El abogado Gabriel Salinas, militante del Partido Socialista (PS), interpuso una querella por fraude al fisco en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago contra funcionarios públicos que habrían incumplido reposos médicos mientras viajaban al extranjero.
La acción legal responde al informe de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó 35.585 licencias médicas con irregularidades entre 2023 y 2024, incluyendo 25.078 casos de trabajadores financiados con fondos estatales.
Salinas criticó la “pasividad” de su partido y enfatizó que los funcionarios públicos “están sujetos al Estatuto Administrativo”. En un comunicado, el jurista declaró que “quienes contribuyen a los fondos estatales son los trabajadores que aportan con impuestos directos e indirectos, sin los privilegios de quienes se sirven de sus cargos para conocer el mundo”.
El documento judicial detalla que la querella apunta a funcionarios de la Región Metropolitana implicados como “autores, cómplices o encubridores” del delito de fraude al fisco. Además, reserva la posibilidad de ampliar la acusación conforme avance la investigación del Ministerio Público.
Contraloría revela viajes masivos durante reposos médicos
Recordemos que según el informe de la CGR, los 25.078 funcionarios viajaron fuera de Chile en 59.575 oportunidades durante sus licencias médicas. El 69% de los permisos fueron emitidos por Fonasa y el 31% por isapres.
En esa línea, Salinas señaló que estos datos exponen un “escándalo de proporciones insospechadas” y un “abuso de quienes debían estar en sus lugares de trabajo”.
El abogado destacó que, aunque los funcionarios no reciben el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), el Estado les paga sueldo íntegro durante las licencias. Además, Fonasa e isapres deben devolver los fondos correspondientes al empleador estatal si las licencias son rechazadas. “Será materia de investigación determinar cuántos casos llegaron a esta situación”, agregó.
Además, en el contexto legal, Salinas citó el artículo 10 del D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, que define la licencia médica como un derecho condicionado a la certificación profesional y autorización de instituciones de salud. “La Corte Suprema ha reconocido que estos certificados son instrumentos privados”, recordó.
Fraude al fisco por licencias médicas
La querella se sustenta en el artículo 239 del Código Penal, que sanciona a empleados públicos que defraudan al Estado. Salinas argumentó que los funcionarios incurrieron en “ardides de engaño”, al viajar pese a declarar domicilios de reposo dentro de Chile. “El domicilio establecido en la licencia puede ser fiscalizado por Fonasa o isapres”, insistió.
El jurista también invocó el artículo 111 del Código Procesal Penal, que permite a cualquier persona domiciliada en la provincia querellarse por delitos contra la probidad pública. “Tengo legitimación activa para comparecer en juicio”, afirmó.
Como “principio de ejecución del delito”, Salinas identificó el barrio cívico de Santiago, donde se ubican los órganos públicos que otorgaron las licencias. Solicitó al tribunal requerir a la CGR los nombres de los 25.078 funcionarios implicados y cruzar datos con Interpol sobre salidas del país en abril de 2025.
Solicitudes de investigación
Entre las diligencias pedidas, Salinas pidió declarar como testigos a la directora regional metropolitana de Junaeb, Caroline Harder, y a María Elena Orellana Salinas. También exigió un informe financiero al subsecretario de Hacienda para cuantificar el perjuicio fiscal.
Revisa el comunicado de Salinas aquí:
Fuente: biobio Chile
