Fue el pasado viernes cuando Delcy Rodríguez anunció una amnistía general en Venezuela, a lo que se sumó un aviso no menor relevante: el cierre de la temida cárcel El Helicoide en Caracas.
Por años aquel recinto penal, con forma helicoidal, había sido señalado como un centro de torturas contra disidentes del Chavismo, bajo la ocupación como prisión desde el 2015 en el régimen de Nicolás Maduro.
El Helicoide fue concebido como un centro comercial durante la década del 50, de hecho se pensaba que iba a ser el más grande y moderno de Sudamérica. No obstante, la constructora quebró y sus obras quedaron paralizadas.
Tras aquello, el estado terminó las obras para utilizar el edificio como una cárcel. Allí también estaba la sede de la Policía Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Se estima que, actualmente, permanecen recluidas cerca de 800 personas en el lugar, la mayoría opositores, de acuerdo a la ONG Foro Penal. Con la ley de amnistía se espera que todos dejen en el lugar, aunque se asume que el proceso será lento.
La palabra “Helicoide” ha aumentado en los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, que investiga presuntas violaciones de derechos humanos en el país desde 2014.
En el primer reporte de la misión, en 2020, esta palabra figura solo dos veces, frente a unas 60 en el de 2024, año en el que se desató una crisis -que incluyó protestas antigubernamentales y denuncias de “represión”- tras la acusación de fraude electoral en el resultado que dio la victoria a Nicolás Maduro en las presidenciales.
En 2023, la misión documentó que las autoridades del Estado venezolano han recurrido a “la tortura y malos tratos” como métodos para “generar y perpetuar” un “clima de temor” en la sociedad civil venezolana.
Según este informe, algunas personas entrevistadas subrayaron que el “impacto simbólico de los casos de tortura y malos tratos servía para aterrorizar a la sociedad civil e inhibir a la disidencia, en particular el mantenimiento de salas de tortura en El Helicoide”.
En octubre de 2018, el opositor Fernando Albán murió en El Helicoide, donde permanecía detenido por estar supuestamente involucrado en un atentado con drones contra Maduro.
Su familia “no pudo realizar una autopsia independiente ni enterrar su cuerpo, pese a las numerosas solicitudes”, indicó la Misión internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.
Las autoridades informaron entonces que se trató de un suicidio, aunque las pruebas forenses “suscitan dudas sobre esa conclusión”, subrayó la misión.
Distintos políticos y ONG denunciaron que en realidad fue un asesinato, por lo que pidieron que se investigara el caso, considerado “impune” actualmente porque, aunque fueron condenados dos funcionarios del Sebin, posteriormente el tribunal les redujo la pena.
Por otra parte, la misión también investigó la muerte del general y exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien murió presuntamente por covid el 12 de octubre de 2021 en El Helicoide. Su hija, Andreína Baduel, considera que su padre acusado de corrupción estuvo detenido de forma injusta y reclama justicia.
El 8 de enero pasado, el presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de “un número importante de personas”, entre ellas venezolanos y extranjeros, -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un “gesto unilateral” para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” del país.
Hasta el jueves, Foro Penal había confirmado la excarcelación de 302 personas desde el pasado 8 de enero. Según el conteo de esa ONG, en el país hay 711 presos políticos.
Fuente: BioBioChile
