La judicialización de proyectos de inversión se ha instalado como una nueva fuente de incertidumbre para iniciativas que ya han atravesado y aprobado su evaluación ambiental. Su impacto se concentra en inversiones de gran magnitud. Según cifras de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), al primer semestre de 2026 un 4,5% de los proyectos había enfrentado reclamaciones admitidas por los Tribunales Ambientales, cifra récord a la fecha.

A ello se suman antecedentes de Sofofa, que identificó 244 proyectos judicializados entre 2013 y 2026, los que concentran cerca del 14% de la inversión y el 13% del empleo asociado a las iniciativas analizadas.

Los antecedentes revisados muestran que las controversias pueden prolongarse por años, pese a que una alta proporción de las resoluciones ambientales termina siendo confirmada. La CPC ha estimado que cerca del 80% de las RCA (resolución de calificación ambiental) mantiene finalmente su condición inicial, mientras estudios de Sofofa sitúan en torno a un año y medio la tramitación promedio ante los Tribunales Ambientales.

En este contexto, Daniel Weinstein, abogado y socio de SCLB Abogados, analiza que se trata de “un fenómeno acotado en número, pero muy relevante por el tipo y tamaño de los proyectos que afecta. Según la CPC, al primer semestre de 2026 un 4,5% de los proyectos había enfrentado reclamaciones admitidas, pero estos concentraban un 21,5% de la inversión evaluada, es decir, US$ 73.224 millones. Chile tiene instituciones sólidas y tribunales especializados. El problema, desde la perspectiva de quien desarrolla un proyecto, es saber cuándo y en qué condiciones termina realmente la revisión de una decisión. Certeza jurídica no significa impedir que se reclame, sino contar con reglas y plazos claros.”

¿Es la judicialización de proyectos una nueva “permisología”?

En la práctica, puede llegar a serlo. Cuando una RCA favorable no cierra la discusión y su revisión se extiende por años, el proyecto enfrenta una nueva etapa de incertidumbre antes de poder avanzar. Que exista control judicial no es el problema. Lo que importa es tener claridad sobre las causales y los plazos para impugnar las decisiones administrativas, y cuánto tarda esa revisión. Por eso debemos mejorar la calidad de las decisiones, acotar las vías de impugnación y resolver las controversias en plazos razonables.

Las cifras muestran que una alta proporción de las decisiones sobre los proyectos termina siendo confirmada por los tribunales. ¿Qué lectura hace de esa realidad?

Que en el 80% de las causas analizadas la RCA mantenga finalmente su calificación inicial muestra que, en general, las decisiones administrativas resisten la revisión judicial. Si después de recorrer todas las instancias la decisión se mantiene, deberíamos preguntarnos cómo reducir los plazos de la revisión judicial y la incertidumbre que esta genera. Para un proyecto, esos años de incertidumbre pueden ser muy perjudiciales, aunque la decisión judicial termine siendo favorable.

Falsa dicotomía

¿Cómo abordar este debate para evitar que se transforme en una falsa dicotomía entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente?

No veo una contradicción inevitable. Un proyecto necesita una evaluación ambiental seria, participación efectiva y una decisión bien fundada; también necesita saber cuánto tiempo tomará el proceso y poder confiar en lo resuelto. Una aprobación rápida pero débil no le sirve a nadie. Tampoco un procedimiento que se extiende indefinidamente. Podemos exigir altos estándares ambientales y, al mismo tiempo, decidir de forma oportuna.

¿De qué manera se puede fortalecer la participación de las comunidades para brindar legitimidad social a los proyectos sin que ello implique extender la tramitación a procesos indefinidos?

Hay que escuchar a las comunidades temprano, cuando todavía es posible ajustar el proyecto, entregar información comprensible y responder de verdad sus observaciones. El diálogo no debiera comenzar cuando las posiciones ya están enfrentadas. Al mismo tiempo, la participación formal necesita etapas y plazos definidos, y la consulta indígena debe realizarse cuando corresponda. Participar no supone estar de acuerdo con el resultado, pero sí tener una oportunidad real de influir en la decisión.

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La estrategia fue implementada por el Departamento Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed) mediante el uso de confianza regulatoria o reliance.

El jefe de la sección de Registro de Productos Biológicos, José Crisóstomo, sostuvo que “la experiencia analizada muestra una reducción sustantiva en los tiempos de respuesta asociados al registro de productos biológicos“.

Antes, el trámite convencional podría tardar en promedio 829 días. Tras el proyecto piloto que bajó esta cifra a 277 días, el procedimiento actual alcanzó una media de 134 días.

“Frente a un tiempo de referencia de 829 días (…), este nuevo mecanismo permitió que hoy pudiéramos aprobar un medicamento en 134 días“, añadió Crisóstomo.

Cerca del 80% de las terapias autorizadas bajo este esquema corresponden a patologías oncológicas, por lo cual se priorizaron fármacos para el cáncer de mama triple negativo y de ovario en sintonía con Alerta Oncológica del Ministerio de Salud.

“Nuestro objetivo principal es la salud pública del país, colaborando a que los pacientes puedan tener un acceso oportuno a los tratamientos“, agregó Crisóstomo.

Para validar los registros, el ISP utilizó las evaluaciones de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) como autoridad sanitaria de referencia, y proyecta sumar otros organismos internacionales para profundizar la cooperación regional.

Fuente: CNN Chile

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En entrevista con el podcast Cómo te lo Explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el secretario general de la tienda, Vicente Bruna restó relevancia a la búsqueda de responsabilidades políticas y apuntó a la “búsqueda de soluciones”.

“Es que no siempre se tiene que hacer valer la responsabilidad política, muchas veces, la oposición, por supuesto, que siempre lo va a pedir. Y está bien que lo pida, es su rol. Pero también el gobierno tiene la posibilidad, la facultad de no ejercer la responsabilidad política. De avanzar o no avanzar en entregar soluciones”, indicó. 

“Yo creo que es un problema grave, pero lo que yo creo que es más importante es ver, encontrar una solución al problema (…) La responsabilidad política, yo creo que está bajo la responsabilidad real de entregar soluciones”, añadió. 

Fuente: CNN Chile

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Según la información recabada, el sismo ocurrió a las 04:49 horas de la madrugada. El epicentro se ubicó a 1.480 km al sureste de Rapa Nui, Región de Valparaíso, y se originó a una profundidad de 10 kilómetros.

Por ahora, los organismos de emergencia y monitoreo no han reportado personas heridas, daños a la infraestructura o la suspensión de los servicios en el territorio insular.

Fuente: CNN Chile

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Y pese al escenario de corto plazo, afirmó que existen señales de recuperación en otros sectores y mantuvo la proyección del Gobierno de un crecimiento de 3,3% para 2027.

Durante su intervención en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2026, el secretario de Estado sostuvo que la caída de la producción de cobre seguirá incidiendo en los próximos registros de actividad.

“Vamos a estar conviviendo con cifras de Imacec negativos en algunos meses lo que resta del año”, señaló. Quiroz recordó que la producción minera cayó 17,4% interanual en agosto y proyectó una contracción cercana al 15% para septiembre.

Las cifras oficiales del Banco Central muestran que el Imacec retrocedió 1,0% en agosto respecto del mismo mes de 2025.

El resultado estuvo determinado principalmente por la minería, mientras que la actividad no minera registró un crecimiento interanual de 1,4%.

Frente al deterioro de la actividad minera, Quiroz llamó a observar el comportamiento del resto de la economía.

Según adelantó, Hacienda estima que los próximos datos mostrarán una recuperación del componente no minero.

El ministro proyectó que esta parte de la actividad acumulará un crecimiento desestacionalizado de 1,8% durante los últimos dos meses.

También afirmó que los registros de boletas electrónicas del Servicio de Impuestos Internos (SII) muestran que el comercio y los servicios crecieron 4,9% en septiembre.

“Hay razones para dejar el pesimismo”, aseguró al abordar las perspectivas para 2027.

Su expectativa está sustentada principalmente en una recuperación de la inversión.

De acuerdo con las cifras expuestas por Hacienda, la Corporación de Bienes de Capital mantiene catastrados proyectos por US$76 mil millones para los próximos años, de los cuales alrededor de US$20 mil millones se ejecutarían durante 2027.

A partir de ese escenario, el Gobierno proyecta que la inversión crecerá 8,1% el próximo año y que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá 3,3%.

“Si alguien piensa que la economía se recupera con inversión pública, está equivocado. El dinamismo está en el sector privado”, afirmó Quiroz.

Durante su exposición, el titular de Hacienda también ratificó los objetivos económicos planteados por el Ejecutivo para el término de su administración: alcanzar un crecimiento tendencial de 4% y reducir la tasa de desempleo hasta 6,5%.

La última cifra oficial disponible del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) situó la desocupación nacional en 9,6% durante el trimestre junio-agosto, un punto porcentual por encima del registro del mismo periodo de 2025.

“Me dicen que los números son ambiciosos, pero yo, en lo personal al menos, no tengo miedo de equivocarme por ambicioso”, sostuvo.

Quiroz reconoció, sin embargo, las dificultades que ha enfrentado la actividad durante 2026.

“Este año ha sido un año complejo, un año duro, con crisis energética.n el problema de El Niño“, , afirmó, antes de mencionar también el impacto de años de baja inversión en minería sobre la producción.

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A través de redes sociales, las exsecretarias de Estado reprocharon el respaldo del presidente José Antonio Kast a la figura de Rabat.

“¿De cuánta aberración más nos tenemos que enterar para que el presidente Kast deje de proteger a Rabat y se ponga del lado de las víctimas, y no de la impunidad para criminales?”, cuestionó la exvocera de Gobierno.

En esa línea, remarcó que en la administración vigente “no solo han liberado por decreto a violadores de menores de edad con riesgo de reincidencia, sino también a violadores de DD. HH. y a condenados aparentemente vinculados al Tren de Aragua sin solicitar la ejecución de sus expulsiones”.

“O son flojos y no quieren hacer la pega, o son realmente indolentes y mentirosos. Quizás son todo eso junto”, arremetió.

Por otra parte, la exministra del Trabajo criticó que “el subsecretario (Luis) Silva y el ministro Rabat firmaron los decretos que hoy dejan libres a pedófilos y violadores de niños, violadores de DD. HH. y delincuentes que dicen ser del Tren de Aragua”.

“Presidente José Antonio Kast, Silva y Rabat deben irse. Eso es responsabilidad con el país y con las víctimas”, zanjó.

Las declaraciones de las dos exministras del Gobierno de Gabriel Boric se dan luego de que Interferencia publicara un reportaje en el que reveló que el Ministerio de Justicia firmó tres decretos que habrían rebajado las penas a tres de los cuatro integrantes de una banda extorsiva que se identificó como parte del Tren de Aragua.

Según el medio antes citado, luego de que se ejecutaron los decretos, dos de los que recibieron beneficios penitenciarios quedaron en libertad.

La polémica se suma a la de los 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad y a la de los dos internos de Punta Peuco, lo que ha provocado que desde la oposición se evalúe una acusación constitucional contra Silva y Rabat.

Fuente: CNN Chile

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Las principales observaciones advertidas son “deficiencias técnicas en la aplicación de pinturas intumescentes, un recubrimiento especial utilizado para proteger estructuras, principalmente de acero, frente a incendios“.

El caso más relevante se atribuye al Centro de Entrenamiento Paralímpico del Estadio Nacional, en donde el comunicado concluyó que “el IND pagó íntegramente una partida de pintura intumescente pese a que los trabajos no fueron ejecutados en la magnitud comprometida”.

Esto se da luego de que “el contrato contemplaba una partida de pintura intumescente por $147.116.878, la cual fue cancelada en un 100%. Sin embargo, las inspecciones efectuadas por la Contraloría determinaron que solamente el 36,6% de las superficies que debían recibir este tratamiento contaban efectivamente con el recubrimiento exigido”.

Tras ello, se tomó la decisión de formular un reparo por $93.269.654, correspondiente al valor de las obras no realizadas.

La investigación analizó las obras ejecutadas entre 2021 y 2026, y sostuvo que “existieron debilidades en los estudios de resistencia al fuego desarrollados por los contratistas, además de insuficiente revisión por parte de inspectores técnicos e inspectores fiscales”.

“El órgano de control observó que en varios casos se definieron espesores de pintura intumescente o se aprobaron determinados productos sin verificar previamente si estos permitían alcanzar la resistencia al fuego exigida por la normativa vigente. Asimismo, detectó que algunos materiales utilizados no figuraban en los listados oficiales de comportamiento al fuego o carecían de certificaciones emitidas por organismos técnicos competentes“, sostiene el comunicado.

Además, se constató el uso de pinturas certificadas únicamente para elementos verticales, como pilares, en estructuras horizontales tales como vigas y techumbres, sin antecedentes técnicos que respaldaran esa aplicación.

La situación de los jardines

La fiscalización especificó que “los proyectos de los jardines infantiles Corona Sueca, en Pudahuel; Manuel Sánchez, en Macul; y General Yáñez, en La Florida”.

En estas obras, la Contraloría detectó “ausencia de estudios completos de resistencia al fuego, falta de respaldo técnico para definir espesores de pinturas intumescentes y carencia de certificaciones obligatorias respecto de los productos utilizados”.

En algunos casos sostuvieron que “no fue posible acreditar documentalmente la aplicación de las pinturas especificadas en los proyectos o demostrar que los elementos estructurales tratados cumplen los niveles de resistencia al fuego exigidos por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”.

Tras ello, la CGR instruyó al IND, la JUNJI y la Dirección Regional de Arquitectura Metropolitana adoptar medidas correctivas, entregar certificaciones técnicas pendientes y acreditar, en plazos de hasta 60 días hábiles, que las estructuras cuestionadas cumplen con los requisitos de resistencia al fuego establecidos por la normativa.

Fuente: CNN Chile

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La marcha empezó pasadas las 18:30 horas de este martes en la Plaza de la Constitución y luego se trasladaron a las inmediaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para demandar la renuncia del titular de Justicia y de su subsecretrio, Luis Silva. La acción fue convocada por diversas organizaciones femenistas contra la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y la Coordinadora Feminista 8M.

De acuerdo con las organizadoras, en la protesta estuvieron presentes la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Coordinadora Feminista 8M, Organización Migrantas, Fundación Ecolety, Fundación EPES, Agrupación Rompiendo el Silencio, Secretaría de Sexualidades y Géneros FECh; Intransigentes, la Rebelión del Cuerpo, Nucleo Ecofeminista en Conflictos Socioambientales (NECOSOC), Red de Mujeres Mapuche, Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH), la Puebla Insurgente, La B’loka, Marcha Mundial Mujeres Chile, y el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT).

Entre los gritos se escuchaba “Rabat canalla, es hora de que te vayas” y “que se vaya el presidente con todo su gabinete“, se oía entre los manifestantes, según informó Radio Biobío.

Isadora Castillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, sostuvo que “esto no es un error, esto es una elección. Es una elección que atenta contra la sociedad, pero especialmente contra las mujeres y las niñas, que viven más este tipo de violencia en sus hogares”, según dijo La Tercera.

Fuente: CNN Chile

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Además, un 64% está en desacuerdo con la decisión del presidente José Antonio Kast de mantenerlo en el cargo.

Un 79% de los encuestados considera que Rabat no estaba obligado a firmar los decretos que concedieron los beneficios. En tanto, un 78% desaprueba el desempeño del Congreso y un 77% al sistema de justicia y la Corte Suprema frente a la controversia.

Entre los identificados con la derecha, 55% está de acuerdo con que el ministro Fernando Rabat se mantenga y 40% está en desacuerdo, mientras en la izquierda 5% está de acuerdo con su permanencia y 89% está en desacuerdo.

Asimismo, un 68% desaprueba la gestión del presidente Kast en este caso, mientras que un 65% cuestiona el desempeño del vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas. Por su parte, la desaprobación de los parlamentarios de oposición llegó al 56%.

Respecto de la declaración de Kast sobre las rebajas de condenas, un 64% afirmó haberla visto o escuchado. De ese grupo, un 72% la consideró insuficiente.

Rechazo a los beneficios

El sondeo también mostró un amplio rechazo a los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores de edad: Un 94% está en desacuerdo con que se les concedan rebajas de penas, dos puntos porcentuales más que en la medición anterior, mientras que un 90% cree que estas personas nunca deberían acceder a ese beneficio.

En la misma línea, un 79% apoya modificar la Constitución para impedir que condenados por este tipo de delitos puedan recibir rebajas de penas. Consultados por las prioridades del Gobierno frente a la controversia, un 65% consideró que debería enfocarse en evitar nuevos beneficios, mientras que un 54% planteó que debería buscar mecanismos legales para revertir los ya concedidos.

Por otra parte, la aprobación del presidente José Antonio Kast se mantuvo en un 29%, mientras que su desaprobación alcanzó el 66%.

Fuente: CNN Chile

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