La reciente escalada de tensiones entre Washington y Caracas , por la que Estados Unidos anunció el envío de al menos siete buques de guerra al Caribe meridional, tiene una fecha de comienzo precisa.
El 7 de agosto, la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi, anunció una recompensa de US$ 50 millones por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro , el presidente de Venezuela que, desde 2020, enfrenta cargos formales por narcotráfico en el sistema judicial estadounidense.
En el anuncio, Bondi declaró que Maduro “es uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y una amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos.
Caracas siempre ha negado estas acusaciones, pero en cuestión de horas, más de 4.000 militares estadounidenses fueron enviados a las aguas caribeñas y, días después, se les sumaron más navíos, submarinos y elementos de inteligencia aérea.
La rápida evolución de la crisis, pocos días después de que el Gobierno de Maduro y la administración Trump celebraran un intercambio de prisioneros y la reanudación de exportaciones de petróleo venezolano a través de Chevron, ha dejado a muchos sorprendidos y ha abierto grietas dentro de la misma Casa Blanca, donde un sector opuesto al chavismo por razones ideológicas es equilibrado por quienes preferirían evitar confrontaciones peligrosas.
“Donald Trump llegó a la Casa Blanca como un presidente de paz y el toque de tambor de algunos sectores de la oposición venezolana y de legisladores del sur de Florida no pega con el mensaje del presidente”, le dijo a CNN un funcionario del Gobierno de Estados Unidos con conocimiento de Venezuela, solicitando resguardar su identidad por no estar autorizado a declarar sobre el tema.
Pero, más allá de la retórica, que nunca ha cesado, es llamativo que la Casa Blanca se enfrente a Maduro por supuestos vínculos con el narcotráfico, y no con el reclamo de restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Acusaciones que involucran al Palacio presidencial de Miraflores con el presunto tráfico de cocaína existen por lo menos desde hace una década. ¿Por qué entonces esta nueva iniciativa en las semanas recientes?
¿Qué contienen los datos?
Aparte de las acusaciones públicas, Bondi no ha presentado pruebas contundentes del supuesto papel del gobernante venezolano en el narcotráfico internacional. Al mismo tiempo, Caracas ha rechazado rotundamente las acusaciones.
«Para que haya un cartel de droga, o tú la produce, o tú la procesos o tú las traficas. Y si en Venezuela no hay ni cultivo, ni producción, ni tráfico de drogas, ¿cómo puede haber un cartel? Es insostenible», dijo a CNN la diputada chavista Blanca Eekhout, refiriéndose al Cartel de los Soles, una supuesta organización narcotraficante que Estados Unidos asegura ser liderada por Maduro y que hace algunas semanas el Gobierno de Trump declaró organización terrorista.
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), Venezuela no es un país productor de cocaína.
La casi totalidad de los cultivos de coca – ingrediente principal de la cocaína – está concentrada en Colombia, Perú y Bolivia. Colombia, en particular, ha visto su producción de cocaína incrementarse excesivamente en los últimos años, tanto por el aumento de la superficie de cultivo (casi 100.000 hectáreas más desde 20202) como, sobre todo, por un mayor rendimiento en la refinación del producto, según los investigadores de la ONU.
Es decir: se cultiva más hoja de coca y, al mismo tiempo, cada hoja produce más cocaína. De 3.700 toneladas de coca producidas mundialmente, más de 2.500 vienen de Colombia, mientras que Venezuela no aparece en los mapas de producción, según el último informe de la UNODC publicado en junio.
Lo mismo afirmaron los investigadores de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), que, en su informe anual publicado en marzo, detallaron que el 84% de la cocaína incautada en EE.UU. proviene de Colombia. En las cuatro páginas de ese reporte dedicado al tráfico de cocaína no se menciona a Venezuela, mientras que los países mencionados principalmente son Colombia y Perú entre los productores, así como Ecuador, Centroamérica y México en lo que concierne al tránsito.
¿Pero por dónde sale la droga? “La mayoría de la cocaína colombiana está siendo traficada hacia el norte por la costa del Pacífico3”, asegura ONUDD.
Aunque no se descartan el tránsito a través de Venezuela, hay otros países señalados como tendencias emergentes en los mercados internacionales de las drogas, como Ecuador, donde se vincula el marcado aumento de los homicidios con el incremento del narcotráfico, afirma la ONU.
Es un análisis que el Departamento de Estado tampoco disputa, por lo menos a puertas cerradas, sugiriendo que los recursos desplegados en el Caribe podrían ser más efectivos en otros lados. “Es raro que no veamos más barcos hacia el Pacífico, o la criminalización de (más grupos colombianos)”, le dijo a CNN un diplomático estadounidense que también pidió no revelar su identidad por no tener autorización para hablar de estos temas.
Lo mismo pareció indicar en su momento el exsecretario de Justicia de Estados Unidos, Bill Barr, que reveló las primeras acusaciones de tráfico de drogas contra Maduro en 2020, señalando al Gobierno venezolano como facilitador del transporte de “hasta 250 toneladas de cocaína anuales”, lo que representaría una cantidad ínfima en los volúmenes globales de narcóticos y menos del 10% de la producción.
La ruta pacífica domina también las estadísticas de incautaciones de drogas de la UNODC, con Colombia (37%), Ecuador (8,8%) y Panamá (4,2%) como los países de la región que más cantidades de clorhidrato de cocaína registran. En esa clasificación, Venezuela es el sexto país latinoamericano por incautaciones, con menos del 2%.
Entonces, ¿Venezuela está libre de tráfico de drogas?
Aunque los datos de las Naciones Unidas parecen desmentir la narrativa de la Casa Blanca, la realidad es más compleja.
El movimiento de 250 toneladas anuales de cocaína, de cuyo suministro Barr acusó al Gobierno venezolano, es minoritario comparado con los tráficos globales (3.700 toneladas, según la UNODC), pero sigue siendo una cantidad relevante de comercio ilícito que, supuestamente, generaría ganancias multimillonarias a Maduro. En aquel momento, Barr tampoco presentó pruebas del tráfico ilegal que denunciaba.
El chavismo admite que sí existe narcotráfico en el país, pero no que lo promueva. Eekhout, por ejemplo, le dijo a CNN que, en el último año, las fuerzas de seguridad de Maduro han decomisado 490 aeronaves y 94 embarcaciones utilizadas para el transporte de cocaína, datos que CNN no puede verificar independientemente.
Y mientras Caracas declara que está haciendo la guerra al narco, hay también pruebas de un involucramiento directo con el tráfico de drogas desde los estratos más altos del Gobierno.
En noviembre de 2016, un juzgado federal de Nueva York declaró culpables a dos miembros de la familia presidencial – sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, de conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos, tras ser detenidas por la DEA en Haití. Ambos fueron posteriormente devueltos a Venezuela en un intercambio de prisioneros.
Pero aún más llamativo es el papel de Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, un ex alto funcionario venezolano que el 25 de junio se declaró culpable de conspirar para importar cocaína en los Estados Unidos y de actividades de narcoterrorismo. Esto ocurrió después de un largo juicio en el que los fiscales estadounidenses lo acusaron de canjear armas de fuego por cargamentos de cocaína con las extintas guerrillas de las FARC, cuyas disidencias en Colombia controlan algunas de las regiones clave en la producción de narcóticos.
Su admisión de culpabilidad llegó después de un largo proceso de extradición desde España y pocos días de que su juicio comenzara en Nueva York.
En ese momento, el Miami Herald informó que Carvajal, quien también fue acusado de haber sido parte del Cartel de los Soles, estaba colaborando con los fiscales estadounidenses, entregando pruebas contra Maduro a cambio de una sentencia reducida, algo que CNN no ha podido corroborar independientemente.
Exactamente un mes después, el Departamento del Tesoro calificó al Cartel de los Soles de organización terrorista internacional, lo que permite a las fuerzas estadounidenses mayor libertad de acción contra los supuestos integrantes de la organización.
Otros países sudamericanos como Argentina, Ecuador y Paraguay emitieron calificaciones similares en los días siguientes.
¿Existe, entonces, el Cartel de los Soles?
“El Cartel de los Soles, de por sí, no existe: es una expresión periodística creada para referirse al involucramiento de autoridades venezolanas en el tráfico de drogas”, le dijo a CNN Phil Gunson, un investigador del International Crisis Group con sede en Caracas desde hace más de una década.
Esto no quiere decir que no haya militares involucrados en el narcotráfico, o funcionarios del Gobierno. «Los carteles están aquí, los colombianos y los mexicanos también. Hay cargamentos de drogas por el río Orinoco y por aire a través de pistas clandestinas, vuelos desde Apure hacia América Central y eso. Todo esto no sería posible sin un involucramiento directo desde arriba», comenta el experto.
Para Gunson, el rol de Maduro recuerda al del exlíder de Panamá, Manuel Noriega, condenado a décadas de cárcel en distintas jurisdicciones por su asociación con el cartel de Medellín en 1992: un socio externo que, aún no siendo parte directa de un cartel, igualmente se beneficiaba de rutas de narcotráfico bajo su protección.
Otros analistas independientes, esta vez del portal de inteligencia InsightCrime, comparten el mismo análisis. “El Cartel de los Soles es el término usado para describir los oscuros grupos dentro del Ejército de Venezuela implicados en una amplia gama de actividades criminales. (..) No es un grupo jerárquico, sino más bien una red suelta de células (..) que funcionan como organizaciones narcotraficantes”, sostiene un reporte del sitio.
El propio nombre de la organización la conecta al aparato militar, siendo los “Soles” una referencia a las insignias que los generales venezolanos llevan en sus hombreras.
Desde la clandestinidad, la líder opositora María Corina Machado aplaudió las recientes declaraciones contra el cartel; otros sectores de la oposición se mostraron más escépticos. El ex opositor presidencial Henrique Capriles le dijo a CNN que la administración Trump tiene que “presentar las pruebas” de la existencia del Cartel de los Soles, cuando en el pasado había acusado a Maduro de estar involucrado en el narcotráfico.
Por su parte, el mandatario venezolano siempre ha negado cualquier involucramiento personal en el tráfico de drogas y seguirá negándolo, al menos hasta que los fiscales estadounidenses presenten pruebas indudables, de importancia similar a las que llevaron a la condena de los sobrinos de su esposa hace nueve años – condena sobre la cual Maduro, llamativamente, ha guardado silencio absoluto.
En eso, el rol de Carvajal vuelve a ser clave y con él, otra fecha: el 29 de octubre. Ese día, el general retirado venezolano y antiguo jefe de inteligencia será sentenciado por cargos de narcotráfico y terrorismo y, probablemente, será más fácil esclarecer si colaboró con la Casa Blanca para formular los cargos en contra de su excomandante en jefe.
Fuente: CNN Chile
