La Corte de Apelaciones de Valdivia declaró inadmisible la ampliación de la querella presentada por el Ministerio de Seguridad Pública en el caso de la agresión contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.
En un fallo unánime, el tribunal acogió el recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública y determinó que la cartera encabezada por Trinidad Steinert “carece de legitimación activa” para invocar la Ley de Seguridad del Estado (LSE) en esta causa.
La decisión dejó sin efecto la ampliación de la acción judicial con la que el Ejecutivo buscaba aplicar el artículo 5 letra b de dicha normativa, estrategia que apuntaba a endurecer las posibles sanciones contra los imputados e insistir en medidas cautelares más altas, como la prisión preventiva.
El origen del conflicto judicial
La controversia se originó tras la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Valdivia, donde fueron imputados dos hombres y una mujer, todos estudiantes de la Universidad Austral de Chile, por la agresión contra la ministra Lincolao.
En esa instancia, el juez rechazó decretar prisión preventiva y tampoco acogió la solicitud de arresto domiciliario nocturno presentada por la Fiscalía. En cambio, determinó las medidas cautelares de: firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la secretaria de Estado.
Tras esa resolución, Steinert anunció que el Gobierno apelaría y reforzaría la querella invocando un “tipo penal especial” contemplado en la Ley de Seguridad del Estado. Sin embargo, la Corte de Valdivia concluyó que el Ministerio de Seguridad Pública no tiene atribuciones legales para presentar ese tipo de acciones.
Ley de seguridad del Estado no se aplicará
El fallo sostiene que la propia legislación que creó el Ministerio de Seguridad Pública mantuvo expresamente la facultad de invocar la Ley de Seguridad del Estado en el Ministerio del Interior y en las delegaciones presidenciales, sin que esa atribución se pueda extender a la nueva cartera.
“Se advierte la falta de legitimación activa del Ministerio de Seguridad Pública para querellarse por el delito en virtud del cual fundó su ampliación de querella”, señaló la resolución.
La Corte añadió que esta situación afectó el correcto ejercicio de derechos de los imputados dentro del proceso penal y que por eso debió advertirse por el tribunal de garantía.
A pesar del fallo, la causa por la agresión contra la ministra Lincolao continúa en etapa investigativa. Por ahora, los tres imputados seguirán sujetos a las medidas cautelares decretadas de forma inicial por el tribunal, mientras la Fiscalía continúa reuniendo antecedentes sobre los hechos ocurridos en la Universidad Austral en Valdivia, región de Los Ríos.
Fuente The Clinic
