A seis días del traspaso de mando, la administración de Gabriel Boric está siendo apuntada por el actual oficialismo. No particularmente por su gestión gubernamental, sino por las cuentas digitales en redes sociales de la Presidencia de la República, las que no se traspasaron plenamente.
Eso es lo que acusa la diputada Claudia Mora (RN), quien envió un oficio a la Contraloría General de la República para que se refiriera al asunto. Para la parlamentaria, el ente contralor debe referirse a la legalidad que tuvo la administración de Boric al momento de “quedarse” con los seguidores obtenidos por la Presidencia de la República durante tres mandatos presidenciales, así como también a si el viejo Ejecutivo actuó en ley al “no ceder” las cuentas oficiales en redes sociales al gobierno entrante de José Antonio Kast.
A lo que apela Mora es que la cuenta de la Presidencia de la República que utilizó la administración Boric actualmente se transformó actualmente en un perfil de archivo del período 2022-2026, mandato en el que el líder frenteamplista lideró La Moneda. En ese sentido, la parlamentaria acusa que se obligó al nuevo gobierno a iniciar “desde cero” su presencia institucional en plataformas digitales.
El debate que instala la parlamentaria es que las cuentas digitales provenientes del gobierno central constituyen un “activo público”, al ser administradas por un órgano del Estado y el que, por ende, utiliza recursos fiscales.
“Lo que hizo el gobierno saliente con las redes sociales de la Presidencia es una mala práctica que no puede normalizarse”, sostiene la diputada. Por ejemplo, actualmente la cuenta “Presidencia_cl“, dominio bajo el cual el Gobierno transmitió y compartió mensajes de las actividades del expresidente Boric, se encuentra suspendida en la red social X.
A lo que apela Mora es que los seguidores de ese usuario gubernamental se trasladaron a lo que ahora es el perfil “Archivo Presidencia de Chile 2022-2026“, cuenta que goza con 214 mil personas que siguen dicho usuario.
“Las cuentas institucionales no pertenecen a un gobierno de turno ni a un sector político: son activos públicos construidos durante años con recursos de todos los chilenos. impedir su continuidad o apropiarse de los seguidores para sacar un provecho ideológico o proselitista no solo es mezquino, sino que también afecta nuestra institucionalidad”, suma Mora.
En esa línea, siguiendo con el requerimiento a Contraloría, la diputada pidió que se requirieran antecedentes a la actual Presidencia de la República sobre la gestión y traspaso de las cuentas institucionales, así como que también el órgano contralor determine si la forma de obrar se ajustaron a derecho. Incluso, de haber irregularidades, que los antecedentes pudieran ser remitidos al Ministerio Público, si así se requiriera.
Fuente The Clinic
