Expertos creen que el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, si bien puede representar una mejora, otros alertan que podría aumentar la discrecionalidad y prolongar aún más los tiempos de espera, complicando el desarrollo de las plantas desaladoras. “El sector necesita agua con urgencia”, coinciden.
La industria minera chilena enfrenta un desafío crítico: asegurar el acceso a agua desalada en los próximos años. La demanda de agua de mar podría duplicarse en la próxima década, alcanzando entre 7 y 9 mil litros por segundo adicionales. Sin embargo, los proyectos de desalación destinados a satisfacer esta necesidad están siendo ralentizados por la permisología, un proceso burocrático que, según expertos, alarga excesivamente los tiempos de tramitación.
Hoy las plantas desaladoras en Chile producen 10.500 litros de agua por segundo, pero se estima que en los próximos 5 a 10 años deberán aumentar esta cifra entre 23 y 25 mil litros por segundo para poder abastecer la creciente demanda de diversas industrias, especialmente la minería. Cristina Pardo, CEO de R&Q Concesiones e Infraestructura, asegura que este crecimiento es “fundamental para garantizar el abastecimiento de agua de manera sostenible”.
Y es que la minería, que ha logrado reducir su dependencia del agua continental, es actualmente el principal destino de esta agua desalada. Según Rafael Palacios, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), el 85% de la producción de agua desalada en el país está destinada al sector minero. En los próximos años este rubro demandará más de 7.000 litros adicionales por segundo, lo que obliga a las desaladoras a expandir su capacidad de manera urgente.
En opinión de Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero, la producción de cobre depende cada vez más del uso de agua de mar. “Con la caída en la ley del mineral y otros factores, las compañías requieren más agua para obtener la misma cantidad de mineral”, explica.
Sin embargo, los proyectos desalinizadores están siendo frenados por la lentitud del proceso de permisos en el país. Según Cristina Pardo, los proyectos de desalación tardan entre 6 y 10 años en ser aprobados, mientras que en naciones con mayor experiencia en desalación este proceso dura solo dos años. Esta diferencia en los plazos de tramitación ha sido calificada como “paradójica” por expertos, dado que la desalación es esencial para la seguridad hídrica del país.
Ley marco de autorizaciones sectoriales, ¿un contrasentido?
El panorama se complica con la reciente propuesta del proyecto de ley marco para autorizaciones sectoriales. Aunque algunos especialistas consideran que esta iniciativa puede mejorar la regulación, otros advierten que introduce más discrecionalidad y podría aumentar aún más los tiempos de espera. “Se añaden complejidades y plazos que retrasan aún más el desarrollo de las plantas desaladoras”, sostiene Palacios.
Además, el proceso para obtener concesiones marítimas, un paso esencial para los proyectos desalinizadores, es otro de los puntos críticos. Actualmente, este proceso tarda en promedio 32 meses, mucho más que los 6 meses establecidos en el reglamento. Al respecto, Ronaldo Díaz, de Cochrane Consultores, advierte que el traspaso de las concesiones del Ministerio de Defensa a Bienes Nacionales no parece que vaya a acortar los plazos, sino todo lo contrario.
En total, existen 34 proyectos de desalación en distintas etapas de desarrollo en Chile, que suman una inversión estimada de más de 19 mil millones de dólares y una capacidad de producción de casi 39 mil litros por segundo. De estos, 11 están vinculados directamente con la minería, y otros 11 se encuentran en fases avanzadas. Según Alberto Kresse, presidente de Acades, “el sector está creciendo rápidamente, pero necesita un marco regulatorio claro y eficiente para asegurar su expansión”.
Especialistas y actores de la industria concuerdan, finalmente, en que el tiempo apremia para poder concretar las inversiones, por lo que el país debe acelerar la tramitación de estos proyectos para garantizar la disponibilidad de agua para la minería, y de esta forma, asegurar el futuro de la industria y del desarrollo económico del país.
