El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió una denuncia de tutela laboral interpuesta por una jefa de Recursos Humanos, en contra de la empresa donde trabajó durante casi 12 años. La sentencia declaró que el despido de la trabajadora constituyó una vulneración a la garantía de indemnidad contemplada en el Código del Trabajo.
La denunciante se desempeñó como jefa de Recursos Humanos en un pub de Santiago desde marzo de 2013 hasta febrero de 2025, con una jornada de 45 horas semanales y una remuneración de $3 millones mensuales.
Según los antecedentes del caso, en diciembre de 2024 la trabajadora informó a su empleador su intención de presentar una denuncia por Ley Karin contra el administrador del local, quien había asumido el cargo en septiembre de ese año. La denuncia formal ante la Inspección del Trabajo se activó el 20 de enero de 2025. Entre diciembre y marzo, la empresa realizó 14 constancias laborales contra la trabajadora por supuestos incumplimientos.
El origen de la demanda
La trabajadora señaló que desde junio de 2024, comenzó a sufrir una serie de irregularidades, presiones y malos tratos por parte del administrador que había asumido recientemente y gerente del recinto, quien, según relata, buscaba “tomar el control total” de la organización incorporando personal de confianza, contexto en el cual ella se habría transformado en “una piedra en el zapato”.
El término de la relación laboral se produjo en febrero del 2025, por inasistencias injustificadas durante tres días de ese mes. Sin embargo, la trabajadora contaba con licencia médica vigente desde enero, además de dos licencias adicionales que cubrían hasta de marzo. Estas no habían sido aceptadas para tramitación por la empresa.
El Tribunal concluyó que la secuencia de hechos como la denuncia por Ley Karin, las constancias laborales posteriores y el despido durante licencia médica dio indicios suficientes de represalia, un término jurídico que corresponde al término de contrato de un trabajador como castigo por ejercer un derecho legal.
La institución agregó además que la decisión de desvincular a la demandante no era legítima, y fue una medida de represalia ante a las denuncias y reclamos formulados por la trabajadora. En la sentencia se enfatizó que antes de proceder al despido, la empresa ni siquiera se contactó con la trabajadora para saber su estado de salud, a pesar de que tenía más de 12 años trabajando en el lugar.
La sentencia ordenó el pago de diferentes sumas. $18.329.454 por seis meses de remuneración como indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales, $33.603.999 por indemnización por 11 años de servicios, recargada en un 80%, equivalente a $26.883.199 adicionales, $3.054.909 por indemnización sustitutiva de aviso previo y $4.276.873 por 42 días de feriado legal y proporcional.
Fuente The Clinic
