Exactamente el 24 de abril de 2023 el Gobierno anunció el lanzamiento del plan Calles sin Violencia. ¿Su objetivo? Detener la tendencia al alza de homicidios, generando «intervenciones de carácter regional y comunal en los sectores con mayor concentración de delitos graves», según se informó en aquella oportunidad.
Esta semana se cumplen dos años de aquel anuncio. Y, en ese periodo, la administración del presidente Gabriel Boric ha informado distintas actualizaciones, o más bien, «fortalecimientos» a la iniciativa.
En julio de 2024, por ejemplo, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, comunicó una nueva etapa que incluiría más operativos y policías en terreno.
«Esta nueva fase del plan contempla un aumento de dotación de 1.669 Carabineros y nuevas estrategias operativas para la región Metropolitana por parte de Carabineros de Chile y la PDI, en el marco de las medidas anunciadas por el Presidente de la República, Gabriel Boric, para fortalecer el combate contra la delincuencia y el crimen organizado», indicó el Gobierno en aquella ocasión.
En febrero de este 2025, también se advirtió un refuerzo. «Esta nueva etapa consiste en una intervención policial focalizada, en zonas de alta ocurrencia de delitos violentos, en toda la Región Metropolitana, reforzando procedimientos como controles de identidad, fiscalizaciones de armas, detenciones y búsqueda de prófugos», precisó el Ministerio del Interior.
Tohá, en tanto, explicó en dicha nueva etapa, el plan «no va a estar solo en las comunas donde hay más homicidios, sino que en todas las comunas, pero en aquellos sectores donde hay mayor violencia, presencia de delitos».
Pese a que, en términos generales, el Gobierno ha hecho una buena evaluación de la medida desde su implementación, esta ha sido objeto de constantes críticas. Así, y a días de cumplirse dos años del lanzamiento, alcaldes de municipalidades que forman parte de la iniciativa, hicieron un balance que entregaron a Emol.
«Valoramos el esfuerzo»
«Sabemos que la agenda de seguridad es una prioridad para las personas, y por lo mismo, valoramos el esfuerzo permanente que distintas instituciones del Estado han hecho para enfrentarla de manera seria y coordinada«, dijo el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA).
Asimismo, agregó que «gracias al trabajo conjunto con la Delegación Presidencial, las policías, la Fiscalía, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la comunidad, hemos podido reforzar patrullajes, focalizar intervenciones y avanzar en la recuperación de espacios«.
«Aunque aún queda mucho por hacer -complementó-, es una buena noticia que este esfuerzo sostenido empiece a mostrar resultados. Como municipio, vamos a seguir fortaleciendo nuestra labor preventiva, cuidando a nuestros equipos en terreno y manteniendo una coordinación activa con todos los actores que hacen posible esta tarea».
El jefe comunal de Estación Central, Felipe Muñoz (IND-FA), también dijo valorar que «el plan Calles sin Violencia haya logrado contener el aumento de delitos graves«.
Sin embargo, advirtió que en la comuna «seguimos enfrentando una realidad compleja. Necesitamos con urgencia una mayor presencia policial, especialmente en zonas de alta circulación como los terminales de buses y trenes. Estos espacios deben ser declarados infraestructura crítica. El 50% de los delitos en la comuna se concentran en el eje Alameda, y no podemos enfrentarlos solos. Se requiere mayor compromiso y apoyo del Gobierno para garantizar la seguridad donde circula buena parte del país».
Desde Calama, el alcalde Eliecer Chamorro (FRVS), expresó que «a pesar de los esfuerzos de este programa, es necesario su reformulación con más atribuciones a los municipios. Más recursos sin tanta tramitación, implementación de los OSET (Operativos de Seguridad Territorial) por sectores, decreto de seguridad de emergencia para que los procesos licitados sean realmente rápidos en cuanto a equipos y tecnologías a Carabineros, etc.».
«Los esfuerzos se valoran, sin embargo, se requiere más velocidad y voluntad política transversal para avanzar y entregar a lo menos sensaciones de seguridad. Dado que la gente al final recurre a los municipios para que se haga algo más concreto», acotó.
«Ha sido un fracaso»
Una mirada distinta a las tres autoridades anteriores tiene Mario Desbordes (RN), alcalde de Santiago, quién aseguró que «Calles sin Violencia ha sido, en mi opinión, un fracaso».
«En primer lugar, porque el Gobierno no ha tenido la voluntad de reforzar, modernizar y fortalecer Carabineros de Chile (…). Y esto es porque para el Gobierno fortalecer a la institución no es una prioridad. Además, debería pelearse con el Frente Amplio y Partido Comunista, que en vez de fortalecerlo, buscan debilitarla«, agregó.
En segundo lugar, sostuvo «porque el fortalecerlo implica gasto. Hoy en día, Carabineros tiene niveles de tecnología que son paupérrimos en algunas áreas, comparados, por ejemplo, con policías como la argentina y la peruana. No tiene el ‘simcard’, que sí tenía antes y que es un sistema que permite que los carabineros consulten una patente, una cédula, y que en países vecinos permite que con la sola huella se determine la identidad de una persona. Hoy en día ni siquiera eso tienen en las manos. Se ha postergado una y otra vez la licitación de telecomunicaciones y así, un largo etcétera».
Además de lo anterior, dijo que «para lograr terminar con la violencia, lo primero es tener una frontera segura, y Chile no tiene una frontera segura y este Gobierno no ha querido avanzar en eso con fuerza. Se han enviado las Fuerzas Armadas, a los militares con mil restricciones. Algunas se han ido eliminando, pero el principio sigue siendo el mismo. Los militares no están para impedir que entren los migrantes ilegales. Los militares están solo para ser de porteros, de hacer pasar a la gente».
Entonces, aseveró que «el plan Calles sin Violencia que tiene elementos positivos como la coordinación con la Fiscalía, la Fiscalía ECOH, el trabajo de la PDI, Carabineros, es como intentar secar el piso mojado con un paño, mientras la llave sigue abierta«.
Un escenario más complejo planteó Daniel Reyes (IND-UDI), alcalde de La Florida, pues aseguró que «lo más grave es que nunca supimos si el plan Calles sin Violencia realmente se aplicó en la comuna. Nunca se transparentaron los criterios, ni cómo se definieron las comunas beneficiadas, ni mucho menos cómo se asignaría la dotación policial».
«El plan, en los hechos, fracasó. Prometieron más carabineros y hoy tenemos menos que antes. La delincuencia no se combate con anuncios, se combate con presencia real en las calles. Y aquí, el Estado ha estado ausente. Hemos tenido que salir a reemplazar funciones que no nos corresponden, porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Nuestros vecinos no pueden seguir esperando mientras el índice de victimización sigue subiendo», remarcó.
Agustín Iglesias (IND-UDI), alcalde de Independencia, arremetió contra el Gobierno, asegurando que «en materia de seguridad se conforma con discursos y no con resultados».
«En Independencia pasamos de ocho homicidios en 2023 a 18 el año pasado. Uno de los puntos más conflictivos de la comuna, la esquina de Maruri con Rivera, ni siquiera había sido incluido en el plan original y lo hicieron a propósito de la presión que tuvimos que realizar», complementó.
En ese sentido, precisó que «no hay nada que celebrar mientras existan comunas en esta situación. A dos años del inicio del plan Calles sin Violencia, los alcaldes seguimos sin información clara sobre su avance o implementación real, porque nos entregan números de patrullajes o intervenciones que a nosotros no nos consta. Estoy dispuesto a colaborar en todo lo necesario, pero necesitamos mucho más«.
Por último, Daniela Norambuena (RN), alcaldesa de La Serena, señaló que «en las últimas semanas han ocurrido delitos de alta connotación pública en lugares altamente concurridos. Un sujeto de nacionalidad extranjera apuñaló a un joven en la Avenida del Mar y, al otro día, el mismo sujeto asesinó a otro en Avenida Balmaceda. Además, han ocurrido delitos en sectores residenciales, donde delincuentes en grupos, arremeten contra las casas con las familias en su interior».
«En todos estos hechos hemos recibido la inquietud de la comunidad por la falta de patrullajes de las policías en los sectores, por tanto, vemos que el plan no ha significado mayor dotación policial para tener presencia en las calles y mayor reacción«, acotó.
Por su parte, «el nuevo Ministerio de Seguridad tampoco se ha hecho presente ante esta situación. Desde el municipio aumentamos la dotación de inspectores municipales en la Dirección de Seguridad Municipal. Hemos fortalecido nuestros patrullajes diurnos y nocturnos, pero no podemos solos. Se requiere mayor dotación policial y por eso urge la Ley de Seguridad Municipal».
«Nuestros inspectores han sido agredidos en diversos procedimientos, sin embargo, no tienen las atribuciones para enfrentar a los delincuentes. Los municipios somos la primera línea de reacción para ir en apoyo de nuestros vecinos y se necesita fortalecer a los municipios en esta área con recursos, atribuciones y protocolos de apoyo como las fiscalizaciones. Por otro lado, el plan considera la realización de proyectos en zonas de La Serena que han sido priorizadas por la municipalidad, al ser identificadas como sectores peligrosos. Acá es donde hacemos un llamado a la SUBDERE para acelerar el financiamiento y la ejecución de estas iniciativas, las cuales ya fueron aprobadas, pero no así ejecutadas en su totalidad«, finalizó.
Fuente: Emol
