equipo de la diputada que vivieron situaciones similares: “No fui la única que pasó por esta situación. Hay varias compañeras en realidad que pasaron por situaciones similares, pero ellas renunciaron porque no quisieron enfrentarse a un tema más legal”.
Los casos en el Senado
En 2021 el asesor legislativo del entonces senador Carlos Bianchi (IND), demandó al Senado por despido injustificado por una suma cercana a los $51 millones. Ambos se conocían desde 2006, año en que comenzó su relación laboral que duró de manera casi ininterrumpida —estuvo nueve meses sin trabajar para el senador mientras se tramitaba una resolución del Consejo Consultivo de Asignaciones Parlamentarias— hasta fines de 2020.
En la demanda, el abogado da cuenta de ciertas actitudes de Bianchi que impactaron en su salud mental. Según relata, el senador le pedía que realizara documentos que luego tenía que presentar en el Senado, y que posteriormente le eran adjudicados a otro funcionario de su equipo, quitándole el crédito de su trabajo.
Estas situaciones derivaron en que entre noviembre de 2019 y enero de 2020 estuviera con licencia médica por el “continuo maltrato, indiferencia y el permanente abuso del Senador”, según se lee en el escrito.
De hecho, en la sesión telemática de la Comisión de Constitución del Senado del 27 de noviembre de 2020 —donde seguía trabajando para el senador—-, Bianchi dejó su micrófono abierto mientras intervenía otro senador, y exclamó: “¿Cuándo chucha la presentaron weón?, volvieron a presentar las mismas huevadas del Benítez weón”, haciendo referencia al demandante. Después del episodio, le pidió explicaciones, pero no tuvo respuesta y fue bloqueado de WhatsApp por el senador y toda su oficina legislativa.
Con el objetivo de poner fin a la demanda, el Senado se comprometió en agosto de 2022 a pagarle $20 millones al demandante por un acuerdo de avenimiento. Esta es la cifra más alta que se ha pagado al extrabajador de un parlamentario en las causas laborales que The Clinic identificó desde 2014 a la fecha.
Al ser consultado por este medio, el actual diputado indicó que no hubo ningún maltrato laboral por su parte y afirmó que tiene una buena relación con su exasesor legislativo.
Otra de las causas que involucra al Senado fue protagonizada por el actual senador y exalcalde de Talca, Juan Castro Prieto (PSC). Un asistente legislativo de Castro fue despedido por “pérdida de confianza” en diciembre de 2020 —aunque en un inicio fue despedido por “necesidades de la empresa”— pese a que era secretario de la Asociación de Trabajadores de Parlamentarios del Senado. Ese cargo obligaba a que su despido se considerara improcedente, por lo que en marzo de 2021 demandó a su empleador solicitando la reincorporación de su cargo y el pago de las remuneraciones devengadas desde la fecha de su despido hasta que se dictara una resolución.
Dos meses después el tribunal declaró nulo el despido y obligó a que el trabajador fuera reincorporado, además de indemnizarlo con más de $11 millones, por todo el tiempo en que estuvo apartado de sus funciones.
The Clinic intentó comunicarse con el senador Castro, pero en su lugar contestó Sergio Mancilla, actual asesor legislativo del senador. Mancilla indicó que estos casos “son derivados a la Fiscalía del Senado pues la corporación es la empleadora. Ante cualquier duda de un caso judicial recomendamos consultar directamente al Senado pues ellos llevan las tramitaciones de los procesos de término de contratos, judiciales o extrajudiciales”.
Desde otra vereda política, el fundador del Partido por la Democracia (PPD) Felipe Harboe, también estuvo envuelto en una demanda laboral por parte de una periodista que trabajó para él desde mayo de 2015 hasta agosto de 2019, cuando fue despedida por “pérdida de confianza”. La mujer debió recurrir a la justicia para que le pagaran todas sus cotizaciones de AFP, salud y AFC, pues no se las habían pagado en toda su relación laboral.
En marzo de 2021 llegaron a un acuerdo y el Senado debió desembolsar $4 millones. Ante las consultas de The Clinic, Harboe respondió que “los funcionarios son contratados por el Senado, no por los senadores, por lo que es un tema propio del Senado y no personal”.
Otros senadores que estuvieron involucrados en demandas laborales son Alejandro Navarro (ex PS), Carmen Gloria Aravena (ex PR), Jorge Soria (PPD) y Juan Ignacio Latorre (FA).
El Senado no estuvo disponible para responder a las consultas de The Clinic.
Casi $50 millones en la Cámara
Incluyendo el particular caso de Musante, The Clinic identificó 16 demandas laborales desde 2014 a la fecha, en las que han estado involucrados distintos parlamentarios que al momento de ser denunciados ejercían el cargo. Por estas demandas la Cámara fue sentenciada a pagar indemnizaciones o acuerdos monetarios en favor de la parte demandante. La suma total asciende a $47,4 millones, siendo los casos más onerosos los de la diputada Musante, quien tuvo que pagar más de $20 millones de su bolsillo por dos demandas distintas.
Una situación similar fue protagonizada por Jorge Brito, diputado del Frente Amplio (FA) quien está cumpliendo su segundo periodo legislativo. En mayo pasado, quien fuera la community manager de Brito entre enero y abril de 2024, demandó a la Cámara por despido injustificado y por el cobro de indemnizaciones. Esto porque, según su abogado, Brito le comunicó que no iba a seguir cumpliendo sus funciones pues “debía reemplazarla por un exasesor del Presidente de la República, quien le habría pedido que lo contratara”.
Frente a las consultas de este medio, desde el equipo del diputado Brito enviaron una respuesta por escrito: “Respecto de las afirmaciones señaladas, se descarta tajantemente que provengan, bajo ninguna circunstancia, del diputado. Además, se trata de hechos desestimados que no fueron objeto de análisis en sede judicial”.
Según expone la demanda de la extrabajadora, Brito le informó que su finiquito estaba listo para ser firmado. Pero cuando la periodista fue a buscarlo, se percató de que este era por “mutuo acuerdo de las partes”, negándose a firmar el documento, porque consideraba que esta era una decisión “unilateral” del empleador. Semanas después demandó a la Cámara exigiendo que le pagaran $1,2 millones por indemnización, equivalente a un mes de remuneración.
Finalmente las partes llegaron a un acuerdo de avenimiento y la Cámara debió pagar $600.000, los que posteriormente fueron descontados de la dieta parlamentaria del diputado Brito. El pago se efectuó el 28 de octubre pasado.
La diputada Carmen Hertz, una de las figuras históricas del Partido Comunista, también fue acusada por un exintegrante de su equipo a través de una demanda laboral. En mayo de 2020, tras ser despedido por “pérdida de confianza”, el exasesor territorial de la diputada demandó a la Cámara por despido injustificado. Dentro del escrito se relatan distintas situaciones en las que la diputada habría maltratado al demandante, quien fue despedido mientras estaba con licencia médica por el estrés que le habría generado trabajar para la parlamentaria.
Según su relato, una de las primeras situaciones que puso en alerta al asesor ocurrió a principios de 2018 cuando recién había comenzado su relación laboral. En ese momento, dice el exfuncionario, Hertz le habría pedido expresamente que comprara un auto, cosa que el trabajador concretó con un préstamo que pidió su hijo. Meses después, la diputada le pidió que le transfiriera el vehículo a su nombre para poder usar el “item de combustible” que era parte de los gastos operacionales. Según el escrito, el trabajador aceptó, con la condición de que una vez terminado su periodo como parlamentaria, debía devolverle el auto a su nombre.
Para poner fin a la causa, en julio de 2021 ambas partes llegaron a un acuerdo de avenimiento, en el que la Cámara se comprometió a pagarle $4,2 millones cambiando la causal de término del contrato a “mutuo acuerdo de las partes”.
Ante las consultas de The Clinic, el equipo de prensa de la diputada indicó que “no emitiremos declaraciones, porque es la Secretaría General de la Cámara de Diputadas y Diputados quien se ocupa de estos temas”. En tanto, la parlamentaria posteriormente explicó que “es un tema resuelto en las instancias correspondientes, hace ya varios años”.
Otra de las demandas en contra de la Cámara fue protagonizada por la diputada Marisela Santibañez. En 2018 la cámara fue demandada por una exsecretaria de la parlamentaria, quien fue despedida por mutuo acuerdo pese a que manifestó haber sufrido acoso laboral por parte de Santibañez. Por el hostigamiento que según ella sufría, en la demanda se lee que tuvo una alergia nerviosa en su cuello y estuvo con una profunda depresión después de ser despedida.
Por estas razones pedía más de $29 millones por concepto de indemnización de aviso previo y daño moral. Después de dos años, las partes llegaron a un acuerdo de avenimiento y la demandante recibió $2,3 millones.
Las demandas laborales son transversales a los partidos políticos. El encargado territorial de la diputada Natalia Romero (Independiente que compitió por cupo UDI) presentó una demanda laboral por cobro de indemnización en septiembre de 2022. En esa oportunidad, se condenó a la Cámara a pagar $133.000 por compensación de feriado proporcional. La parlamentaria indicó a The Clinic que en su caso no le descontaron el monto de su dieta parlamentaria.
The Clinic se contactó también con el equipo de prensa de la diputada Éricka Ñanco (FA), quien aseguró que en su caso tampoco le descontaron de su dieta el monto que la Cámara le pagó a la parte demandante.
No está claro por qué en algunos casos los montos se descontaron de las dietas parlamentarias y en otros no. The Clinic consultó esto con la Cámara y el Senado, pero no obtuvo respuesta. Los equipos de prensa de los parlamentarios consultados tampoco aclararon este punto.
Otros diputados que estuvieron involucrados en demandas laborales por exfuncionarios de sus equipos, pero que ya no están ejerciendo el cargo son: Sergio Aguiló (IND), Celso Morales (UDI), Iván Norambuena (UDI), Patricio Vallespín López (ex DC) y Pedro Velásquez (ex DC, fallecido en 2023).
Fuente: The Clinic
